En delitos contra la propiedad la policía judicial solo considera policialmente resueltos 3 de cada 10 denuncias que recibe

En la actualidad las investigaciones policiales son de «baja calidad» según el ex Inspector General de Cicpc comisario José Cuéllar

@javiermayorca

MARÍA (NOMBRE FICTICIO) ESTÁ CONVENCIDA de que no tiene ningún sentido acudir a la policía judicial para denunciar el robo del que fue víctima junto a su hijo, el 27 de julio en plena autopista Francisco Fajardo.

«Aquí todo se resuelve con dinero, y yo no tengo. Si tuviera, tampoco denunciaría», explicó.

La sensación de indefensión se incrementa en su caso al tomar en cuenta que los victimarios fueron supuestos oficiales de la Policía Nacional. Ella transitaba en una Toyota 4Runner frente a Fuerte Tiuna cuando dos motorizados de este cuerpo la obligaron a pararse en el hombrillo.

El hijo de la denunciante iba a tomar un vuelo a Argentina. Por lo tanto, en la camioneta llevaba la maleta con su equipaje.

«Metieron la mano en todo: pantalones, camisa, en la guantera donde llevaba Bs 25.000 que no tocaron… Pero mi hijo llevaba $1300 en sobrecitos. El funcionario empezó a decirme que incurría en un ilícito cambiario mientras me leía una gaceta», recordó.

Luego de una sesión de amedrentamiento, los agentes terminaron apoderándose, pistolas en mano, de las divisas estadounidenses.

«Móntate en el carro y no mires para atrás», le dijeron al joven.

Para María, da lo mismo si el asaltante es funcionario o un civil: «Son exactamente iguales, unos roban y matan sin uniforme, otros con él».

La sensación de inutilidad de la denuncia, independientemente de la condición del victimario, es cada día más acentuada. Además del temor a alguna represalia, la gente deja de acudir a la policía judicial (Cicpc) pues cree que no habrá una respuesta ante su caso.

Esta opinión pareciera ser confirmada por lo que se conoce en la jerga policial como «estadísticas de efectividad». En ellas se compara el número de denuncias recibidas o casos conocidos con el número de expedientes que son remitidos al Ministerio Público.

Para este trabajo se tuvo acceso de manera extraoficial a las cifras correspondientes al primer trimestre de 2016 en todos los estados del país, en específico los principales delitos contra la propiedad, que son los robos y hurtos genéricos así como los robos y hurtos de vehículos. En esta categoría se inscribe el caso relatado al principio.

El último informe anual presentado por la Fiscal General Luisa Ortega indica que los delitos contra la propiedad abarcan el 37,4% del trabajo de los cuerpos de investigación. Aunque la funcionaria no precisó el número absoluto de casos, se trata de la gran mayoría de los llamados «delitos comunes». En 2015 fueron elaborados 351.325 expedientes en esta categoría.

La base de la impunidad

Según el director del Observatorio Venezolano de la Violencia Roberto Briceño León existe una correlación entre la impunidad y la efectividad policial.

«Los expedientes resueltos policialmente son condiciones necesarias pero no suficientes para acabar con la impunidad», añadió.

Las estadísticas a las que se tuvo acceso sugieren que en Cicpc la efectividad se mide en función de los casos policialmente resueltos. Cuando una investigación llega a este punto, las actas son remitidas al Ministerio Público.

En términos generales, durante los primeros tres meses del año la policía judicial inició 41.346 averiguaciones por delitos contra la propiedad. En ese mismo lapso, remitió 12.318 casos a la Fiscalía. La «efectividad», según los parámetros fijados por la propia institución policial, fue de 29,8%.

En otras palabras, durante ese lapso sólo 3 de cada 10 expedientes iniciados reunían las condiciones para considerarlos «policialmente resuelto».

¿Cuándo la policía de investigación considera que un caso ha sido solucionado y por ende remitido a la Fiscalía? Según el docente de criminalística Francisco Javier Gorriño, en teoría se debe constatar y documentar mediante pesquisas técnicas que el delito efectivamente fue cometido, y también deben estar plenamente identificados sus posibles autores, coautores, cómplices y encubridores.

Gorriño aclaró que esta es la teoría. En la práctica actual los expedientes pueden ser enviados a la Fiscalía «sin que esté individualizada la responsabilidad penal».

Esta apreciación fue confirmada por el ex Inspector General de Cicpc, comisario general jubilado José Cuéllar, quien actualmente se desempeña como abogado en el área penal.

«En la actualidad, la mayoría de los expedientes remitidos a la Fiscalía no pueden ser considerados resueltos, pues solo van con una denuncia y unas diligencias preliminares. Muchos casos son remitidos con un estado deplorable de eficiencia investigativa», advirtió.

Estas carencias terminan por recargar el trabajo de los funcionarios del Ministerio Público, quienes de acuerdo con Cuéllar tampoco gozan de la mejor formación para continuar con las averiguaciones. De manera que los expedientes quedan en un permanente tránsito entre la Fiscalía y la policía judicial y viceversa.

Baja cantidad, menos calidad

Aunque a la directiva del cuerpo de investigación policial no le gusta debatir estos problemas en público, en lo interno el actual jefe máximo de la institución comisario Douglas Rico ha formulado diversas observaciones sobre la necesidad de tener un mayor cuidado en la elaboración de los expedientes. En una circular llamada «orden del día» correspondiente al 18 de julio recordó la necesidad de cumplir con las tareas básicas de la pesquisa penal: «es importante que las minutas contengan los datos más relevantes del caso que se investiga y las evidencias de interés criminalístico incautadas, evitando los errores en su redacción e indicando los avances en las investigaciones».

Según Cuéllar, estas advertencias son la consecuencia lógica de los problemas existentes en la formación del detective.

«La preparación del funcionario es pésima hasta en los aspectos de redacción de las actas. Antes los funcionarios competían para ver quién redactaba mejor, con las palabras más adecuadas. Ahora, vemos una redacción que da pena ajena. Eso también lleva a dudar de las responsabilidades penales que se establezcan en esos expedientes», dijo.

Pero la efectividad de Cicpc, al menos en los delitos contra la propiedad, no es uniforme en todas las regiones. Los peores desempeños durante el primer trimestre del año se vieron en Amazonas, Vargas, Nueva Esparta y Táchira. En todos estos estados fue remitido a Fiscalía menos de un caso por cada diez recibidos.

Los mejores, en cambio, correspondieron a los estados Sucre, Aragua, Portuguesa y Falcón. En los dos últimos remitieron seis expedientes por cada diez denuncias procesadas.

Estos datos corresponden a la fotografía del desempeño policial en un lapso. En líneas generales, según Gorriño, el trabajo policial es más eficiente en la medida en que el funcionario puede dedicar más tiempo a cada uno.

¿Cómo saber si la eficiencia policial ha mejorado o empeorado? La información disponible no permite trazar una conclusión general. Pero en estados como Miranda, por ejemplo, va en declive. En el primer trimestre de 2015 los agentes de esta región enviaron a la Fiscalía el 27% de las denuncias por delitos contra la propiedad. En el mismo lapso de 2016 esta cifra bajó a 15%.

Según Briceño León, ante esta circunstancia de baja efectividad policial, la población acudirá al «castigo social» como una forma de atacar la impunidad.

«Si no hay castigo penal lo que puede suceder es que el delincuente adquiere cierto prestigio pues comete el delito y nadie lo atrapa. Pero también puede ocurrir el castigo por parte de la sociedad», advirtió.