CONDENAR EL SAQUEO COMO UNA FORMA DE AGRESIÓN que solo incrementa los niveles de escasez material de productos y agrava la crisis económica venezolana es el llamado del Observatorio de Derechos de Propiedad (ODP) del Centro para la Divulgación del Conocimiento Económico para la Libertad (Cedice Libertad) ante los episodios ocurridos durante el apagón nacional que duró casi una semana y que, según cifras locales de organismos gremiales, arrojaron 500 establecimientos saqueados solamente en el estado Zulia.

Para Ana María Carrasquero, investigadora del ODP estas cifras dan cuenta de lo mermados que están los derechos de propiedad en Venezuela, consecuencia de dos décadas de políticas sistemáticas en su contra.

“Los saqueos se registran en un país donde el Estado de derecho está ausente y la anomia ha desdibujado la ley y el orden público”, asevera la socióloga, quien se pregunta si “la actuación a destiempo, nula o en algunos casos cómplice por parte de las autoridades para el control de estos episodios, responde a una perversa intención de generar caos y permitir paliar la desesperación y el hambre que desde el mismo poder se ha creado”.

Esta situación de impunidad ha generado a su vez un impacto económico incalculable, pues ante el temor a los saqueos y, en general, a la delincuencia, los negocios son obligados a cerrar a destiempo, los consumidores disponen cada vez de menos ofertas y los transportistas y choferes, comerciantes y dueños de fincas son amenazados permanentemente por la plaga del robo impune y el peligro de sus vidas.