DE ACUERDO A LA ONG ACCESO A LA JUSTICIA, el gobierno de Maduro por medio de una fachada de institucionalidad ha trazado una hoja de ruta para tomar el control absoluto del Estado.

Durante su intervención en el evento ¿Por qué es necesaria una Comisión de Investigación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) paraVenezuela?, Alí Daniels, director de Acceso a la Justicia dijo que la coartación del Poder Judicial ha sido el elemento clave para mantenerse en Miraflores.

«La situación del país evidencia lo que puede pasar cuando no se atienden a tiempo las alertas o denuncias sobre violaciones graves a la independencia judicial, al Estado de derecho y a los derechos humanos», dijo Daniels. 

Daniels dijo que el Tribunal Supremo de Justicia se ha dedicado a atacar de manera constante a la Asamblea Nacional, el único poder legítimo que queda en Venezuela.

105 sentencias ha emitido el TSJ contra el parlamento desde su elección en diciembre de 2015.

«Dentro de estas decisiones se encuentran las que avalan un estado de emergencia sin límites desde hace más de tres años, el cual le concede todo el poder al presidente de la República sin control alguno, permitiendo que apruebe el presupuesto nacional usurpando las potestad de la Asamblea Nacional», dijo el abogado.

Daniels igualmente dijo que según la ONG Transparencia Venezuela, el monto de pagos a la constructora de Brasil Odebrecht fue de 13 mil 226 millones de dólares.

La obras de la empresa no fueron concluidas, nadie ha sido imputado ni mucho menos condenado por ello.

Para Daniels, el régimen de Maduro, mediante el TSJ, ha hecho de la persecución política un patrón y una política sistemática ontra quienes piensen distinto.

«La falsa de institucionalidad llega al punto de que los jueces militares, contrario a lo que dice la Constitución, son nombrados por el Poder Ejecutivo, para luego juzgar a civiles, como es el caso del líder sindical Rubén González, condenado a cinco años de prisión», dijo Daniels. «La perversión del sistema judicial es tal que unos bomberos, por un video satírico, fueron acusados sobre la base de la citada Ley contra el odio, que contempla penas de hasta treinta años, mientras que a los responsables de la tortura y muerte del capitán Rafael Acosta Arévalo, quien se encontraba en poder del Estado, de acuerdo con la ONG Foro Penal, apenas los condenaría con 9 años de prisión. Esa es la justicia revolucionaria».

De acuerdo al Bloque Constitucional, al menos 76% de los jueces en Venezuela son nombrados a dedo y pueden ser destituidos sin proceso alguno y segun el portal ArmandoInfo, 56,3% de los jueces son o han sido miembros del partido oficial.

«El temor de los jueces al régimen es tal que nada hacen cuando la policía política se niega a cumplir sentencias que liberan presos políticos, pero si la AN intenta actuar, anula todas sus decisiones. De allí que no sorprenda que la impunidad sea la regla para las violaciones de derechos humanos y en general para todo tipo de delito», expuso Daniels. 

El director de Acceso a la Justicia puso como ejemplo a la ONG Cecodap, la cual solicitó al TSJ que obligara al gobierno a proporcionar medicamentos para niños en riesgo, pero en cuatro oportunidades le fue negada la petición.

«En Venezuela no se puede hablar de sistema de justicia ni Poder Judicial, sino de un brazo sancionador que aplica condenas judiciales según la conveniencia del Ejecutivo. En el país es clara la inexistencia de un verdadero Poder Judicial ni de jueces que protejan los derechos de los ciudadanos ni sancionen a los responsables. Por tanto, en Venezuela la justicia es en realidad la falta justicia», dijo Daniels.