En un espacio que originalmente estaba destinado a la construcción de un minicentro comercial —y que quedó en obra gris, sin terminar— habita Adriana González* con sus cuatro hijos. Lo que comenzó como una solución temporal en 2019 se convirtió en un albergue permanente, en donde comparte cocina y baños con al menos 80 familias más.
Antes de los sismos del pasado 24 de junio, Adriana y las demás familias del refugio vivían en cubículos separados por láminas plásticas. Tras el doblete sísmico, varias paredes del refugio se cayeron y los dejaron expuestos en espacios que representan un riesgo para todos.
Ahora, Adriana pasa sus días en un salón donde permanecen los que resultaron más afectados por el colapso de las paredes. Duerme en colchonetas muy delgadas que le generan mucho dolor en la espalda y las caderas.
“Estoy refugiada en el mismo refugio y sin nada”, dijo. Su voz no transmite resignación, sino mucho agotamiento, porque la última década de su vida la ha vivido de “refugio en refugio”.
Adriana narró que, antes de llegar al refugio en La Florida, vivió en el Hotel Liana, ubicado en Plaza Venezuela. Allí trabajó como personal de limpieza y de apoyo en asuntos logísticos. Cuando salió del hotel, su antiguo jefe le facilitó el ingreso al albergue.
Desde entonces, su vida transcurre entre adultos, adolescentes, niños y ancianos, porque —asegura— la situación económica del país no le ha permitido comprarse “aunque sea un ranchito”.
Adriana describe una rutina marcada por la falta de privacidad, el hacinamiento y las fallas en el servicio de agua potable. Se siente incómoda, pero respira profundo y sigue porque no tiene familia a la cual acudir y tampoco un trabajo que le permita alquilar un espacio para ella y sus cuatro hijos.
Vulneración del derecho a la vivienda
Lo que vive Adriana no es un caso aislado. En Venezuela, miles de familias permanecen en refugios improvisados desde hace más de una década. Luego de las intensas lluvias de 2010 en La Guaira, el Estado prometió soluciones habitacionales para todos. Aun así, muchos tienen más de 15 años de espera.
Ahora, con la emergencia nacional por los terremotos, la deuda habitacional del Estado se acumula y crece, afirmó el general retirado Antonio Rivero, quien hasta 2008 fue director Nacional de Protección Civil en Venezuela.
“El panorama es más que sombrío para los que ya estaban refugiados antes de los terremotos”, sostuvo Rivero. El experto en gestión de desastres no avizora un futuro que satisfaga los requerimientos de vivienda de estas personas si el país sigue en manos del oficialismo.
De acuerdo con Rivero, la permanencia prolongada en refugios improvisados es una “clara señal” de que el Estado no ha cumplido con la obligación establecida en la Constitución de garantizar una vivienda digna.
Según las leyes venezolanas, dormir en el piso, vivir en hacinamiento y sin condiciones mínimas de habitabilidad y salubridad constituye una violación directa de los derechos humanos.
Venezuela forma parte del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Pidesc) el cual obliga al Estado a garantizar a todos sus ciudadanos el derecho a una vivienda digna y a adoptar las medidas necesarias para evitar condiciones infrahumanas.
Estándares internacionales como el Manual Esfera, y los principios de la ONU y ACNUR, exigen que la estadía de personas en refugios debe ser corta. Asimismo, señalan que estos deben ser espacios seguros especialmente para mujeres y niños para evitar el riesgo de violencia y abusos.
“Venezuela puede reconstruirse”
El exdirector de Protección Civil afirmó que los desastres ocasionados por los dos terremotos fueron de gravedad. Sin embargo, aseguró que con una buena gestión “Venezuela puede reconstruirse”.
Conforme a sus cálculos, el doblete sísmico puede dejar entre 50 000 y 100 000 familias damnificadas, lo que significa unas 250 000 a 300 000 personas. Aseguró que en un país en condiciones normales se puede construir esa cantidad de viviendas en un año.
Citó como ejemplo el primer gobierno de Rafael Caldera, que prometió 100 000 viviendas en un año, meta que no solo alcanzó, sino que superó en sus últimos años de gestión.
“Es posible reconstruir La Guaira, zonas de Caracas y otros estados que hayan resultado afectados por los terremotos del 24 de junio. En otros países donde han ocurrido desastres similares —Perú, Chile e islas devastadas por huracanes— se han levantado y se han recuperado al 100 %”, recalcó.
A juicio de Rivero, la raíz del problema en Venezuela es la corrupción, la falta de planificación y de estudios técnicos adecuados en materia de planificación y gestión de riesgos.
“En Vargas no se debe volver a construir nunca más de la manera como se hizo. En Caracas tampoco. Ningún conjunto habitacional debería levantarse sin un estudio microsísmico de suelo. De lo contrario, se repite el riesgo de una emergencia de magnitudes similares y hasta peores”, advirtió.
Mientras tanto, Adriana no aspira a una casa nueva ni a un apartamento por estrenar. Ella solo pide un lugar para ella y sus hijos en donde no tenga que compartir paredes improvisadas y baños comunes con decenas de personas.
A pesar de las dificultades, Adriana agradece por el lugar que la ha cobijado durante casi siete años, pero aún así no pierde la fe en que algún día pueda salir de ahí y tener una vivienda adecuada, segura, cómoda, higiénica y con servicios básicos esenciales, como lo establece la Constitución en el artículo 82.
*La identidad de Adriana González fue cambiada para protegerla de posibles represalias en su contra.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
