A juicio de la ONG, dicho instrumento se perfila como un intento por frenar las averiguaciones que la Fiscalía de la CPI

La ONG Acceso a la Justicia cuestionó la efectividad y real independencia de una comisión para la investigación de violaciones de derechos humanos, creada mediante una ley por la Asamblea Nacional electa en 2020, debido a su conformación y capacidad para llevar a cabo su labor.

La Ley de la Comisión para la Garantía de Justicia y Reparación de las Víctimas de Delitos contra los Derechos Humanos aprobado en diciembre de 2021 es un texto que, según el Parlamento, tiene la “finalidad de promover el respeto, garantía y protección de los DD HH de todas las personas en condiciones de igualdad y sin discriminación”.

A juicio de Acceso a la Justicia, dicho instrumento se perfila “como un intento por frenar las averiguaciones que la Fiscalía de la CPI viene adelantando en el caso venezolano”, al crear una Comisión de Justicia y Reparación que, aparentemente, tiene la misión de ayudar al esclarecimiento de los crímenes de lesa humanidad ocurridos en el país y proponer medidas para reparar a los afectados.

“Una revisión del texto arroja dudas sobre la capacidad de la comisión para llevar a cabo su labor y hace temer que la misma no sea más que una simulación de justicia y un nuevo organismo burocrático”, aseguró la ONG en un análisis de esta ley.

Respecto a la independencia de dicha instancia, Acceso a la Justicia cuestiona “la gran injerencia” que tendrá la Asamblea Nacional, mayoritariamente oficialista, sobre el nombramiento de los integrantes de la comisión, incluyendo a su presidente.

La comisión deberá estar integrada por siete personas, dos de ellos diputado y el resto de organizaciones o movimientos en defensa de los derechos humanos. “Habrá que ver si esto sucede en la realidad, porque por lo general el Gobierno venezolano no trabaja con organizaciones no gubernamentales (ONG) reconocidas ni con defensores de derechos humanos independientes, y menos aún toma en cuenta sus recomendaciones”.

Acceso a la Justicia también refirió la poca claridad en las funciones y su propia naturaleza. La comisión podrá “estudiar, evaluar y verificar el funcionamiento de la justicia”, además de investigar presuntos delitos “contra los derechos humanos que impliquen afectaciones a la dignidad humana, vida, integridad personal física, psíquica y moral, libertad personal y libertad de conciencia, pensamiento y opinión”.

Para la ONG esto forma parte de un ensayo de justicia transicional que no cumple con estándares internacionales. “Si se pone en marcha un mecanismo alternativo de justicia transicional el mismo debería ser producto de un consenso con la sociedad civil y no como ocurrió en este caso, que ni siquiera la ley que lo crea fue sometida a debate público para su conocimiento y discusión en la población venezolana”.