Familiares denuncian que los presos no tienen acceso a la comida 

El Centro Penitenciario Región Centro Oriental, mejor conocido como la cárcel de El Dorado en el estado Bolívar, es una prisión que durante años ha sido utilizada como una especie de castigo, tanto para los 1.400 privados de libertad que permanecen en este centro penitenciario como para los familiares, cuya visita se convierte en una verdadera travesía.

La cárcel de El Dorado tiene tres áreas clasificadas en: La Casa Amarilla, Precursores y Máxima Seguridad, cuyas condiciones son totalmente precarias e inhumanas.

En ese sentido, los familiares de los privados de libertad denunciaron al Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) que no tienen comida, por lo que su alimentación diaria está basada en bolas de harina cocida, arepa o yuca. Desde hace mucho tiempo no consumen proteínas ni frutas, las cuales deben ser provistas por el Ministerio de Servicio Penitenciario.

Aunque existe permiso para que los familiares les lleven algunos alimentos crudos, no todos los privados de libertad los reciben porque las visitas son limitadas.

No se trata de que los familiares no quieran ir sino que los gastos en pasaje tan solo en el estado Bolívar superan los 60 dólares, aunado a ello deben sumar el costo de la estadía por noche que está entre 10 y 20 dólares y por lo general pernoctan dos noches en el pueblo.

De la misma forma se debe tomar en cuenta que las visitantes son mujeres que deben cargar con muchos paquetes o maletas, y la mayoría son personas de la tercera edad.

Sumado a ello, gran parte de los familiares viajan desde otros estados porque muchos presos no son oriundos del estado Bolívar, por lo que los gastos en pasajes pueden superar los 200 dólares.

En otro orden de ideas, los seres queridos de los reclusos de El Dorado relataron al equipo del OVP que siguen consumiendo agua del río Cuyuní, la cual no es apta para el consumo humano.

No tienen acceso a asistencia médica y, por si fuera poco, son comunes los casos de tuberculosis y paludismo. Asimismo, hay casos de desnutrición extrema, muchos presentan enfermedades estomacales y de piel.

Son muchos los presos que se automedican con lo poco a lo que tienen acceso, o simplemente transitan la enfermedad sin ningún tipo de atención, solo con la ayuda que le brindan sus compañeros de celda.

No hay traslados 

Otra de las graves situaciones que viven los presos de El Dorado es la nula atención por parte de los órganos de justicia. Aunque muchos de los reclusos están penados, no existe un seguimiento por parte de los jueces de ejecución a sus casos y, según contaron los familiares a OVP, en ese penal parecen no existir las redenciones ni los estudios.

De igual manera, denunciaron que los traslados a los tribunales no se dan porque “no hay gasolina”  y cuando se ha dispuesto que se haga a través de la modalidad de telemática (conectarse con los jueces vía internet) se les indica que no hay servicio o señal, entonces el retardo procesal continúa.

Por su parte, los presos foráneos han solicitado ante el Ministerio de Servicio Penitenciario su traslado a sus estados donde está la causa de origen, pero nunca reciben respuestas.

Para los presos venezolanos, caer en El Dorado es un castigo del que no saben si saldrán con vida.

Desde hace cinco meses que se han visto afectados por el colapso de las cloacas

Desde hace cinco meses los presos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) de Puerto La Cruz, estado Anzoátegui, tienen problemas con las tuberías de agua negras.

Según le explicaron al equipo del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), las cloacas se desbordaron y los baños tuvieron que ser clausurados, por lo que 42 privados de libertad divididos en dos celdas, 22 hombres en una y 20 en otra –  tienen que defecar en bolsas plásticas.

En este punto es importante destacar que estas celdas tienen una capacidad máxima de hasta seis personas, por lo que el hacinamiento al que sobreviven estas personas es realmente crítico.

En ese sentido, algunos familiares le relataron al OVP que los presos usan las sábanas colgadas de los barrotes para crear una especie de hamacas, otros duermen en el piso y además deben soportar el hedor de las cloacas en un espacio que ni siquiera tiene ventilación.

“Desde hace cinco meses que se han visto afectados con el colapso de las cloacas. Hay brotes de escabiosis, diarrea y gripe que tampoco sabemos si se trata de Covid porque no son atendidos por un médico. Si alguno se enferma, lo automedicamos, le pasamos pastillas para paliar los síntomas pero nunca reciben atención médica”.

Asimismo se conoció que los más afectados son los hombres, porque 8 mujeres que están en una tercera celda tienen acceso a un baño afuera,  a modo de recompensa por limpiar las oficinas del CICPC.

En el mes de abril los privados de libertad hicieron una huelga de hambre que fue denunciada por OVP para exigir el arreglo de las cloacas, dicho problema fue escuchado y solventado. Sin embargo, se trató de un pañito de agua tibia que a los pocos días volvió a generar el colapso de los baños.

“A los cuerpos de seguridad no les importa el bienestar ni las condiciones de los privados de libertad, pero a nosotros sí porque vemos como nuestros familiares sufren y se enferman”, manifestaron al equipo de OVP.

Sin traslado y maltratados 

Familiares de los detenidos en CICPC Puerto La Cruz aprovecharon para denunciar que en esos calabozos lo que prevalece es el retardo procesal.

Los presos no son trasladados a tribunales y, aunque las boletas llegan a la sede, supuestamente son desaparecidas por los funcionarios para no hacer los traslados.

De la misma forma denunciaron que cuentan con muy poco tiempo para las visitas, pues solo les dan cinco minutos para ver a su ser querido.

Por último, OVP pudo conocer que además de los maltratos sufridos por parte de los funcionarios, dentro de las celdas se está instaurando una especie de pranato.

Se trata de dos presos, que son identificados como primero y segundo al mando, quienes hasta ahora no han exigido el pago de “causa” (tarifa extorsiva impuesta por los pranes), pero si han impuesto algunas reglas que deben cumplir a cabalidad o de lo contrario serán golpeados brutalmente por el resto de los reos.

Para la ONG, el instrumento más importante para lograr buenos resultados es el personal administrativo, técnico y de seguridad

El director del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), Humberto Prado, se reunió con investigadores expertos en materia criminal y penitenciaria, con el objetivo de presentar un diagnóstico del estado de las cárceles venezolanas y posteriormente idear un plan con soluciones concretas.

En ese sentido, Prado aseguró que para erradicar la corrupción, la impunidad, las violaciones de derechos humanos y restablecer el estado de derecho en las cárceles del país, se necesita voluntad política para aplicar la ley de manera implacable y capacitar dignamente al personal.

“Las cárceles son mercados de la miseria humana, donde se ha puesto bajo tarifa todo: la vida, la integridad, el alimento, el sexo y la esperanza de un futuro mejor”, sentenció Prado.

Sin embargo, el también exdirector de la Cárcel de Yare I y II consideró posible mejorar el panorama si el personal es debidamente capacitado y se logra establecer una verdadera profesión penitenciaria.

Prado añadió que el instrumento más importante para lograr buenos resultados es el personal administrativo, técnico y de seguridad, desde el director hasta el funcionario más modesto. Esto es muy importante porque finalmente son los custodios quienes tienen contacto cotidiano con los presos.

Asimismo, se requiere de una personalidad adecuada, tanto para ser custodio como director de una prisión. En tanto, el director de OVP advirtió que “estos cargos son muy resbaladizos, tentadores, peligrosos, por lo general no están bien pagados ni suficientemente protegidos”.

Vale recordar que desde hace 19 años, desde el Observatorio Venezolano de Prisiones, se han denunciado de manera constante los problemas que aquejan a los presos, así como también se han brindado soluciones que el Estado venezolano lamentablemente no está interesado en adoptar para resolver la grave crisis penitenciaria en todo el territorio nacional.

En el recinto hay espacios de entretenimiento como discoteca o piscina, además de una granja con animales.

En el Internado Judicial de Ciudad Bolívar, conocida como cárcel de Vista Hermosa en el estado Bolívar, sobreviven alrededor de 1.790 privados de libertad.

De esta población, al menos unos 400 hombres son rechazados por el Pran (líder de la cárcel), quien tiene el control de la cárcel con sus propias reglas y normas, las cuales deben ser respetadas por el resto de la población penitenciaria para mantener su integridad física.

El equipo del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) pudo conocer que en este recinto hay espacios de entretenimiento como discoteca o piscina, además de una granja con animales. Es tal cual una ciudad, incluso con restaurantes y bodegas donde venden alimentos.

Para que estas comodidades puedan seguir en funcionamiento y reciban mantenimiento, el Pran cobra una “causa” semanal de 350 bolívares o 20 dólares en efectivo. Si los presos quieren pagar por transferencia o pago móvil, entonces el monto es el doble.

En tanto, los presos que no paguen la “causa” son castigados. Los someten y encierran en un cuarto hasta que paguen y, en caso de no hacerlo, son expulsados al área donde se encuentran los “manchados”.

Los presos que son denominados como “manchados” deben dormir a la intemperie. Se encuentran cerca de las puertas del penal, no tienen derecho a recorrer las instalaciones, ni recibir visitas y muchos comen de la basura.

Según lo que explicaron al equipo de OVP, en esta área anteriormente estaban al menos 100 reclusos que no podían pagar la “causa”. Muchos son foráneos y no cuentan ni siquiera con la visita de su familia, pero la situación económica ha llevado a que al menos 400 presos no tengan dinero para pagar este monto extorsivo impuesto por el Pran y, por ende, fueron expulsados.

Los familiares de los presos pueden llevar alimentos diarios, pero la gran mayoría no tienen dinero suficiente para su manutención. Además, deben costear otros gastos como el traslado a la cárcel u otros insumos personales.

Para concluir, Vista Hermosa tampoco escapa de las enfermedades que azotan a las cárceles venezolanas. Se pudo conocer que existen al menos 34 reclusos con tuberculosis y 3 con VIH, quienes no reciben atención médica con regularidad y mucho menos el tratamiento adecuado.

Julio Cesar Pineda saltó del cuarto piso de un hospital 

Como un verdadero infierno describen los presos sus estadías en los calabozos policiales de Venezuela, y para Julio Cesar Pineda Flores, de 47 años de edad, no era diferente. Este hombre prefirió acabar con su vida antes de regresar a un centro de reclusión.

¿Pero qué llevó a este hombre a tomar esta decisión?, es la pregunta que se hacen muchas personas, sobre todos quienes lo llegaron a conocer.

La familia de Julio Cesar relató al equipo del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) que los tratos recibidos por parte de funcionarios y otros reclusos lo indujeron a quitarse la vida, porque  no quería regresar.

Este suceso ocurrió a la 1 de la tarde del 2 de febrero en las instalaciones del Hospital Central Antonio María Pineda de Barquisimeto, estado Lara, cuando el privado de libertad se lanzó del 4to piso de dicho centro asistencial.

“Yo no me quiero morir en los calabozos, allá me van a matar. No me dejes regresar”, fue lo que conversó Julio Cesar con sus familiares horas antes de tomar la fatídica decisión.

Este hombre era un detenido del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC) de la subdelegación de Carora, ubicado en el municipio Torres, de la región larense. Estaba privado de su libertad desde el mes de octubre del 2022.

Julio Cesar era hipertenso y diabético insulinodependiente. Cuando fue detenido, lo evaluó una médico forense que supuestamente pidió a los familiares 300 dólares para darle un informe y así conseguir un arresto domiciliario. Como la familia no pagó, el informe fue negado.

“Por esta misma doctora mi hermano no era atendido en el Hospital de Carora, por lo que se debía llevar a diario en la mañana y en la noche a administrar su insulina en un Centro de Diagnóstico Integral (CDI). Como era puesta a deshoras, se descompuso y fue una de sus primeras hospitalizaciones, tras esto ordenaron llevarlo a las 8am y 8pm”, explicó un familiar al OVP.

A su vez manifestó que Julio César, quien estaba imputado por un delito contra la mujer, no era aceptado en los calabozos por los reclusos y cuando lo mantenían allí los otros presos lo obligaban a dormir en el baño y parado. Esta situación hacía que la presión arterial se elevara.

Los familiares del privado de libertad manifestaron que la solución que consiguieron los funcionarios del CICPC fue dejarlo en un pasillo. Esto no fue gratis, para mantenerlo allí los familiares debieron cancelar 200 dólares.

Este recluso también padeció una neumonía a consecuencia del COVID-19, pero su diagnóstico fue completamente descartado al ser evaluado por un neumonólogo privado porque en el CDI no había especialista.

Aunado a esto, los familiares intentaron solicitar una medida humanitaria, pero la misma fue negada en al menos dos oportunidades.

Los familiares de Julio Cesar también denunciaron al equipo de OVP que en lo que va 2023 los funcionarios ya pidieron más dinero para mantenerlo en el pasillo. En esta oportunidad el pago requerido era de 300 dólares, pero este dinero no fue cancelado, por lo que el detenido fue regresado a los calabozos con al menos 17 presos más.

EL 16 de enero el recluso presentó un fuerte dolor en el pecho que se le extendía al brazo y la pierna, como producto de la tortura a la que estaba siendo sometido. Tras hacerle unos exámenes indicaron que era una angina de pecho y su tensión se manejó con  unos valores de 240-110.

Desde ese día hasta el 31 de enero se mantuvo en el Hospital Pastor Oropeza de Carora, y mientras estaban allí los funcionarios le recalcaban “que lo de él era una mentira, que no tenía nada y que era psicológico. Además le decían que lo iban a regresar al calabozo”.

Así lo relatan los familiares de Julio César, quienes aseguran que la presión fue tanta que nuevamente los valores de tensión y azúcar se subieron, por lo que debió ser referido al Hospital Central de Barquisimeto.

Para el traslado al principal centro asistencial de la ciudad le pedían a la familia que fuera la que se encargara de pagar la ambulancia. Tras algunas diligencias con la juez lograron el traslado.

Durante los días que estuvo en Barquisimeto sus seres queridos cuentan que  quien lo cuidaba no paraba de decirle que lo iban a regresar a los calabozos y que no lo iban a sacar cuando empezara con sus “mentiras de dolores”.

Julio César se sentía muy triste y presionado, había dejado de comer y no estaba durmiendo, no hacía más que pensar en qué pasaría si regresaba a los calabozos.

El funcionario que lo cuidaba ese mismo día en la mañana le había dicho que tenía que regresar “porque los estaba haciendo gastar mucha plata y tiempo por cuidarlo allí”.

En vista de la situación de que el privado de libertad no mejoraba y todos sus valores estaban empeorando, esa mañana le fueron a hacer un cateterismo, pero el que tenían no servía y mandaron a comprar otro.

“Yo salí a comprar el catéter, cuando me fui el funcionario estaba allí y Julio estaba esposado, por eso me fui tranquila. Cuando regresé no estaba el funcionario, lo vi que estaba acostado de lado mirando hacia la ventana, salí a conversar con el doctor que me estaba explicando su situación y escuché gritos. Decían que se había caído,  pensé que de la cama y cuando corrí se había lanzado por la ventana”, relató el familiar, quien a la vez comentó que es responsabilidad del funcionario que no se encontraba en el lugar y que además le había quitado las esposas.

“No entiendo, tanto que yo le decía que le quitaran las esposas aunque sea para comer y no lo hacían, siempre estuvo esposado en la cama y ese día casualmente se las quitó y se fue. Ellos con todo lo que le decían hicieron que se matara”, comentó el familiar a OVP en medio de su dolor.

El privado de libertad estaba en condición de procesado, su última audiencia preliminar fue diferida y precisamente en ella esperaban una libertad porque la presunta víctima nunca apareció durante todo el proceso judicial.

Con la muerte de Julio Cesar dos niñas de 15 y 4 años de edad quedaron huérfanas.

“Estamos desesperados por comida”, son las palabras de los privados de libertad que se encuentran en el Centro de Formación Hombre Nuevo Winnie Mandela, en el estado Zulia.

Los reclusos le aseguraron al equipo del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP)  que las raciones de comida que reciben son tres cucharadas por persona y esto, como es evidente, no los sustenta.

Este centro penitenciario fue “inaugurado” en el 2018 por el Ministerio de Servicio Penitenciario, pero los presos están ocupando el anexo femenino de la antigua cárcel de Sabaneta que fue desalojada en el año 2013.

Dicho centro penitenciario fue destinado para extranjeros y comenzó con 54 presos de distintas nacionalidades. Actualmente hay 120 reclusos, más de 70 de ellos son colombianos, entre otras nacionalidades y algunos  venezolanos.

Los primeros venezolanos en llegar al Winnie Mandela fueron 64 que trasladaron desde el Retén de Cabimas, cuando se realizó el desalojo  en el 2021. A muchos de ellos les llegó su libertad y son pocos los que permanecen allí, pero son prácticamente quienes ayudan a los extranjeros a comer un poco más, porque son los que reciben visita y paquetería los días sábado.

Además, los presos denuncian que los alimentos sí llegan al penal, pero no llega a la población penal porque presuntamente es regulada desde el economato.

“Nos dan tres cucharadas de frijoles o de arroz, un poquito de una especie de  ensalada con yuca o ñame, una arepa sin relleno o con remolacha rallada, pero la comida es de muy mala calidad”, relataron los presos.

Asimismo, denunciaron que dentro del penal se ha instaurado un negocio con la comida y la paquetería, la cual puede llegar a costar entre 20 y 10 dólares. También se aplica el uno por uno; es decir, si un familiar lleva un kilo de arroz, debe dejarle otro kilo del mismo producto a los custodios.

“Aquí adentro también venden hamburguesas, arepas y panes, y eso lo hacen los custodios, quienes son los que tienen acceso a todo”, declararon los privados de libertad de Winnie Mandela al OVP.

La mala alimentación trae consigo enfermedades y ya en Winnie Mandela son varios los que se han contagiado de tuberculosis, enfermedad que ya cobró una vida en este penal hace unos cuatro meses.

El dólar, la moneda preferida

Los privados de libertad aprovecharon la conversación con el equipo de OVP, para sumar a sus denuncias que por todo lo que necesiten los privados de libertad suelen cobrar en dólares.

Una visita conyugal, que corresponde por ley, tiene un costo de 20 dólares. Para pedir las redenciones también suelen pedir dinero, al igual que las llamadas telefónicas, a las que deberían tener derecho para comunicarse con sus familiares en el exterior, sus abogados o representantes consulares.

El ingreso de un medicamento puede costar hasta 10 dólares y, cuando los familiares entregan un blíster de diez o veinte pastillas, terminan apareciendo solo dos o tres.

En ese sentido, los presos no se atreven a hablar y denunciar antes las autoridades porque son castigados o trasladados al “tigrito”, una celda que utilizan para aislar a los presos.

Protesta en el Marite

Cabe destacar que esta denuncia de Winnie Mandela se une a la protesta que ya protagonizaron los presos del Centro Penitenciario Dr. Francisco Delgado, antiguo retén de El Marite, ubicado también en el estado Zulia, quienes hace una semana secuestraron a funcionarios del Ministerio de Servicios Penitenciarios para protestar por los malos tratos y la mala alimentación en este centro de detención.

“Las instituciones se ganan el respeto de la ciudadanía cuando tienen respeto a la dignidad humana, cuando respetan a los ciudadanos”, fueron las palabras de Carlos Debiais, padre del fotoreportero Carlos Debiais García, quien desde el primer día de su detención pide el cese a la vulneración de los derechos humanos de su hijo.

Cabe recordar que Debiais, fotógrafo venezolano recluido en el Internado Judicial de El Rodeo II, tenía boleta de excarcelación dictada por el Tribunal Décimo de Ejecución del área Metropolitana de Caracas desde el 12 de abril de 2022. Sin embargo, el director se rehusó a darle libertad hasta no tener autorización por parte de la Ministra para los Asuntos Penitenciarios, Mirelys Contreras.

Posteriormente, el propio Tribunal dejó sin efecto la boleta de excarcelación. Mientras que el 15 de junio ordenó que se practicara una nueva prueba psicosocial para evaluar la posibilidad de otorgarle una fórmula alternativa al cumplimiento de la pena, lo que no se ha cumplido hasta la fecha.

En ese sentido, el abogado Abraham Rojas, miembro del OVP y representante judicial de Carlos Debiais, junto a Karen Valera, coordinadora del OVP en el estado Miranda, se apersonaron al Palacio de Justicia, en la avenida Bolívar de Caracas, para introducir una acción amparo constitucional en contra de la conducta omisiva de la Junta de Evaluación Psicosocial del Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario.

Cabe recordar que el 15 de junio de 2022 se llevó a cabo en el Internado Judicial Rodeo II, un Plan de Descongestionamiento Judicial, donde se contaba con el equipo multidisciplinario encargado de realizar los exámenes psicosociales. En ese momento, Debiais hizo entrega de la decisión del Tribunal Décimo de Primera Instancia a la Coordinadora del Equipo Evaluador del Ministerio de Asuntos Penitenciarios, donde se ordenaba realizar nuevamente una prueba psicosocial.

Sin embargo, una vez más vulneraron sus derechos y no se le realizó la prueba psicosocial, por considerarse que su condena estaba relacionada con delitos de naturaleza política. Las diligencias posteriores también fueron ignoradas.

Durante el mes de octubre de 2022, también se han solicitado audiencias en el Ministerio de Régimen Penitenciario y ante la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia.

Es claro, entonces, que en el caso del fotoreportero se requiere de un mandamiento judicial urgente que evite la continuación de las transgresiones constitucionales en que está incurriendo la Junta de Evaluación Psicosocial del Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario.

Argumentan que todo condenado puede ser beneficiado con reducción de su pena

La esperanza de los presos de la Mínima del Internado Judicial de Carabobo de lograr una pronta libertad se ve frustrada luego que los jueces de ejecución del circuito judicial penal del estado, eliminaran las redenciones que ya les habían sido concedidas por otros jueces.

Un grupo de familiares, que no quisieron identificarse por temor a represalias contra sus seres queridos presos, dirigió este fin de semana un comunicado al Observatorio Venezolano de Prisiones para denunciar estas decisiones que, según afirman no tienen basamento legal y solo causan malestar en la población penal de este importante centro de reclusión.

Además, indicaron que tal como lo consagra la Ley de Redención Judicial de la pena por el trabajo y el estudio, aprobada el año 1993, todo condenado puede ser beneficiado con reducción de su pena, siempre y cuando haya realizado estudios durante su tiempo de reclusión o haya realizado trabajo voluntario.

En el artículo 3 consagra que “podrán redimir su pena con el trabajo y el estudio a razón de un día de reclusión por cada dos (2) de trabajo o de estudio, las personas condenadas a penas o medidas correccionales restrictivas de libertad”. No obstante, desde hace dos años en una medida que consideran unilateral y personal, los jueces de ejecución procedieron a eliminar todas las decisiones previas de redención emitidas por los anteriores jueces.

“Esto va en detrimento de todos los privados de libertad que habían logrado sus beneficios con esfuerzo constante, estudiando y trabajando, en procura de su transformación y adaptación a una vida nueva y mejor”, afirmaron.

De igual manera señalaron que “esta decisión ha creado malestar e intranquilidad en los privados de libertad que hasta ahora se han dedicado a cumplir sus condenas”.

Los familiares que se atrevieron a levantar su voz por esta medida, que consideran irregular e inexplicable, también dirigieron su denuncia por escrito ante el presidente del Circuito Judicial del estado Carabobo, a fin de que los beneficios de sus seres queridos no sean desconocidos.