La expresidenta argentina Cristina Fernández calificó el lunes de maniobra de persecución política a la investigación judicial de la que es objeto por presunta corrupción en la concesión de obras públicas, una de las acusaciones más fuertes en su contra.
Fernández (2007-2015) desestimó en declaraciones a periodistas la causa en la que dos fiscales la acusaron de supuesto abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público luego de declarar por escrito ante el juez federal Julián Ercolini.
A la salida de la cita judicial Fernández apuntó contra su sucesor, el presidente Mauricio Macri, y sostuvo que es víctima de una «maniobra formidable de persecución» gubernamental «que trata de ocultar el actual desastre económico y social».
La exmandataria cuestionó a los fiscales y al juez por sospechar que tanto ella como su fallecido marido y antecesor Néstor Kirchner (2003-2007) crearon una «asociación ilícita» para beneficiar al empresario Lázaro Báez, allegado a ambos.
«Es una maniobra a nivel regional … La vemos también en Brasil con (el investigado expresidente Luiz Inácio) Lula Da Silva… y que tiene como objetivo a los que promocionamos procesos de inclusión social», sostuvo Fernández.
A su vez tildó al gobierno de Macri de «asociación ilícita terrorista» por infundir terror con sus medidas económicas y lo acusó de buscar la «proscripción de un movimiento político» en referencia a la corriente peronista que la tiene de referente.
Los fiscales Gerardo Pollicita y Juan Mahiques ampliaron recientemente la acusación contra la expresidenta a partir de nuevas pruebas sobre el supuesto otorgamiento discrecional de obras a Austral Construcciones, la empresa que dirigía Báez en la sureña provincia de Santa Cruz, gobernada por Kirchner antes de ser presidente.
Báez está actualmente detenido acusado de lavado de dinero y otros delitos.
Los fiscales denunciaron una operatoria criminal «por medio de la cual desde el Poder Ejecutivo Nacional y los organismos de la administración estatal… se montó una estructura funcional orientada a la sustracción de fondos públicos por medio de la asignación discrecional de prácticamente el 80% de las obras viales adjudicadas en la provincia de Santa Cruz, lo que representó contratación del Estado en favor de Lázaro Báez por más de 16.000 millones de pesos (poco más de 1.000 millones de dólares)». Varias de esas obras, como carreteras, nunca fueron terminadas.
Fernández afirmó que está a favor de que la justicia investigue «toda la obra pública», incluida aquella en la que habría sido beneficiado Ángelo Calcaterra, primo del presidente.
Macri afirmó con anterioridad a la indagatoria de Fernández que «los argentinos queremos que no haya más impunidad» y que el gobierno deja actuar a la justicia en forma independiente.
Los fiscales han imputado a otros exfuncionarios de las administraciones de los Kirchner. El magistrado dispone ahora de 10 días para decidir si procesa a Fernández, le dicta la falta de mérito por entender que no hay pruebas suficientes que la involucren o la sobresee.
La exmandataria fue respaldada por miles de simpatizantes y exfuncionarios que se concentraron cerca de la sede judicial, fuertemente custodiada.
«Hemos venido a acompañarla. Creemos que su citación está muy contaminada de intereses políticos cruzados», dijo a The Associated Press Luis D’Elía, titular del Movimiento de Integración Latinoamericana de Expresión Social (MILES), afín a Fernández.
Cuando se retiraba del lugar la exmandataria se bajó de su automóvil al presenciar un pequeño enfrentamiento entre sus simpatizantes y fuerzas de seguridad, tras lo cual procedió a caminar un tramo abriéndose paso entre la multitud.
Fernández fue procesada en mayo por supuestas maniobras irregulares en el mercado de dólar a futuro que causaron perjuicio económico al Estado. Desde entonces, el cerco judicial se fue estrechando en torno a ella en otras pesquisas en las que aparece como sospechosa de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.
