@ValeriaPedicini
Carmen González de Garbi sabe cuánto tiempo ha pasado: 5 años, 3 meses y 22 días. Lo dice con exactitud porque lleva la suma de los días que han pasado desde que efectivos de seguridad del Estado entraron a su vivienda en Valencia para llevarse detenido a su hijo Antonio José de Garbi.
Ambos se encontraban en casa ese 3 de junio de 2015. Un vecino que nunca les había tocado la puerta, aquel día lo hizo alrededor de las 3 de la tarde. “Señora Carmen, por favor abra que tengo que hablar con usted”. Aunque la petición le pareció extraña, ella abrió la puerta y se llevó una desagradable sorpresa cuando vio lo que había al otro lado del umbral: motos, camionetas y una gran cantidad de funcionarios de distintos cuerpos policiales. Se asustó. “Vino un gentío impresionante, como si estuvieran haciendo un operativo para un alto criminal. Fue horroroso”.
Entraron sin dar muchas explicaciones, la suficiente para dejar clara su intención: estaban ahí por Antonio. “¡Hijo! Te busca una comisión del CICPC”, expresó su madre dirigiéndose a su cuarto que estaba cerrado. Carmen pidió varias veces que no tumbaran la puerta, que esperaran a que su hijo abriera, que seguro lo haría en cualquier momento. Pero de una sola patada uno de los funcionarios derribó y destrozó la puerta.
A Antonio de Garbi lo acusan por el presunto homicidio del capitán de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) Ramzor Bracho, ocurrida en la urbanización El Trigal, estado Carabobo, durante las protestas antigubernamentales del 12 de marzo de 2014. En ese momento trabajaba por su cuenta para pagar sus estudios en la Universidad José Antonio Páez, donde cursaba los últimos semestres de publicidad y mercadeo.
Daño físico y mental
A Antonio lo llevaron a una comandancia del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc). Ahí estuvo casi un año encerrado en condiciones precarias.
Carmen lo visitaba todos los días para llevarle las tres comidas porque no les garantizaban la alimentación. A veces se las hacían llegar, a veces no, a veces le mandaban a vaciar la comida en bolsas plásticas para dárselas así. “Sí había oportunidad de verlo, pero en una situación incómoda y degradante. “A los detenidos los sacaban esposados, los sentaban en una silla amarrados unos con otros y los familiares se paraban frente a ellos. Esa era la visita que no duraba ni 15 minutos”.
En la celda donde estaba no cabía ni una persona más. Su madre le pudo hacer pasar un chinchorro y Antonio lo logró colgar pegado al techo. Así pudo dormir, lejos de las ratas y cucarachas que paseaban en el suelo por las noches.
Su siguiente destino fue el Internado Judicial de Carabobo, conocida como la cárcel de Tocuyito.
La última vez que lo vio fue el 8 de marzo de este año, días antes de que anunciaran los primeros casos de coronavirus en el país y decidieran restringir las visitas de los familiares en las cárceles venezolanas para evitar la propagación del contagio.
Durante sus largos años de detención, el joven ha tenido que lidiar con hepatitis, escabiosis y un broncoespasmo pulmonar que lo convierte en población de riesgo para la Covid-19. “Yo vivo ahorita un pánico pidiéndole a Dios que mi hijo no se enferme”, cuenta la mujer de 68 años.
Cuando la tiene enfrente, Antonio siempre le pregunta lo mismo: hasta cuándo va a estar tras las rejas. “No se ha dejado decaer pero le pegan muchísimo todo lo que ha pasado. Se pregunta por qué a él si es inocente. Dice que no aguanta más estar en esa situación. Está con una depresión y ansiedad demasiado grande y ha tenido pensamientos duros”.
Congelado en el tiempo
El caso de Antonio Garbi está estancado. Le imputaron homicidio intencional calificado, homicidio intencional en grado de frustración, instigación pública y asociación para delinquir. Hasta la fecha, no ha habido juicio y sus audiencias han sido diferidas múltiples veces porque los fiscales del ministerio público no asisten. Sus defensores y familiares aseguran que el joven no se encontraba en el lugar cuando ocurrieron los hechos. Ese día solo había salido a protestar, como otros cientos de venezolanos.
“Su expediente está muy mal armado y hay muchas irregularidades. Ha sido una calumnia tras otra, no hay ninguna prueba que lo inculpe. Lees el expediente y grita ‘inocente’ en cada página”.
La población carcelaria en Venezuela es de 43.992, según el más reciente informe del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP). Aunque el número disminuyó, el hacinamiento continúa. Pero el retardo procesal es otro de los fenómenos que ponen en evidencia las fallas en el sistema de justicia venezolano: 61 % de los privados de libertad todavía están bajo un proceso penal no concluido.
Ese número llegó a 100 desde que en los tribunales penales venezolanos no se están realizando audiencias por los decretos de estados de alarma, en el marco de la cuarentena obligatoria por el coronavirus.
Las organizaciones Acceso a la justicia y el OVP ven con preocupación los decretos de estado de alarma porque pueden ser una excusa para que el Estado no garantice el acceso a los órganos de justicia, debido proceso y la libertad personal. “Las autoridades nacionales han fallado a la hora de tomar dichas medidas sin afectar a otros derechos fundamentales”.
El Foro Penal Venezolano registró, entre el 1 de enero de 2014 y el 15 de julio de 2020, 3.479 casos de detenciones por motivos políticos, de los cuales 902 fueron selectivas y el resto se desarrollaron en el contexto de protestas.
Carmen describe la detención de su hijo como “una tragedia, una injusticia, un desgaste borroso”. “Lo detuvieron casi año y medio después de lo sucedido. No hay ninguna prueba que lo incrimine en nada. Es un chivo expiatorio, a toda costa tiene que haber un culpable y no importa quién. Él pagando una cárcel injusta siendo inocente, acusado de un homicidio que no cometió. La está pasando muy mal sin tener por qué. ¿Por estar protestando? Eso es un derecho”.
A pesar de todas las trabas, ha acudido a todas las instancias nacionales e internacionales para denunciar el caso de su hijo. “He ido a todos los que me han querido colaborar en que se haga justicia, que a mi hijo lo liberen y busquen al verdadero culpable porque el verdadero culpable está suelto todavía”.
Han pasado 5 años, 3 meses y 22 días y Carmen siente que su hijo durante el encierro su hijo está perdiendo su juventud, sus sueños y todos sus deseos de avanzar. “Yo le pido a Dios que meta la mano, que haga algo por mi hijo. Es muy triste la situación pero hay que tener fortaleza y fe, no hay que perderla. Lo único que yo espero es justicia”.
