La propuesta de seleccionar a rectores pone en duda por primera vez el supuesto desacato de la Asamblea Nacional 

Sorpresivamente, el presidente Nicolás Maduro reconoció la competencia en la materia y la legitimidad de la Asamblea Nacional (AN) frente al inicio del procedimiento parlamentario para nombrar al Comité de Postulaciones con el objetivo de designar un nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE). El mandatario además planteó presentar una propuesta sobre la materia. Esto llama la atención, porque pone en duda por primera vez el supuesto desacato de la Asamblea Nacional (AN) y parece ponerse de lado la práctica habitual del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de usurpar las funciones parlamentarias, designando a los rectores del CNE.

La AN es, en efecto, el único poder del Estado constitucional y legítimo en la actualidad y la instancia que, por su naturaleza, mejor representa el pluralismo político, esto es, las distintas preferencias políticas de los ciudadanos.

Sin embargo, Maduro hace esta propuesta en el entendido de que la elección que se celebrará el próximo año será la del Parlamento, no la presidencial. Este último proceso es el que ha exigido la comunidad internacional y la oposición representativa para superar la crisis de gobernabilidad y el actual quiebre institucional del país. En ese sentido, el gobernante hace también alusión a la Mesa de Diálogo Nacional, instalada en septiembre de 2019 e integrada por el Ejecutivo nacional y un grupo de partidos minoritarios de la oposición para apalancar la conformación de un nuevo CNE.

La Mesa de Diálogo Nacional se trata de un acuerdo realizado en septiembre entre el Gobierno y las organizaciones políticas de oposición minoritarias Movimiento al Socialismo (MAS), Cambiemos, Soluciones y Avanzada Progresista. En esa instancia se plantea, entre otros aspectos, una ruta electoral para las parlamentarias de 2020.

Inicialmente el régimen planteó el reconocimiento de esa oposición minoritaria para llevar adelante un diálogo, dejando de lado a la oposición mayoritaria que conforma la AN. De esta manera, la mesa ha sido planteada como la alternativa gubernamental al diálogo que se realizaba con el apoyo de Noruega.

Los anuncios del 30 de octubre de Nicolás Maduro parecen señalar un posible reconocimiento a la oposición real y representativa, que previamente ha sido inhabilitada en su totalidad, integrada en buena medida por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) y los partidos más representativos dentro de esta, como Voluntad Popular, Primero de Justicia, Acción Democrática y Un Nuevo Tiempo, entre otros.

Acceso a la Justicia valora el implícito reconocimiento de los partidos de oposición mayoritarios, así como a la posibilidad de diálogo a la cual Nicolás Maduro hiciera referencia en su discurso, que, en esos términos, podría tratarse de un diálogo verdadero y creíble al ser en el seno de una instancia institucional y plural como la AN. Los acuerdos que surgieran de la Mesa de Diálogo Nacional no habrían tenido legitimidad ni mucho menos el vigor democrático para afrontar y resolver la grave crisis del país.

Al respecto,  se espera que ese reconocimiento del otro por parte de la fracción gobernante implique la eliminación del desacato de la AN, así como la habilitación de los partidos de oposición, con lo cual se lograría un diálogo entre partes en condiciones más democráticas que las que ha habido hasta ahora.

Asimismo, Acceso a la Justicia llama a la AN a seguir el procedimiento constitucional y no el legal para la conformación del Comité de Postulaciones. En ese sentido, este comité debe elegirse con la participación de la sociedad como establece la Carta Magna venezolana y no como prevé la inconstitucional Ley Orgánica del Poder Electoral (LOPE).

Según esta ley, el Comité de Postulaciones está integrado por veintiún miembros, de los cuales once son diputados designados por la plenaria de la AN y diez son postulados por los otros sectores de la sociedad (artículos 19 y 21). Para la selección de estos últimos miembros, la LOPE establece que los once diputados se instalarán como comisión preliminar a fin de recibir las postulaciones que hagan los distintos sectores de las sociedad, y será la plenaria de la AN, con el voto de las 2/3 partes de los diputados presentes, la instancia que escogerá a los diez representantes de sectores de la sociedad (artículo 21).

En aras de garantizar la confianza de la población en los próximos procesos electorales, así como en sus resultados, es necesario que la AN establezca reglas claras y transparentes en la selección de candidatos a rectores, pues, en definitiva, serán estos quienes promoverán la máxima transparencia posible en los comicios venideros en el país.