Con una cadena colgada al cuello y los pies mojados y rotos de haber caminado días enteros, los secuestrados políticos se cambiaban de una tienda de campaña a otra y cumplían las órdenes de sus captores, convencidos a punta de fusil. Por si fuera poco el aislamiento, algunos fueron condenados a que nadie les hablara. Les dieron clases a los árboles, hicieron cruces de palos y las tejieron, pelearon, se ensimismaron, sufrieron callados pero también a gritos.
Aunque parece la historia de cualquiera sometido a prisión en la selva colombiana, este grupo era diferente. Eran “los políticos”. Se convirtieron en trofeos de guerra que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) decidieron coleccionar para canjear por guerrilleros presos en las cárceles, entre otras condiciones. Pasaron uno, tres, cinco, seis años y más esperando un tiro de gracia o la libertad. A veces solo un pedazo de pollo o que el caldo de esa tarde tuviera pescado.
Según un informe de ACNUR, entre 1996 y 2003 las FARC secuestraron 4.153 personas. Esa cifra incluye al grupo de 25 políticos que atraparon entre el 2000 y 2002. El día anterior a su captura, cada uno de ellos era gobernador, ministro, diputado, senador, miembro de campaña y hasta candidata a la presidencia de la República.
Se enfermaron. Algunos reincidieron en viejas dolencias que se complicaron por la falta de tratamiento y la dieta, pero otros fueron víctimas de la plaga de la selva que les abrió la piel y dejó lesiones que no se borran.
En enero de 1999 había entrado en vigencia la Zona de Distensión, una porción territorial de 42,000 kilómetros cuadrados sin presencia de la Fuerza Pública, que otorgó el gobierno de Andrés Pastrana como un gesto que daría pie a una negociación. Pero fracasó.
