Cerca de 50 muertos y 1000 detenidos dejaron protestas de enero de 2019

Entre el 22 y el 27 de enero del 2019, las protestas antigubernamentales dejaron al menos 49 muertos y cerca de 1000 detenidos, entre ellos numerosos menores de edad y mujeres que se volcaron a las calles tras la crisis presidencial que se desató cuando el Parlamento nombró un gobierno interino, en rechazo al nuevo mandato presidencial instaurado ese mes, tachado como fraudulento por la Unión Europea, el Grupo de Lima, la Organización de Estados Americanos, entre otras influyentes instituciones y voceros dentro y fuera del país.

Las manifestaciones, también interpretadas como una extensión del descontento generalizado de la población en el contexto de la crisis económica y social que atravesaba el país, iniciaron la madrugada del 21 de enero cuando en un comando de la Guardia Nacional ubicado en Cotiza, Caracas, alrededor de 25 efectivos se sublevaron, declararon no reconocer al Ejecutivo y convocaron la salida a las calles. Este hecho desencadenó una serie de fuertes protestas civiles que rápidamente se propagaron al interior de la República, con el lamentable saldo descrito.

En esa primera jornada de protestas, nueve venezolanos fallecieron en circunstancias no aclaradas en Caracas y el estado Bolívar, en medio de la represión de diversos cuerpos de seguridad del Estado: Stefany  Maholy  Jajoy Natera (20), Franklyn Figuera (19), Alonso Osorio (16), Alixon Dos Santos Pisani (19), Yeimbert José Rangel (24), Luisdy Bolívar (23), Carlos Alfredo Olivares Bonalde (30), Ángel Tovar (17) y Josué Romero.

La impunidad en torno a estos crímenes, ciertamente transversal a todas las víctimas de la represión ejercida durante la actual administración política, “trasciende el impacto directo sobre la víctima ya que incluye a sus familiares y allegados, que de manera sostenida y recurrente deben lidiar con las noticias, el seguimiento legal del caso, el resto de los familiares y el entorno al cual se encuentran sometidos, pues tienden a ser un foco directo o indirecto de la violencia institucional, al afrontar las medidas de persecución y amedrentamiento del Estado, lo que pudiese generar secuelas emocionales y traumáticas posteriores al suceso”.

Esta definición recogida en el informe “Trauma psicosocial y vulnerabilidad al estrés en familiares de víctimas de violencia institucional en Venezuela”, recientemente publicado por Justicia, Encuentro y Perdón, nos adentra al ámbito de dicha violencia y su impacto sobre las víctimas directas e indirectas del autoritarismo.

Las claves de dicho informe pueden ser consultadas en https://www.jepvenezuela.com/blog/2020/12/21/informe-estudio-de-jep-previene-sobre-las-secuelas-emocionales-y-psicologicas-en-victimas-de-violencia-institucional/