La directora de Transparencia Venezuela, Mercedes De Freitas, advierte sobre la incredulidad que genera el actual operativo del Gobierno, que desató una ola de detenciones de funcionarios, miembros del TSJ y empresarios
La directora ejecutiva de la ONG Transparencia Venezuela, Mercedes De Freitas, calificó de fatal el inicio del operativo anticorrupción, que desde el 17 de marzo ejecuta el Gobierno con el Cuerpo Nacional Anticorrupción, la policía de ese aparato institucional, y el Ministerio Público, en el que suma 51 personas detenidas. Advierte De Freitas que en el proceso prevalece la opacidad acerca de las investigaciones.
Las apariciones del fiscal general de la República designado por la extinta Asamblea Nacional Constituyente del oficialismo, Tarek William Saab, que dejan preguntas y dudas por encima de certezas, así como la ausencia de información detallada por parte de la Contraloría General, conforman un panorama que no se corresponde con un proceso de genuina transparencia y contrapesos, de acuerdo con De Freitas.
«Lo que vemos comenzó mal, fatal, porque hay preguntas importantes sin respuestas. ¿Son 3.000 millones que desaparecieron? ¿Son más de 20.000 millones? En cualquier caso estamos hablando de mucho dinero, montos extraordinarios. ¿Dónde está el contralor? ¿Qué hace la Asamblea Nacional? No hay información, credibilidad ni coherencia, solo opacidad», dijo a El Pitazo De Freitas, vía telefónica.
De acuerdo con lo informado por Saab, son 31 tramas de corrupción las develadas por el Ministerio Público. La más reciente, que forzó la renuncia del ahora exministro de Petróleo, Tareck El Aissami, quien también presidió la Comisión Presidencial Alí Rodríguez Araque en Pdvsa, incluye un supuesto esquema implementado con la Superintendencia Nacional de Criptoactivos (Sunacrip) para asignar cargamentos de crudo sin control alguno.
Según lo precisado por De Freitas, Transparencia Venezuela totaliza en los últimos años 35 casos de corrupción en Pdvsa, empresa estatal acerca de la que la ONG advirtió sobre un diseño de políticas que propiciaron conflicto de intereses y la dispersión de competencia.
«¿Se está investigando al exministro Tareck El Aissami? ¿Se están revisando los contratos públicos suscritos por los funcionarios involucrados? ¿Cuál es el tamaño del patrimonio comprometido? Esa información debe ser pública, porque, de lo contrario, es muy difícil creer que el Gobierno tiene intenciones de luchar contra la corrupción«, agregó De Freitas.
A los recientes hechos que involucran la supuesta desaparición de 3.000 millones de dólares del ingreso petrolero, también se suman las irregularidades en los cobros de intermediarios de Pdvsa por hasta 25.000 millones de dólares, según reporte de la agencia Reuters.
La ruta de la corrupción
A finales de enero, Transparencia Internacional difundió su Índice de Percepción de Corrupción, en el que Venezuela ocupa un lugar entre los cuatro países más corruptos del mundo, junto con Siria, Somalia y Sudan del Sur.
Tras la renuncia del El Aissami, el gobernante Nicolás Maduro designó como nuevo ministro de Petróleo al actual titular de la estatal de hidrocarburos, Pedro Tellechea.
Una vez más, el doble rol en una sola persona -como lo fue durante la gestión Rafael Ramírez o Eulogio Del Pino-, de acuerdo con De Freitas, es una acción que propicia incentivos para la corrupción. «Eso impide, entre otras cosas, la supervisión necesaria para evitar conflicto de intereses y la discrecionalidad en una empresa pública».
Transparencia Venezuela identificó 960 empresas a cargo del Estado, una situación inédita en la región, de acuerdo con De Freitas.
«Es un Estado con una cantidad importante de recursos sin protección, porque el patrón que hemos detectado es uno en el que las decisiones son discrecionales, sin formalizaciones. La misma Ley de Contrataciones Públicas se ha reformado en varias oportunidades para ampliar excepciones a las licitaciones, lo que supone una oportunidad infinita de corrupción. Todo eso sin rendición de cuentas», explicó De Freitas.
La era «roja rojita» de Pdvsa
En su más reciente rueda de prensa, Saab se refirió a Rafael Ramírez, exministro de Petróleo y extitular de Pdvsa durante 12 años en las administraciones de Hugo Chávez, y a quien investigan en Estados Unidos sobre el presunto cobro de sobornos a proveedores de la industria petrolera.
Saab precisó que el Ministerio Público vincula a Ramírez en al menos 10 tramas de corrupción, a lo que el exfuncionario chavista -conocido por su lema de la «Pdvsa roja rojita»- calificó en Twitter de refritos los señalamientos de Saab.
Saab precisó que el Ministerio Público vincula a Ramírez en al menos 10 tramas de corrupción, a lo que el exfuncionario chavista -conocido por su lema de la «Pdvsa roja rojita»- calificó en Twitter de refritos los señalamientos de Saab.
Transparencia Venezuela precisa un registro de 127 casos de presunta corrupción o manejo irregular de recursos públicos en Pdvsa o en alguna de sus filiales, que comprometieron más 42.000.000.000 de dólares del patrimonio público de Venezuela en los últimos 20 años.
«Rafael Ramírez tiene mucho que explicar porque todo el sistema actual, los procedimientos, cambios de normativas, fondos paralelos, entre muchas otras cosas, las controló él. Toda esta debilidad institucional, que generó riesgos para el país y corrupción, es también responsabilidad de Rafael Ramírez», añadió De Freitas.
De acuerdo con lo precisado por De Freitas, de los 35 casos de corrupción en Pdvsa que totaliza Transparencia Venezuela, 7 corresponden a la gestión de Rafael Ramírez.
¿Y el caso Odebrecht?
Transparencia Venezuela totaliza 33 obras contratadas por el Gobierno a la constructora de Brasil, Odebrecht, entre 1999 y 2013, de las que solo 9 se completaron.
La compañía carioca protagonizó el mayor escándalo de corrupción en la región por el pago de sobornos en al menos nueve de los países de sus operaciones en la región, situación que provocó una ola de investigaciones y procesos judiciales en la mayoría de esas naciones. Venezuela es la excepción.
De acuerdo con Transparencia Venezuela, en 20 de los contratos con Odebrecht el monto manejado es de al menos 29.974 millones de dólares. Según la ONG, Odebrecht tenía como pauta pagos de sobornos de entre 3 % y 5 % sobre el monto total de cada contrato, por lo que la cifra de sobornos en Venezuela podría ser de al menos 1.300 millones de dólares.
«La ejecución física de las obras de Odebrecht es mínima, muy baja, pero al evaluar lo financiero es casi total el registro. ¿Dónde está ese dinero? ¿Qué pasa con esa investigación?», añadió De Freitas.
Según Transparencia Venezuela, desde enero de 2010 todos los organismos de Gobierno nacional dejaron de publicar reportes de gasto público.
Cooperación internacional
De Freitas advierte sobre la incredulidad que genera el actual operativo del Gobierno, que desató una ola de detenciones de funcionarios, miembros del TSJ y empresarios. La representante de Transparencia Venezuela plantea que el Gobierno, si tiene una disposición genuina, puede apelar al apoyo internacional ante la magnitud de los niveles de corrupción.
«Para poder avanzar en la lucha contra la corrupción, si es el objetivo real, el Gobierno debe publicar toda la información que tiene en su poder», resaltó De Freitas.
En 2021, Transparencia Venezuela presentó una propuesta para el rescate de las empresas propiedad del Estado, al menos 900, mediante un proceso de gobernanza bajo estándares internacionales.
«Esa propuesta está más vigente que nunca hoy. Lo que se define como gobernanza es, en esencia, el seguimiento de las normas y procesos avalados internacionalmente que debe cumplir una empresa pública en su gestión para toma de decisiones: cómo rendir cuentas, con qué periodos; necesidad de informar; cómo contratar obras, eliminación de conflicto de intereses, prohibición de contratación de familiares, entre otros aspectos básicos», detalló De Freitas.
La directora de Transparencia Venezuela enfatiza cuatro acciones fundamentales en el contexto de un proceso contra la corrupción: que el Gobierno publique toda la información vinculada con el manejo de empresas relacionadas con investigaciones por irregularidades, separación de conflicto de interés; interpelaciones y garantizar que las instituciones competentes, como el Parlamento y Contraloría, cumplan con sus mandatos.
«Todo comenzó mal. No estamos en ese camino, en la ruta correcta, pero se puede estar allí si de verdad el Gobierno quiere luchar contra la corrupción. Veremos hasta dónde están dispuestos a llegar», concluyó De Freitas.
