Estar tras las rejas no es la única forma de quitarle la libertad a una persona. El Gobierno ha encontrado otras maneras de encarcelar a sus adversarios políticos

Adriana Núñez Moros @AdrianitaN | Maria Alesia Sosa Calcaño @MariaAlesiaSosa

EN VENEZUELA MILES DE PERSONAS VIVEN una libertad con apellidos: condicional, con régimen de presentación, con prohibición de declarar a los medios o de salir del país. Desde las protestas de 2014, diez venezolanos tienen medidas de casa por cárcel y 2.056 está libre con medidas cautelares, según el Foro Penal Venezolano. Después de meses o años tras las rejas han sido “liberados” pero con condiciones.

El abogado constitucionalista Alberto Arteaga explica que es factible sancionar a un sospechoso con la restricción de sus libertades. Pero esta posibilidad queda restringida a los implicados en delitos “muy graves” como secuestros, robos, violaciones u  homicidios. “Esto debe ser excepcional, ya que mientras no exista una condena, se presume que la persona es inocente. La regla en el proceso penal es el juicio en libertad. Solo se debe privar de ella cuando hay peligro de fuga o que el imputado obstaculice el proceso”.

Ponerle “peros” a la libertad de una persona, cuya responsabilidad penal no ha sido comprobada, es someterlo a una “pena anticipada”, dice. “A nadie se le puede prohibir declarar a los medios. Se viola la libertad de expresión, el derecho a la defensa y la presunción de inocencia”, señala.

Chepa de González: Régimen de presentación

Rodolfo González, a quien el Gobierno apodó «El Aviador», se suicidó en su celda del Sebin en El Helicoide el 12 de marzo de 2015. Lo detuvieron en abril de ese año y fue acusado de actuar como operador logístico de las protestas registradas en Caracas en 2014.

Pero el calvario de la familia González no terminó con la muerte de “El Aviador”. El día que Rodolfo fue detenido, a su esposa, Chepa de González, le dijeron que “por orden de la jueza Harrington (Fiscal Katherine Harrington)” ella también debía permanecer detenida, según cuenta.

Pasó tres días en El Helicoide, y luego pudo salir pero con condiciones. “Me prohibieron salir del área metropolitana de Caracas y que debía presentarme en el tribunal cada 30 días”. El 5 de mayo se presentó en el tribunal por primera vez para que la ingresaran en el sistema, y así lo hizo cada 30 días durante un año y medio. Le imputaron el delito de posesión de artefactos explosivos. El juicio se ha suspendido varias veces y aún no ha comenzado. Espera que el 18 de septiembre se celebre la próxima audiencia.

Además de cargar con el dolor de haber visto morir a su esposo en la cárcel, González vive con la angustia de estar registrada como una criminal. “Me molesta que yo ahora tenga antecedentes penales”, confiesa.

Cuenta que desde que detuvieron a su esposo, y le dictaron la medida cautelar, se ha sentido presa. “Yo prefería quedarme aquí con Rodolfo, pendiente de llevarle su comida todos los días y los medicamentos.Yo me quedé presa por mi esposo”.

En agosto de 2015, fue a solicitar un permiso, y al llegar al tribunal, le notificaron que le habían levantado la medida de salir de Caracas. “Nadie me avisó, nos enteramos allí mismo. Y así pudimos ir unos días a Margarita”. Pero no está completamente satisfecha: “Con medida o sin medida, mi esposo está muerto”.

Explica que nadie sabe lo que es tener un preso hasta que lo tiene. “Le cambia la vida a todos en la casa. A toda nuestra familia le quitaron la libertad”

Chepa de González tiene 67 años de edad, y desde hace 35 años abrió una agencia de viajes, y repite una y otra vez que jamás pensó que iban a verla como una criminal. “Cuando nos allanaron, nos quitaron todo, nos esposaron y toda la familia nos vio como unos delincuentes. Cuando voy a tribunales es como una pesadilla, y cada vez que voy al cementerio, no lo creo, es que no lo creo”.

María Lourdes Afiuni: Prohibido tuitear

El Poder Judicial en Venezuela tomó una decisión sin precedentes mundiales contra la jueza María Lourdes Afiuni, luego de otorgarle una medida de libertad condicional y casa por cárcel: se le prohibió “comunicarse empleando cualquier red social existente o por inventarse”, según su hermano, Nelson Afiuni. El último mensaje del usuario @mariafiuni en la red social Twitter data del 14 de junio de 2013. “Mi hermana no puede escribir por este medio, hasta el día lunes que se presente tribunal y la impongan de las cautelares”, explicaba Nelson Afiuni.

El perfil de la jueza tiene 281 mil seguidores. “Ella era muy activa. Tenía mucho criterio para emitir opiniones”, explica su hermano, quien considera que la jueza es “peligrosa” en la red. “Ellos viven de la publicidad. Es importante que el Twitter les sea favorable”, opina.

Desde la prohibición, se ha valido del Twitter de su hermano (@nelsonafiuni) para comunicarse con quienes siguen el desarrollo del caso. No se atreve a escribir en el suyo “para no arriesgarse”.

Pero a Afiuni no solo se le prohíbe expresarse. Debe presentarse ante los tribunales de su causa una vez al mes, no puede salir del país, declarar a medios de comunicación y no percibe su sueldo como juez titular —cargo que aún ostenta y que perdería en el caso de tomar otro trabajo— desde el año 2009, cuando se emitió la medida en su contra.

El penúltimo mensaje que se encuentra en la cuenta es un texto del usuario @MuiMona que reza: “No hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo aguante” y al que la jueza respondió “casi”.

Gerardo Resplandor: Prohibido manifestar

Gerardo Resplandor fue uno de los 120 detenidos durante la madrugada del 8 de mayo de 2014, cuando fue desmontado el campamento instalado frente a la sede del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Caracas. “Aparece en mi expediente que yo tenía una caja de cerveza con botellas llenas de gasolina”. Niega estar involucrado en cualquier acto de violencia.

“Cuando llegaron a desmontar el campamento estábamos dormidos. Abrieron las carpas con un bisturí, nos apuntaron con pistolas y nos subieron a unos autobuses. No especificaron de quién era qué y qué cosa era de cada uno”, explica.

Resplandor permaneció un año y un mes detenido, sin ser declarado culpable de los cargos de obstrucción de la vía pública y tenencia de material explosivo. El 23 de junio de 2015 fue llamado a la oficina del entonces director del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), Gustavo Enrique González López, quien le habló de ciertas condiciones para ser beneficiado con una medida de libertad condicional. “Nada de agradecerle a Leopoldo López, ni a los que están en huelga de hambre. Tampoco estar visitando partidos políticos”, le advirtió.

Su juicio transcurre mientras él vive con prohibición de salida del país, de declarar a los medios de comunicación y de asistir a reuniones políticas. Además, debe presentarse ante los tribunales cada 15 días. “Ellos me están cercenando mi derecho a la protestas. Yo no he matado, ni robado a nadie”, reclama. Sin embargo, el joven asegura no tener miedo. “Mis principios no los van a doblegar”, asegura.

Daniel Ceballos: Hogar dulce cárcel

El 11 de agosto de 2105, luego de un año y siete meses preso en tres celdas distintas, el ex alcalde de San Cristóbal, Daniel Ceballos, fue beneficiado con una medida de arresto domiciliario que ordenó el Tribunal de juicio. Desde entonces, permanece en un apartamento en Caracas.

Ceballos, a quien le imputaron los delitos de rebelión civil y agavillamiento, no podrá regresar al estado Táchira, porque la decisión de la juez se mantiene dentro de la jurisdicción del tribunal que lo está juzgando.

Desde su detención, el dirigente de Voluntad Popular estuvo preso en la cárcel militar de Ramo Verde, en el centro penitenciario 26 de Julio en San Juan de los Morros, y en la sede del Sebin en el Helicoide. A pesar de sentirse emocionado al recibir la medida, según lo declaró su esposa, Patricia de Ceballos, reconoció que esto significa sólo un paso hacia la libertad.

Juan Carlos Gutiérrez, su abogado, explicó que lo correcto hubiese sido que le otorgaran libertad plena. “Con el arresto domiciliario se mantiene bajo detención. Sin embargo es un paso muy significativo para lograr la libertad de este preso político”.

La esposa de Ceballos, hoy alcaldesa de San Cristóbal, declaró que la medida que le dieron al dirigente era política, y no humanitaria. Además reiteró que no se trataba de la libertad y que su lucha no iba a parar, aunque su esposo estuviera en casa. “Aunque esto no es la libertad plena vamos a seguir luchando por el resto de los presos políticos y por supuesto por todos los que tienen casa por cárcel”.

La misma condición viven otros presos políticos como el alcalde metropolitano, Antonio Ledezma, o Iván Simonovis, quien pasó 9 años tras las rejas y en 2014 le dieron casa por cárcel.

Oswaldo Álvarez Paz: Prohibido salir del país

En 2010 el excandidato presidencial Oswaldo Álvarez Paz fue imputado por hablar en un programa de televisión sobre supuestas vinculaciones entre el gobierno de Venezuela y el narcotráfico. El 8 de marzo de 2010, el político mencionó durante una entrevista en Globovisión, una investigación que estaba llevando a cabo el juez español Eloy Velasco sobre la presencia de grupos terroristas en Venezuela. La información no era originalmente de él, sólo citó el informe de la Audiencia Nacional de España. Álvarez Paz pagó su comentario con dos meses de cárcel y una condena por difusión de información falsa, que le prohíbe salir de Venezuela. Aunque esta se venció hace tres años, el juez del Tribunal 12 de Ejecución, Régulo Aponte, no le ha levantado la pena. Le imputaron los delitos de conspiración, asociación para delinquir, instigación al odio y difusión de información falsa. “Es decir que yo estaba inventando lo que el juez Velasco había dicho”, dice.

Durante los dos meses de prisión, tuvo que comparecer cuatro veces ante el tribunal. Lo llevaban esposado. El día de la audiencia debía esperar en los calabozos del sótano de tribunales, allí lo dejaban con el resto de los presos comunes, hasta que el fiscal estuviera dispuesto a recibirlo.

Algo parecido sucede hoy con los 22 directivos de medios en Venezuela demandados por Diosdado Cabello por difundir una información que publicó el diario ABC de Madrid y The Wall Street Journal donde vinculan al presidente de la Asamblea Nacional con altas esferas del tráfico de drogas en el mundo. A esos 22 directivos también les fue impuesta la prohibición de salir del país.

A Oswaldo Álvarez Paz, que ya tiene 72 años de edad, además le quitaron el derecho a votar. Desde hace cinco años, tampoco puede ver a sus cuatro hijos y siete nietos que viven fuera de Venezuela. «Esto es una retaliación política por la calle del medio», dice sin perder la paciencia.
Otro caso similar es el de la diputada destituida María Corina Machado, a quien el Tribunal 16 de Control del Área Metropolitana de Caracas le dictó prohibición de salida del país el 18 de junio de 2014. Había dado declaraciones una semana antes en el Ministerio Público sobre las investigaciones que se adelantaban por el presunto plan de magnicidio en el que la involucraron. Al conocer la medida del tribunal, Machado dijo que no había justificación alguna en una medida de privación de salida del país. “Si algo ha quedado demostrado cuando acudí el pasado lunes, es que yo estoy en Venezuela y no tengo intención de irme”.