Propiedades en Estados Unidos, confiscadas. Cuentas bancarias en ese país, congeladas. Visa y entrada al territorio, inhabilitadas. Y toda relación con personas o empresas estadounidenses, prohibidas.

Eso es lo que le pasará desde ahora al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, que para el gobierno de Estados Unidos es un «dictador».

Con esto, Maduro entra en una lista negra de la Oficina para el Control de Bienes Extranjeros del Departamento del Tesoro, (OFAC), que es más conocida como la «lista Clinton» en referencia al ex presidente Bill Clinton, bajo cuyo mandato en 1995 fue creada.

En la lista han estado prominentes narcotraficantes y políticos colombianos, presidentes de Siria y Corea del Norte y en el último año se añadieron decenas de funcionarios venezolanos, aliados de Maduro y acusados de narcotráfico, lavado de activos y violación de los derechos humanos.

Fuera del sistema financiero

La sanción a Maduro y a decenas de funcionarios chavistas no necesariamente significan que Venezuela se vea afectada económicamente o cambie la situación de crisis económica y política que atraviesa el país.

Y es que, aunque desde Washington se ha dicho que contemplan cualquier opción, por el momento el gobierno de Donald Trump se ha abstenido de sancionar al sector petrolero venezolano, lo que sí sería un sacudón inédito en el país.

En la práctica, no obstante, estar en la «lista Clinton» puede ser un dolor de cabeza para Maduro.

No solo en caso de que tenga propiedades y cuentas bancarias en EE UU, información que el Departamento del Tesoro no dio a conocer.

También porque estar en esa lista dificulta la vida de cualquier persona en el mundo globalizado, donde el sistema financiero está íntimamente ligado a Estados Unidos.

«Empresas como Visa y Mastercard toman la posición conservadora de impedirle transacciones al sancionado y eso, por mucho que tú no tengas dinero en EE UU, te termina afectado», asegura Mariano de Alba, abogado venezolano experto en derecho internacional y analista del portal de ideas Pro Davinci. en conversación con BBC Mundo.

Parcialmente aislado

El Departamento del Tesoro prohíbe a toda persona o empresa estadounidense tener transacciones con un sancionado.

Aunque esto no le impide a Venezuela como Estado tener negocios con compañías de EEUU, «es probable que esas entidades se piensen dos veces firmar un acuerdo con un país cuyo presidente está en la lista», dice De Alba.

Venezuela vende 700.000 barriles de petróleo a EE UU al día, lo que corresponde a la mitad de los ingresos de divisas al país.

Si bien eso no está en riesgo de momento, el hecho de que Maduro tenga que estar alejado de las negociaciones con el mundo petrolero estadounidense podría entorpecer las operaciones de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA).

«Y hay que ver qué hacen países cercanos a EE UU con los que Venezuela y Maduro tienen vínculos importantes», asegura De Alba.

Otra de las implicaciones que tiene estar en la «lista Clinton» es que la visa estadounidense queda cancelada.

Aunque Maduro, al ser jefe de Estado, tiene derecho por ley estadounidense a viajar a Nueva York para la Asamblea de las Naciones Unidas cada septiembre.

Qué implica en Venezuela

«Las elecciones ilegítimas de ayer confirman que Maduro es un dictador que desprecia la voluntad de los venezolanos«, dijo el secretario del Tesoro de EE UU., Steven T. Mnuchin.

«Al sancionarlo, EE UU. deja clara su oposición a las políticas de su régimen y su apoyo a los ciudadanos de Venezuela que buscan que su país retorne a una completa y próspera democracia».

La duda es cómo las sanciones a Maduro pueden frenar su actuación política. «El gobierno venezolano va a usar esto políticamente para reavivar el discurso antiimperialista y reforzar la idea de que la crisis económica es gestada desde el exterior», explica De Alba.

«Pero hay que ver si ese discurso sigue teniendo eco en la población venezolana y los simpatizantes del chavismo», añade.

Maduro podrá no tener Visa o Mastercard desde este lunes.

Pero no queda claro cómo eso afianza o debilita su poder ni si las sanciones pueden cambiar el rumbo del gobierno, que parece decidido a seguir adelante con una constituyente que espera reformar el Estado, reestructurar el sistema judicial y profundizar el sistema socialista.