130 casos de violaciones a la libertad de expresión reportó el Instituto Prensa y Sociedad (Ipys) entre enero y octubre de 2025.
De acuerdo a la ONG, las agresiones más frecuentes fueron hostigamiento y amenazas (29), discurso estigmatizante (19), detenciones arbitrarias (14), restricciones en internet (33) y limitaciones de acceso a la información pública (15).
“Esto refleja el deterioro sostenido de las condiciones para ejercer el periodismo y el impacto directo de la impunidad en la labor informativa”, escribió Ipys en X.
La organización expresó que detrás de cada cifra existe un intento “por silenciar una verdad incómoda” y por desalentar la vigilancia ciudadana sobre el poder.
“La falta de sanciones judiciales ha consolidado un círculo de impunidad en el que los agresores no son procesados, las víctimas no son reparadas y la sociedad se acostumbra al silencio”.
Ipys indicó que el escenario contribuye a un clima de miedo e indefensión que vulnera no solo a los periodistas, sino también el derecho colectivo de los ciudadanos a estar informados.
De acuerdo a Ipys, actualmente hay 18 miembros de los medios de comunicación detenidos, aunque otras organizaciones ubican esta cifra en 22, sin contabilizar al periodista Joan Camargo, quien fue secuestrado por hombres sin identificación el pasado jueves 30 de octubre cuando salía de su residencia en Caracas y hasta el momento se desconoce su paradero.
Según Ipys, al menos en nueve casos de los documentados no ha habido procesamiento oficial alguno sobre el paradero ni los procesos judiciales abiertos.
“Estas detenciones prolongadas, sin información ni garantías procesales, configuran un patrón de desapariciones forzadas y encarcelamientos de carácter político que busca disciplinar y castigar el ejercicio informativo”, expuso la organización.
En 2024, la ONG documentó 383 casos de violaciones a las garantías informativas en Venezuela, lo que representó un aumento del 64,4% en comparación con 2023.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
