A juicio de expertos existen bases razonables para creer que en Venezuela se han cometido crímenes y es posible iniciar una investigación ante la existencia de la inactividad por parte del Estado
De acuerdo a la ONG Defiende Venezuela establecer un sistema de justicia transicional en el pais para juzgar a presuntos responsables de crímenes de lesa humanidad no es factible, porque las normas del ordenamiento jurídico no permiten perdonar a los responsables.
Yeimber Machado, abogado y miembro de Defiende Venezuela, sostuvo que en el caso de que haya una transición en Venezuela, se puede plantear un mecanismo de complementariedad compartido, donde los máximos responsables se juzguen ante la Corte Penal Internacional y los otros en Venezuela, una vez que se demuestre que hay voluntad por parte del Estado de castigar a estas personas.
Luego del último informe de la Corte Penal Internacional sobre la situación de Venezuela, emitido por la ex fiscal Bensouda y reclasificado como público, Defiende Venezuela organizó el foro “Estado actual del examen preliminar de la CPI sobre Venezuela” donde expertos explicaron que la situación de Venezuela se encuentra en fase III del examen preliminar a la espera del pronunciamiento sobre si corresponde o no el inicio de una investigación.
El Observatorio de Crímenes de Lesa Humanidad, en su último comunicado sobre la situación de Venezuela ante la CPI, recordó que Venezuela solicitó a la Sala de Cuestiones Preliminares que ejerciera un control judicial para que supervisara la actividad realizada por la fiscalía y brindara respuesta a las interrogantes planteadas.
El 2 de julio de 2021, la Sala rechazó la solicitud de control judicial efectuada por las autoridades venezolanas y ordenó que se presentaran versiones “públicas”, tanto de la solicitud hecha por Venezuela, como de las observaciones a las que arribara la fiscalía; el 10 de agosto de 2021, fue publicado el informe u observaciones que realizara la fiscal saliente de la Corte Penal Internacional.
Hay razones
De acuerdo a Andrea Santacruz, directora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Metropolitana, en el informe emitido por la ex fiscal Bensouda, la fiscalía pudo determinar que existen bases razonables para creer que en Venezuela se han cometido crímenes competencia de la Corte y que es posible iniciar una investigación ante la existencia de la inactividad por parte del Estado.
Santacruz aclara que el principio de complementariedad parte de la idea de que quien debe juzgar inicialmente debe ser el Estado a través de su jurisdicción penal nacional, por lo tanto debe establecerse un sistema de justicia transicional que incluya crímenes de lesa humanidad conforme a los criterios internacionales y de la constitución venezolana.
Por su parte, Santiago Vargas Niño, experto en Derecho Internacional Público de la Universidad de Leiden, explicó que la Corte Penal Internacional tiene una priorización de casos y para poder dar una solución a los mismos se encuentran con una serie de inconvenientes, como la falta de presupuesto, el cual es reducido.
