El tiroteo de este miércoles en una escuela secundaria en Parkland (Florida), en el que murieron al menos 17 personas, es el último ejemplo de una retahíla de cifras escalofriantes. Las estadísticas son un duro golpe de realismo detrás de la epidemia de violencia armada que sacude sin fin Estados Unidos.

En el mes y medio que lleva 2018, han fallecido en EE. UU 1.816 personas por violencia armada, según los últimos datos del registro de la organización Gun Violence Archive. Eso equivale a una media de 40 muertos al día.

En escasas seis semanas, otras 3.125 personas han resultado heridas por disparos. Ha habido 30 tiroteos masivos, que reciben esa consideración cuando hay al menos cuatro muertos. La organización no incluye en sus estadísticas los fallecidos por suicidio. Dentro de esos parámetros, la entidad estima que 15.590 personas murieron por armas de fuego en 2017 en la primera potencia mundial.

La avalancha de muertos por violencia armada convierte a EE. UU en una anomalía en el mundo desarrollado. No hay una cifra exacta de cuántas armas de fuego hay en manos de civiles en el país, pero se calcula que son unas nueve por cada diez ciudadanos. Es la proporción más alta del planeta. El Servicio de Investigación del Congreso calculó, que hace tres años antes había unas 310 millones de armas. La población estadounidense es de 321 millones de habitantes.

La Constitución estadounidense ampara el uso de las armas de fuego, que muchos consideran parte del ADN nacional. Sus defensores recelan de cualquier cambio que dificulte la compraventa por una combinación de temor al intervencionismo del Gobierno y la creencia que las armas son necesarias para defenderse. El presidente Donald Trump y los republicanos defienden esa posición. Cada matanza acentúa la brecha con el colectivo que opina lo contrario: que para atajar la epidemia de violencia lo que hay que hacer es limitar el acceso a pistolas y rifles.

El ritual se repite tras cada matanza en los últimos años. Inicialmente, impulsado sobre todo por políticos demócratas y organizaciones sociales, se reabre el debate sobre un mayor control a las armas de fuego. Pero se tarda poco en que el debate decaiga por la falta de consenso entre los legisladores propiciado por el rechazo de muchos políticos conservadores y la presión del poderoso lobby de la Asociación Nacional del Rifle (NRA en sus siglas inglesas).

El último cambio legal significativo en todo EE. UU es de 2007, cuando se amplió la prohibición de venta a personas con trastornos y delincuentes.

En un primer momento, la muerte en 2012 de 20 niños y seis adultos en una escuela de Connecticut pareció un punto de inflexión. El entonces presidente, Barack Obama, propuso extender el control de antecedentes, prohibir los rifles de asalto y limitar el número de balas. Pero no logró los votos suficientes en el Congreso.

Tampoco cambió nada la muerte de 49 personas en 2016 en una discoteca de Orlando, en ese momento el peor tiroteo múltiple en EE. UU. Un simpatizante yihadista empuñó un rifle semiautomático. Resurgió el debate sobre la prohibición a la venta de esos fusiles, que se había levantado en 2004, pero superada la conmoción y varios votos fallidos, el impulso reformista decayó.

Y tampoco ha alterado suficientemente las conciencias de los legisladores nacionales la muerte de 58 personas el pasado mes de octubre en Las Vegas, el peor tiroteo de la historia del país. Un hombre abrió fuego desde la ventana de su hotel a los congregados en un festival de música country. Tenía una veintena de armas y trucó algunas de ellas para hacer que los rifles semiautomáticos dispararan con la potencia de un automático. En los días posteriores a la matanza, la cúpula republicana del Congreso e incluso la NRA apoyaron dificultar la venta del objeto utilizado para alterar los rifles, pero el debate se ha difuminado desde entonces.