Especialistas destacan cómo un esquema descentralizado garantizaría una mejora en la prestación de servicios públicos
Se debe retomar el proceso de descentralización político-administrativa, a través del cual se pudo lograr una mayor eficacia y eficiencia de gestión a distinto nivel en la década de los noventa en Venezuela, para devolver al país la prosperidad y sacarlo de la crisis socioeconómica en la que se encuentra.
Esta es la principal conclusión de la investigación “Descentralización, democracia y defensa de la propiedad privada”, presentada por el Observatorio de Derechos de Propiedad (ODP) del Centro para la Divulgación del Conocimiento Económico para la Libertad (Cedice Libertad).
El documento elaborado por el sociólogo Trino Márquez, miembro del Comité Académico de la organización, y el abogado Alonso Domínguez, examina errores y aciertos de la distribución equitativa de competencias entre poder nacional, estados y municipios, así como su impacto en el día a día de los ciudadanos. A manera de ejemplo, los especialistas destacan cómo un esquema descentralizado garantizaría una mejora en la prestación de servicios públicos (un tema crítico en la actualidad venezolana).
También destacan la naturaleza política de este fenómeno, que se ha vuelto generalizado en todo el mundo de diferentes maneras.
“En los Estados democráticos modernos la tendencia, desde hace décadas, se orienta hacia la descentralización de un amplio conjunto de competencias, de manera que rija una división institucional del trabajo cada vez más racional y efectiva entre los distintos niveles territoriales de gobierno”, destaca la investigación, que hace énfasis en el choque que existe entre este modo de gestión político administrativa y la “planificación central con Estados verticales y monolíticos”, como la extinta URSS.
Agregan también que este choque se observa al comparar la Venezuela de la última década del siglo XX con el modelo impuesto sobre todo a partir del año 2006, cuando, según recuerdan los autores, se fue desmontando la descentralización en función del llamado “Estado comunal”.
Los autores destacan que la descentralización reduce la corrupción administrativa, permite una gestión más eficiente del gasto público y, en lo político, permite que el Estado se acerque al ciudadano.
De igual manera advierten la relación entre esta aproximación a la gestión del Estado y la defensa a los derechos de propiedad.
