Defensores de Derechos Humanos difieren sobre los alcances y ventajas de las sanciones que aplicará el gobierno de Estados Unidos a funcionarios venezolanos. Rocío San Miguel considera que los castigos individuales son un avance para acabar con la impunidad, mientras que Alfredo Romero no está seguro de que sea la medida más acertada
Las imágenes de Marvinia Jiménez cuando era golpeada por una funcionaria de la Guardia Nacional Bolivariana, la muerte de Geraldine Moreno al ser herida por perdigones disparados también por efectivos de la GNB y la violación del estudiante Juan Manuel Carrasco mientras estaba detenido en un Destacamento de Seguridad Urbana son apenas una pequeña muestra de las decenas de casos de violaciones de Derechos Humanos protagonizados, ordenados y avalados por funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro desde el pasado 12 de febrero de 2014.
En estos crímenes se fundamenta la Ley para la Defensa de los Derechos Humanos y Sociedad Civil de Venezuela promulgada por el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, que sancionará a funcionarios venezolanos por violación de Derechos Humanos. Luego del anuncio de esta medida los líderes de dos Ong, que destacan por su defensa de estos derechos, ofrecieron sus primeras impresiones sobre la medida y sus consecuencias.
“Creo que las sanciones constituyen un avance novedoso en la política exterior de Estados Unidos pues se trata de sanciones a funcionarios y no al Estado. Este es un precedente importante en la ruta hacia las sanciones penales individuales por delitos contra las personas y violaciones de derechos humanos”, aseguró Rocío San Miguel, presidenta de la ONG Control Ciudadano para la Seguridad, Defensa y Fuerza Armada Nacional.
Se presume que la mayoría de los afectados por la ley promulgada por el presidente Obama son oficiales de la Fuerza Armada Bolivariana que tenían funciones de dirección y mando durante las protestas que se registraron a principios de 2014 y que dejaron 43 muertas, 3.408 detenidos y más de 854 lesionados.
San Miguel, quien es experta en temas militares, explicó: “Suele ocurrir que estos individuos se escudan en el Estado y la Fuerza Armada para cometer delitos contra la integridad física de la personas, así que este tipo de sanciones individuales son un paso y claramente un avance en materia de Derechos Humanos”.
El abogado Alfredo Romero, coordinador del Foro Penal, tiene otra posición. No está tan convencido de los efectos positivos de la medida que suspende la visas y congela activos a funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro. “No sé si es la medida más adecuada. Tenemos que evaluarla bien”, dijo. El abogado hubiera preferido el pronunciamiento de alguno de los organismos internacionales de defensa de Derechos Humanos a los que acudieron a denunciar 138 casos de tortura y otros de violaciones de Derechos Humanos ocurridos desde las protestas del pasado 12 de febrero.
“Como Foro Penal hemos acudido a las instancias correspondientes según los establecido en la Constitución y en los tratados internacionales, como la Organización de Naciones Unidas, Corte Interamericana y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ahora bien la decisión de un gobierno de permitir la entrada o bloquear cuentas de extranjeros es otra cosa, escapa a nuestra jurisdicción”, aclaró Romero.
Este defensor de Derechos Humanos explicó que ha pedido que cuando el Estado Venezolano incumple algunas de las medidas ordenadas por la ONU “allí los Estados sí deben pronunciarse para condenar a los funcionarios del gobierno que no cumplan y hacer que acaten los acuerdos”.
Avance contra la impunidad
La presidenta de Control Ciudadano también espera que la medida del gobierno norteamericano tenga otros efectos. “Ojalá que esta categorización inhiba a los funcionarios militares venezolanos en la violación de derechos humanos y los tratos crueles”, y recordó que esta ONG reportó este año casos de muchos militares venezolanos a quienes se les estaba impidiendo abrir cuentas en dólares en el exterior.
“Creo que el mundo avanza en la lucha contra la impunidad con este tipo de penas individuales. Frente a este tipo de sanciones a funcionarios, creo que es inadmisible apelar al Estado o las Fanb como lo ha hecho Maduro”, apuntó San Miguel, que reiteró el valor de la medida.
Romero, sin embargo, insistió en que la instancia correcta para ventilar y castigar las violaciones de Derechos Humanos, son los organismos internacionales destinados a este materia y no los gobiernos de otros Estados.
La firma de las sanciones a funcionarios venezolanos por parte del presidente Obama, ocurrió apenas un día después del anuncio del restablecimiento de relaciones entre Washington y La Habana. El acuerdo contempla el levantamiento del embargo comercial a la isla, que durante más de 50 años han afectado a todos los ciudadanos cubanos y no solo a los hermanos Castro.
