El proceso no se ajustó a los estándares internacionales

Las condiciones en las que se celebraron las «megalecciones» del pasado 21 de noviembre representan un avance en comparación con las parlamentarias de 2020 y las presidenciales de 2018. Sin embargo, el proceso en el que se eligió a los 23 gobernadores y los 335 alcaldes, así como decenas de diputados regionales y cientos de concejales no se ajustó plenamente a los estándares internacionales en la materia; por el contrario, en él quedaron patentes las deficiencias estructurales que padece el sistema electoral venezolano que el Consejo Nacional Electoral (CNE) fue incapaz de subsanar. La denuncia la formuló la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE-UE) en su informe preliminar sobre el proceso, presentado el 23 de noviembre por la jefe del grupo de la UE, la eurodiputada portuguesa Isabel Santos.

En el informe se lee lo siguiente:

«Entre las deficiencias se encuentran decisiones judiciales ampliamente criticadas que han afectado a la igualdad de condiciones al sustituir a los comités ejecutivos de algunos partidos y entregar sus tarjetas electorales a facciones internas que las utilizaron para presentarse a las elecciones. Además, se mantiene la inhabilitación política arbitraria de candidatos de la oposición, el extendido uso de recursos del Estado en la campaña y un acceso desigual a los medios de comunicación».

Desde 2012 el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) interviene partidos políticos opositores o disidentes del chavismo y designa al frente de estos a personas cercanas al Gobierno. Esta práctica no solo atenta contra el pluralismo político, como lo ha denunciado Acceso a la Justicia, sino que además le ha permitido al oficialismo hacerse con más tarjetas en la boleta electoral.

Por su parte, ante la cercanía de un proceso electoral la Contraloría General de la República vuelve a ejercer la potestad que le confiere el artículo 105 de su ley, para inhabilitar para el ejercicio de funciones públicas a competidores del chavismo y así despejar el camino para triunfos en las urnas. El uso de ambas estrategias siembra dudas sobre la transparencia y legitimidad de los procesos comiciales.

Ventajismo descarado

La Misión de la UE constató que durante la campaña electoral la línea que divide al Gobierno y al partido en el poder continúa siendo muy difusa, por no decir inexistente.

«La campaña del partido gobernante fue predominante en todo el país, y contó con una base movilizada y en algunos casos con la participación de funcionarios públicos”, reportó el grupo observador, al tiempo que admitió que “el acceso privilegiado al combustible, así como el amplio uso de recursos del Estado, la entrega de bienes, como paquetes de alimentos, bombonas de gas o bombas de agua, afectaron a la igualdad de condiciones».

Lo anterior a pesar de que el artículo 13 de la Ley contra la Corrupción es muy claro al señalar:

«Los funcionarios y empleados públicos están al servicio del Estado, no de parcialidad política o económica alguna. En consecuencia, no podrán destinar el uso de los bienes públicos o los recursos que integran el patrimonio público para favorecer a partidos o proyectos políticos o a intereses económicos particulares».

Por su parte, el artículo 70 de la misma ley sanciona con entre uno y tres años de cárcel al funcionario que utilice fondos públicos para «favorecer o perjudicar electoralmente a un candidato».

Otro espacio en el cual el ventajismo a favor del Gobierno quedó claro fue en la cobertura mediática. Al respecto, el grupo de observadores señaló:

«El monitoreo de medios de la MOE-UE muestra que la cobertura del partido gobernante fue dominante y desproporcionadamente favorable en la televisión estatal, y muy significativa en las emisoras monitoreadas de radio y televisión privadas. Más allá de la cobertura desequilibrada, la presencia constante del vicepresidente del PSUV (Diosdado Cabello) en los medios de comunicación estatales, en los cuales dirigió encendidos ataques contra opositores políticos, e incluso contra un rector del CNE, va en contra de los estándares internacionales de cobertura imparcial de los medios de comunicación estatales durante los períodos electorales».

Pese a que en líneas generales valoró positivamente el trabajo del organismo comicial, en especial por establecer numerosas auditorías al sistema automatizado de votación, la MOE-UE denunció su omisión a la hora de castigar el uso de los recursos públicos para favorecer a un candidato. «En la práctica, el CNE no sancionó las violaciones a las normas de campaña y el uso de recursos del Estado», se quejó, no sin antes revelar que sus observadores constataron que en veinte estados el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) empleó fondos y bienes de gobernaciones u organismos nacionales para apoyar las aspiraciones de sus candidatos a gobernadores, alcaldes, diputados regionales y ediles.

En esta ocasión algunos aspirantes no tuvieron empacho de utilizar la vacunación contra la COVID-19 para sus propios fines. «También se utilizaron las vacunaciones con fines de campaña en tres estados», reportó la Misión.

Pese a los señalamientos, hasta el momento el árbitro no ha tomado medidas respecto de esos ilícitos contra el patrimonio público ni tampoco le ha pedido al Ministerio Público y a la Contraloría adoptarlas como corresponde según el ordenamiento jurídico vigente en el país.

Coerción y control

Como si tener a todo el aparato estatal de su lado no fuera suficiente, el oficialismo también volvió a recurrir a la coacción y al control social. Así, los observadores reportaron que en 23% de los actos de campaña del PSUV que monitorearon documentaron cómo las personas eran presionadas para estar presentes.

Por su parte, el día de la votación los polémicos puntos rojos volvieron a estar presentes, pese a la prohibición del árbitro. «En 150 de las 518 mesas electorales (29 por ciento) observadas durante la votación, se reportaron problemas en torno al centro de votación, principalmente puntos rojos (22 por ciento)», figura en el informe preliminar.

Los puntos rojos vienen siendo utilizados por el oficialismo como mecanismo de control social en las elecciones, pues si los electores desean continuar beneficiándose de programas, como las polémicas bolsas de alimentos que distribuyen los Comités Locales de Planificación Local (CLAP) o los bonos que regularmente el Gobierno otorga mediante el llamado Carnet de la Patria, deben pasar por ellos antes de ir a votar para registrar su asistencia al proceso.

No hay que olvidar que durante la campaña para las pasadas elecciones parlamentarias, cuyos resultados no fueron reconocidos por buena parte de la comunidad internacional, el ahora diputado Diosdado Cabello llegó a decir: «Hay que ir a votar, porque el que no vota no come. Para el que no vote o hay comida. ¡El que no vote no come, se le aplica una cuarentena!».

Letra muerta

La MOE-UE constató además graves incumplimientos no solo a disposiciones dictadas por el CNE con relación a la paridad entre hombres y mujeres, sino también a mandatos constitucionales como el voto directo.

Los rectores electorales mantuvieron la decisión de sus predecesores de denunciar para el caso de la representación indígena una votación de segundo grado, lo que va a contrasentido de lo dispuesto en el artículo 63 de la Carta Magna, el cual reza que «El sufragio es un derecho. Se ejercerá mediante votaciones libres, universales, directas y secretas. La ley garantizará el principio de la personalización del sufragio y la representación proporcional».          

El 26 de noviembre, cinco días después que el resto de los venezolanos, 4.334 voceros indígenas eligieron a sus representantes en los consejos estadales y municipales en ocho estados.