Empresarios y funcionarios venezolanos apelan al «derecho al olvido» para “limpiar” su nombre en Internet. Pero el interés público prevalece por encima del individual y hay delitos que no se olvidan
@boonbar
EL PROCEDIMIENTO SE REPITE EN VARIOS CLICKS: una empresa que en nombre de un funcionario público pide a ciertos medios digitales que retiren de internet las notas periodísticas donde sean mencionados sus clientes presuntamente vinculados con irregularidades administrativas. El argumento: “porque lesiona el derecho a la vida privada y perjudica su reputación”. Ha ocurrido en Venezuela con al menos cinco portales informativos durante los últimos 9 meses.
El primer correo electrónico llegó el 7 de abril de 2016. Una representante del departamento legal de la empresa Eliminalia, creada específicamente para borrar datos en Internet, pedía a Runrun.es que se quitara el URL (localizador de documentos e imágenes en Internet) de una nota publicada en 2013, donde era mencionado el presidente de Pdvsa Naval, Héctor Pernía por estar supuestamente involucrado en un caso de sobrefacturación en la compra de barcos para la estatal petrolera.
La agente virtual de Eliminalia aludía por escrito el artículo 60 de la Constitución venezolana que sostiene el derecho a la protección de los datos privados. Alegaba que a lo largo de tres años de mantenerla en internet, la URL perjudicaba personalmente a su cliente “entorno familiar, amistades y futuros clientes internacionales para el país”. Agregó que era “perjudicial y nocivo para los intereses de Venezuela y la empresa pública que él representa”.
El 14 de abril de ese mismo año, otra agente de Eliminalia envió un segundo correo a Runrun.es exigiendo “off the record” la eliminación de la URL donde aparecía Pernía “por ser una humillación pública continuada desde el 2013”. A esa misiva, le seguirían solicitudes similares el 6 de mayo (en inglés), 30 de mayo y 20 de junio de 2016.
Paralelamente, la empresa domiciliada en Barcelona, España también presionó a otros medios venezolanos.
Tal es el caso del portal El Pitazo, al que Eliminalia contactó en febrero de 2016 para que borrara una nota sobre Gustavo Mirabal Castro, ex empleado del Banco Industrial de Venezuela que amasó una inmensa fortuna. El texto a su vez hacía referencia al perfil originalmente publicado por la plataforma digital Poderopedia, cuyo objeto es registrar las relaciones entre personas, empresas y organizaciones vinculadas al poder económico y político en Venezuela. Entre las razones de su petición, la empresa alegaba que «la información a la que hace referencia (el perfil que realizó Poderopedia) no tiene ningún carácter informativo o relevante para la comunidad venezolana ya que la única función de la nota es la de difamación”. Representantes de El Pitazo respondieron pidiendo documentación original y una entrevista a su cliente para obtener su versión que nunca fue atendida.
En nombre de Gustavo Mirabal Castro, al buzón del portal El Estímulo también llegó un correo de Eliminalia el 11 de julio de 2016, solicitando la eliminación del URL de una nota sobre el mercado de lujo donde su cliente es mencionado. Argumentan que «perjudica a su persona, su entorno familiar, amistades y futuros clientes internacionales para el país» desde 2010. También sugieren que, en caso de no ser posible, al menos sean introducidas iniciales por el nombre y el
apellido por «contravenir las normas del país sobre derecho a la protección de su honor, vida privada, intimidad, propia imagen, confidencialidad y reputación y por ser una humillación pública continuada desde el año 2011».
También Poderopedia, recibió un correo el 11 de octubre de 2016 de una representante legal de la compañía catalana para advertir que el perfil de su cliente Daniel Rangel Barón (empresario importador cuyas empresas son las principales proveedoras de insumos médicos para el IVSS), lo perjudicaba personalmente e infringía el derecho a la privacidad. También, enumeraba que la información “no tenía ninguna relevancia y era muy confidencial”, por lo que no tenía que aparecer; que al exhibir tanto su nombre y apellido como el nombre de empresas y monto de dinero generado podría ser “víctima de la delincuencia organizada”. El correo no mencionó que las compañías de Rangel Barón recibieron casi 500 millones de dólares preferenciales para la importación de insumos médicos para el IVSS sin pasar por concurso público, lo que viola la ley de contrataciones públicas.
El 22 de noviembre de 2016 le tocó al portal venezolano A Todo Momento. Una agente de Eliminalia le envió un correo para exhortarle a que quitaran de esa plataforma la referencia a un reportaje publicado por Runrunes sobre las irregularidades en la importación de insumos médicos del IVSS, donde aparece el nombre de Rangel Barón.
En todos los casos, las peticiones de borrar material fueron rechazadas por los medios. Una de las justificaciones de mayor peso es que se trataba de informaciones de interés público que la colectividad tiene derecho a saber.
Derecho a la libertad de expresión
La solicitud de retiro de notas periodísticas o borrado de las URL en los motores de búsquedas forma parte de nuevas formas de censura en tiempos digitales, observan los directivos de las organizaciones Instituto Prensa y Sociedad (Ipys Venezuela) y Espacio Público, que tienen entre sus tareas la defensa del derecho fundamental de la libertad de expresión.
«Ningún derecho individual puede estar por encima de un derecho fundamental como es el interés público que afecta a la colectividad», afirma Marianela Balbi, directora de Ipys Venezuela. «Si bien existe el derecho a réplica y mecanismos para abrir juicios por difamación a través de tribunales civiles, el derecho al olvido -sobre el que recientemente se está sentando jurisprudencia internacionalmente- no se aplica nunca como derecho penal con penas que superen la proporcionalidad del delito. Los funcionarios públicos tienen que asumir que están expuestos al escrutinio público y tienen que rendir cuentas ante la colectividad».
La discusión sobre el derecho al olvido plantea el dilema entre la privacidad y el interés público. «Cuando se apela a la privacidad de ciertos datos que son en realidad de interés público -casos de corrupción o delitos de funcionarios públicos, por ejemplo-, existe el riesgo de que sea utilizado como una herramienta para que no haya debate o se genere impunidad», resalta Carlos Correa, director de Espacio Público.
Artículo 44. El periodista debe rechazar presiones que puedan ejercer gobiernos y grupos económicos, políticos o de cualquier otra índole para deformar, manipular o censurar informaciones.
Artículo 48. El periodista debe denunciar a cualquier persona, ente público o privado que atente contra los principios de la libertad de expresión y derecho a la información que tiene todo ciudadano, así como contra cualesquiera de las normas del presente Código de Ética
Código de ética del periodista venezolano
Derecho al olvido
Empresas como Eliminalia son abiertas defensoras del llamado “derecho al olvido”, que sostiene que una persona puede pedir la eliminación de un contenido en Internet donde aparezca su nombre. Se trata de un nuevo derecho que compromete la libertad de información al colocar en manos de una empresa privada las decisiones sobre derechos colectivos, advierten organismos como la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP).
Las solicitudes de derecho al olvido surge por una resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del 13 de mayo de 2014 que determinó que, bajo ciertas circunstancias, los residentes europeos pueden solicitar que motores de búsqueda, como Google, retiren URLs (resultados de búsqueda) que incluyan sus nombres. En España, existe la Ley de Protección de Datos Personales (LODP), que canaliza los reclamos de quienes pretenden borrar sus pasados en Internet.
Es un procedimiento reciente y creciente, que ha generado polémica: según el reporte de Transparencia de Google, entre diciembre de 2009 y diciembre 2015, las solicitudes de retiro de informaciones del buscador por parte de tribunales y organismo gubernamentales del mundo han aumentado de 1.062 a 4.931.
El factor individual es el que más pesa a la hora de solicitar el retiro de datos en Internet. En diciembre de 2015, la difamación fue el segundo motivo por el cual organismos gubernamentales pidieron a Google borrar información (9.608 solicitudes). Le siguieron Privacidad y Seguridad (5.366) y Seguridad Nacional (2.205).
Solicitudes gubernamentales de retirada de información a Google (Fuente: Informe de Transparencia Google)
De Venezuela, el informe de Google indica que ha recibido 7 solicitudes de retiro de contenidos por parte de organismos gubernamentales venezolanos entre diciembre de 2012 a diciembre 2014. Tres de ellos han sido motivados por difamación. Es una cifra baja si se compara con Colombia (183.037 solicitudes); Argentina (368.572 solicitudes); Brasil (49.937) y México (133), por mencionar algunos.
Fuente: Informe Transparencia Google
Pero el proceso de bloquear o desvincular información de un determinado nombre en Internet no es tan automático. Empresas como Google revisan detenidamente las solicitudes para determinar si los contenidos infringen la ley o si tocan temas de «gran interés público», es decir, que se trata de un personaje público, documentos gubernamentales, pasado delictivo o interés periodístico, reza el Informe de Transparencia de Google. Se busca un equilibrio entre el derecho del individuo a la intimidad y las consideraciones del derecho a la información pública.
De dudosa reputación
“We erase your past/ borramos tu pasado” es el eslogan de la empresa de promesa inequívoca a la que funcionarios y empresarios venezolanos han contratado para intentar eliminar de Internet la información que les incomoda. Según su página web Eliminalia, la firma constituida como sociedad mercantil en 2013, está domiciliada en la Plaza Francesc Maciá en Barcelona, España y tiene como objetivo desaparecer datos e información de internet (buscadores y portales, web y blogs) y garantizar el “derecho al olvido”. Dicen que son “los primeros que garantizan el resultado o devuelven el dinero”.
Captura de la página web de Eliminalia
La cara visible de esta firma es la de Didac Sánchez, un joven español que se muestra como un exitoso empresario que con apenas 22 años de edad y sin estudios, habría logrado montar un emporio de 15 empresas representativas de las más distintas ramas: desde el negocio de vientres en alquiler, comercio mayorista de licores, promoción de talentos musicales, aumento de estatura de personas (sic), servicios sanitarios y publicidad on line hasta el borrado de contenido en Internet. Su más reciente propuesta: borrar el pasado de un difunto.
Según su sitio web, ha ganado los premios: Joven Talento Empresarial 2016 (Premio Empresa Social); Medalla Europea al Mérito en el trabajo 2016 (Asociación Europea de Economía y Competitividad) y Premio a la Excelencia Profesional 2015 (Estrella de Oro). Algunos medios digitales españoles reseñan que fue postulado como candidato a presidir la Cámara de Comercio en Barcelona.
Pero existen demasiadas incoherencias en la vida y desempeño profesional de Sánchez que ponen en entredicho la reputación del joven empresario que no ha tenido reparos en decir que fue un niño abusado cuando estuvo en un centro de menores. Las incongruencias fueron sustentadas y extensamente detalladas en tres reportajes publicados por El Confidencial de España el 11 de septiembre de 2015, 29 de septiembre de 2015 y el 5 de julio de 2016.
Entre la larga lista de contradicciones, se mencionan: de las 15 empresas que dirige, solo 3 han depositado cuentas anuales; aunque aseguró que facturó 22 millones de euros en 2014 y 25 millones de euros en 2015, el registro Mercantil de Barcelona registra una ganancia por debajo del millón de euros en 2013; pese a no contar con experiencia comprobada en el mundo empresarial, ni socios ni capital reconocido dice haber sido capaz de crear hasta tres empresas en un día, obteniendo una media récord de una al mes durante 15 meses, según registró El Confidencial. La mayor parte de sus empresas están registradas fuera de España, es decir, no pueden auditarse.
Pederastias y mentiras
Pero más escabroso que su desempeño empresarial es la vida personal de este joven que cambió su nombre original Diego Giménez Sánchez a Didac Sánchez en octubre de 2012, según cuenta El Confidencial.
Sánchez fue protagonista de un escándalo de pederastia en mayo 2005 cuando residía en un centro de menores llamado Casa de los Infantes del Raval, popular barrio de Barcelona. Fue supuestamente víctima de abuso sexual por parte de un empresario de 45 años, José María Hill Prados, quien fue denunciado por el propio establecimiento ante las autoridades. Luego de un juicio, fue condenado en 2007 a 8 años por delitos de abusos. Se le impuso orden de alejamiento al menor durante 5 años y prohibición de cualquier tipo de comunicación, relata el reportaje de El Confidencial.
Pero tres años después, la historia dio un giro inesperado puesto que Sánchez desmintió los abusos de Hills Prados ante el Tribunal Supremo. Pero el desmentido fue rechazado y el empresario completó su condena.
Hills Prados tenía antecedentes: en 1996, cuando tenía 36 años, fue detenido por un presunto delito de corrupción de menores a través de una de sus propias empresas encargadas de gestionar adopciones. También fue acusado de abusar sexualmente de sus 4 hijos adoptivos de procedencia rusa, aunque poco tiempo después fue absuelto porque los menores aseguraron “haber inventado abusos”, relata El Confidencial.
Sánchez negó que tuviese alguna relación con Hills Prado, apodado “el pederasta del Raval”. Pero varias pruebas señalan al empresario, que pagó condena por pederastia, como el verdadero gestor de las compañías que supuestamente dirige el joven emprendedor. También hay indicios de irregularidades en las compañías y cuentas opacas, reveló El Confidencial.
Runrunes contactó a Eliminalia vía correo electrónico para conocer su versión. pero hasta el cierre de esta edición, no ha recibido respuesta.
