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DDHH Olvidados | José Gregorio Pérez: 50 días preso en un comando policial

Diego Casanova, hermano de José Gregorio, cree que la detención de su hermano, así como la de muchas otras personas de bajos recursos, son una respuesta en “venganza” del gobierno de Maduro por no haber recibido el apoyo esperado en los sectores populares en las elecciones presidenciales

José Gregorio Pérez
Redacción Runrun.es
Hace 3 meses

En Venezuela hay más de 1 800 presos políticos, según cifras del Foro Penal Venezolano. Uno de esos es José Gregorio Pérez, quien vive en Charallave, estado Miranda y es una de las personas detenidas en el contexto de la represión poselectoral.

El lunes 29 de julio, un día después de las elecciones presidenciales, en las que se declaró a Nicolás Maduro como el vencedor -resultado cuestionado por la oposición y parte de la comunidad internacional- José Gregorio fue detenido por sujetos encapuchados, presuntamente colectivos, portando armas largas en conjunto con la policía municipal de Charallave cuando regresaba a su casa después de una jornada de trabajo.

Según Diego Casanova, hermano de Pérez, a su pariente lo acusaron de supuestamente lanzar piedras a una sede del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). Pero él lo desmiente. Su hermano dice que es una víctima de la “política represiva” del gobierno de Nicolás Maduro contra los sectores populares del país que no apoyaron al oficialismo en las elecciones presidenciales.

“Todos sabemos lo que pasó el 28 y cómo a partir de los resultados el gobierno desató una lanza represiva contra los sectores populares del país. Activó un operativo de revancha contra los más pobres en venganza por esa decisión”, relató Casanova en un live de Instagram de la cuenta ConVzla Mundo.

 
 
 
 
 
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José Gregorio lleva más de 50 días recluido en un comando policial. Según la ONG Una Ventana a la Libertad, por diferentes factores como la clausura de penales, retraso en la construcción de nuevos centros de reclusión, entre otros; han convertido a los centros de detención preventiva en lugares que acogen de forma indefinida a los presos, cuando allí no deberían pasar más de 48 horas recluidos.

Esos lugares no cuentan con condiciones de salubridad adecuadas y además, presentan una falta de alimentos que han afectado el derecho a la vida y a la salud de los privados de libertad.

Familia de bajos recursos

José Gregorio tiene 26 años y vive en el barrio La Colmena, un sector pobre de Charallave. No es una persona conflictiva, por el contrario, solo se dedica a trabajar como jardinero y el día en que lo detuvieron iba de regreso a su casa después de hacer unas compras tras salir de su jornada laboral.

Diego señala que su hermano fue detenido sin ninguna mediación cuando iba a pasar por un puente. Dice que su familia es de escasos recursos y tiene que llevarle comida diariamente al Comando de la Policía Municipal de Cristóbal Rojas en Charallave, donde está detenido.

“Hemos vivido un calvario y mi familia no tiene los recursos suficientes para garantizar la alimentación diaria de un preso. Es difícil porque hay que llevar desayuno, almuerzo, cena y agua”, relató su hermano.

Además, a la familia de José Gregorio solo les permiten visitarlo una vez a la semana y durante apenas una hora. Pero a veces también suspenden las visitas sin ninguna razón.

La familia de José Gregorio logró verlo el 10 de agosto de 2024, más de 10 días después de haber sido detenido.

El alcalde de Charallave lo habría golpeado

Durante una asamblea de familiares de presos políticos realizada en días pasados, Diego Casanova denunció que después que su hermano fue detenido, el alcalde de Charallave lo golpeó.

“Cuando llega al comando policial, el mismo alcalde, me comenta él, es quien lo golpea. Le da una cachetada y le dice que quién le pagó”, relató Diego.

 

Diego defiende DDHH, ahora los de su hermano preso

“Mi hermano no es terrorista, ninguno de los presos políticos lo es. Todos son inocentes. Esa es la verdad”, dice parte de una publicación de Diego en su cuenta de Instagram. Él es activista de derechos humanos, pero ahora le ha tocado vivir en carne propia la defensa de un familiar que ha sido apresado de forma arbitraria.

 
 
 
 
 
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“Nosotros entendemos que eso busca quebrarnos, amedrentarnos moralmente para que dejemos de exigir que se cumpla el mandato que la gente emitió de forma soberana”, comentó. 

Diego denunció también que en el caso de su hermano José Gregorio, así como de muchos presos políticos, no se respeta el debido proceso. A pesar de que ha insistido en tener un abogado de confianza, no se lo han permitido.

“La Fiscalía no tiene ninguna evidencia, incluso la Defensa Pública nos lo ha hecho saber. Ellos tienen un desastre. Ni siquiera tienen un registro de todos los casos. Han instaurado la política de audiencias telemáticas. Hacen audiencias a diestra y siniestra incluso contra quien esté en el momento y lugar equivocado”, dijo Diego.

Aunque ya Diego se dedicaba a la defensa de DDHH, después de la detención de su hermano no deja de acudir a asambleas y concentraciones para pedir la liberación de José Gregorio y de todos los presos políticos víctimas de la represión poselectoral.

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