DDHH Olvidados | José Ernesto Lasorsa sigue esperando por una medida humanitaria
El recluso de la cárcel de Fénix en Barquisimeto padece un tumor cerebral y requiere tratamiento inmediato
Familiares y abogados exigen que reciba el beneficio de casa por cárcel
El 18 de septiembre de 2020, José Ernesto Lasorsa Array fue detenido en los alrededores de la Plaza de Toros de Valencia en el estado Carabobo por efectivos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc).
A Lasorsa le imputaron los delitos de asociación para delinquir, usurpación de funciones y financiamiento al terrorismo.
La presunta usurpación de funciones tiene que ver con la posesión de cinco carnets de viejos empleos en los cuales habría laborado en empresas del Estado como Pequiven, Petrocasa y la privada General Global Plástico C.A. También portaba identificación de la Fundación Instituto Carabobeño de la Salud y licencia de piloto privado del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC).
A finales de marzo de 2022, Lasorsa fue condenado a 20 años de prisión y recluido en la cárcel de Fénix en Barquisimeto, estado Lara.
En el marco de su detención le diagnosticaron un carcinoma epidermoide en la cabeza y desde entonces su defensa pública y la ONG Defiende Venezuela han clamado por una medida humanitaria que le permita concluir su pena en casa. En diciembre de 2022, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió una medida cautelar identificada con la resolución 77-2022, en la que exige al tribunal competente proteger el derecho a la vida del recluso.
“Este tumor cerebral fue diagnosticado tanto por médicos privados como por autoridades del Estado y ha limitado sus capacidades físicas de manera significativa”, dijo Ezequiel Monsalve, abogado de Defiende Venezuela.
Una medida que corresponde a Lasorsa
Monsalve sentenció que el 22 de mayo de 2022 la defensa pública de Lasorsa consiguió ante el tribunal una solicitud de cambio de medida por razones humanitarias, todo ello conforme con el ordinal 2 del artículo 46 de la Constitución y el artículo 491 del Código Orgánico Procesal Penal.
“Lasorsa tiene una enfermedad terminal calificada y por tanto debe estar en un ambiente acorde, además sus familiares están en Carabobo, distante de su centro de reclusión”.
Monsalve informó que el 31 de agosto del año pasado, el juez de ejecución de la causa dictó oficios al director del centro penitenciario Fénix para que Lasorsa fuese trasladado de manera urgente a un hospital y evaluado por un especialista oncológico debido al decaimiento de su estado de salud.
“Sin embargo, en septiembre sus familiares nos indicaron que la medida humanitaria seguía sin respuesta por parte del Tribunal”, agregó el abogado.
Luego de que el 22 de noviembre del año pasado sus abogados introdujeran una carta ante la Defensoría del Pueblo, en diciembre se le practicaron los correspondientes exámenes de medicatura forense, sin embargo, la oficina del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf) aún no ha remitido el análisis al tribunal.
“El último informe alertó de un peligro inminente de muerte por inflamación cerebral y para evitar esto debe aplicarse con extrema urgencia un tratamiento de quimioterapia”, alertó Monsalve.
El abogado de DV indicó que en 2021 Lasorsa se contagió de covid-19 y debió pagar a otros privados de libertad por una suerte de contrabando de medicamentos para poder paliar la enfermedad.
En vista de la inacción del Estado, Lasorsa ha protagonizado varias huelgas de hambre. Familiares denunciaron que para mitigar la protesta, funcionarios le quemaron las manos con un yesquero.
Monsalve aseguró que han recurrido a todas las instancias del Gobierno venezolano, pero hasta ahora nadie ha dado respuesta.
“La semana pasada interpusimos una petición ante la Cancillería de la República y no ha habido novedad alguna”, denuncia Monsalve.
El abogado explicó que independientemente de su culpabilidad, Lasorsa es una persona que tiene una enfermedad terminal diagnosticada.
“Y estas personas deben tener acceso a una medida humanitaria que les permita cumplir el resto de la condena, que básicamente significa el resto de su vida, en su casa”, concluyó.
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