Las observaciones de las víctimas serán compiladas en un informe por la Sección para la Participación de Víctimas y las Reparaciones de la CPI

El 21 de abril de 2022 el Estado venezolano solicitó a la Sala de Cuestiones Preliminares I de la Corte Penal Internacional (CPI) que se abstuviera de hacer investigaciones en el país debido a las supuestas acciones emprendidas por autoridades nacionales sobre los “presuntos hechos punibles” contra los derechos humanos.

Ante la falta de evidencias que demuestren investigaciones genuinas sobre la comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela, el 1º de noviembre de 2022, el fiscal, Karim Khan, solicitó a dicha Sala reanudar la investigación.

“La información disponible muestra que los patrones y las políticas que subrayan los elementos contextuales de los crímenes de lesa humanidad no están siendo investigados, los procedimientos internos se centran en delitos calificados como de “menor” gravedad, mientras que una parte sustancial de la criminalidad relevante no está siendo investigada en absoluto”, sustentó el Fiscal Khan en su solicitud.

En consecuencia, la Sala de Cuestiones Preliminares I de la CPI emitió una orden el 18 de noviembre de 2022 donde invita “a las víctimas y a sus representantes a presentar sus opiniones y observaciones sobre la solicitud de la Fiscalía”.

Las opiniones y observaciones, que las víctimas pueden presentar llenando este formulario hasta el próximo 7 de marzo, serán compiladas en un informe por la Sección para la Participación de Víctimas y las Reparaciones de la CPI, quien las transmitirá a la Sala a más tardar el 21 de marzo de este año.

ODH-ULA busca visibilizar ante la CPI persecuciones a universitarios en Venezuela

En enero de este 2023, el Consejo Universitario de la Universidad de Los Andes (CU-ULA) solicitó al Observatorio de Derechos Humanos de esta institución (ODH-ULA) que exponga ante la CPI la persecución a universitarios en Venezuela por parte del régimen de Nicolás Maduro. Por ello, el ODH-ULA coordinó una reunión con autoridades, profesores, trabajadores y estudiantes de la ULA, que tuvo lugar el pasado 9 de febrero, con el fin de orientar sobre cómo presentar casos ante la CPI que aporten argumentos que permitan la reanudación de la investigación de esta instancia sobre la comisión de crímenes de lesa humanidad en el país.

Mayda Hočevar, directora del ODH-ULA, dio inicio a la reunión informando que este observatorio ofrece orientación y apoyo a los universitarios que han sido víctimas del Estado venezolano para llenar el formulario creado por la CPI. Hočevar resaltó que las víctimas deben relatar allí las violaciones de derechos humanos sufridas y, sobre todo, explicar por qué consideran que bajo el régimen político actual no obtendrán justicia ni reparación. “En este momento estamos tratando de convencer a los jueces de la CPI que autoricen al Fiscal Karim Khan para que continúe la investigación sobre Venezuela”, precisó.

El ODH-ULA ya ha orientado a otras víctimas de violaciones de derechos humanos en el llenado del formulario de la CPI, desde estudiantes de la ULA que fueron detenidos arbitrariamente, torturados y privados injustamente de su libertad por años, hasta personas no vinculadas a la universidad, cuyos casos han sido asistidos legalmente por este observatorio. La CPI detalla en esta página web quiénes pueden considerarse víctimas ante esta instancia para efectos del envío de formularios.

Quienes deseen contar con la asistencia del ODH-ULA para presentar sus casos ante la CPI, pueden comunicarse vía correo electrónico a la dirección odhula@gmail.com o vía telefónica, al (58) 414-7449782.

Vecinos de la comunidad de El Playón, ubicada en la carretera Mérida – El Valle, La Culata, Estado Mérida, e integrada por unos 600 habitantes atestiguaron que durante tres días que soportaron música a alto volumen, conducción imprudente a exceso de velocidad y disparos de armas de fuego de parte de turistas (tres mujeres y tres hombres) que se hospedaban en una cabaña de la localidad.

María una señora de la tercera edad, quien estuviera recién dada de alta por problemas médicos, señaló a miembros del Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes que el día miércoles 23 de marzo de 2016 a las 3 pm se acercó a la cabaña donde se hospedaba el grupo de turistas para pedirles que bajaran el volumen a lo que ellos respondieron mostrándole las armas que portaban y afirmando que podían hacer lo que les daba la gana porque eran familia de la primera dama Cilia Flores, y continuaron con el exceso de volumen y las detonaciones de las armas de fuego mientras jugaban “chapita”.

Los abusos llegaron a su extremo el día 24 de marzo de 2016 cuando, en una de las tantas veces que el grupo de turistas conducía a exceso de velocidad por las estrechas calles del Playón, casi arrollan a una joven madre que llevaba a su bebe en brazos. En consecuencia, a eso de las 8 pm un grupo de vecinos se acercó a la cabaña donde se hospedaban los turistas para reclamar, siempre de manera muy educada, los continuos abusos. Como respuesta fueron insultados y apuntados con armas de fuego por el GNB Alexander Sánchez, (el cual ya había apuntado antes con su arma a varios vecinos del sector incluyendo a un menor de edad), y quien repetía que ellos podían hacer lo que quisieran porque ahí estaba hospedada una sobrina de Cilia Flores. La supuesta sobrina de la primera dama a su vez decía: qué me van a hacer ustedes unos simples pueblerinos.

Dada la situación los vecinos solicitaron la presencia de la Guardia Nacional Bolivariana para que el efectivo que apuntó con un arma de fuego a los miembros de la comunidad fuese sancionado. Los funcionarios de la GNB conversaron con el grupo de turistas quienes pedían no ser grabados con los teléfonos celulares, pero al mismo tiempo estos mismos funcionarios grababan a los miembros de la comunidad. Posteriormente se retiraron del lugar, afirmando que los vecinos eran opositores.

Cerca de la media noche de ese día, unos 35 miembros de la comunidad de El Playón permanecía en las afueras de la cabaña turística reclamando las agresiones recibidas por  el grupo de turistas ahí hospedados cuando fueron reprimidos desproporcionadamente por unos 50 funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana, siendo un Coronel de la GNB quien detonara la primera bomba lacrimógena a los pies de personas de la comunidad, y los demás funcionarios detonaron unas 15 bombas a una distancia de 8 metros aproximadamente en lo que es una calle rural rodeada de casas. Varias personas incluidos señores de la tercera edad, niños y bebés fueron afectadas por los gases. Un bebé de un año de edad perdió el conocimiento. Un vecino que se encontraba en la calle en estado de embriaguez fue también víctima de agresiones por parte de la GNB recibiendo bombas lacrimógenas, puntapiés y dispararos de perdigones.

Como consecuencia de las continuas agresiones y a fin de que se hiciera justicia la comunidad trancó la carretera Mérida – La Culata exigiendo la presencia del Gobernador del Estado y la sanción de los responsables. La respuesta fue mayor represión. Vecinos aseguraron que se movilizaron aproximadamente 200 funcionarios de la GNB lo cual resulta desproporcionado ya que la comunidad de El Playón sólo tiene 600 habitantes en su mayoría personas de la tercera edad, niñas, niños y mujeres.

Vecinos señalan que una supuesta Defensora Pública se presentó y les dijo dejen que los turistas se vayan y aquí no ha pasado nada. Los funcionarios de la GNB coordinaron el desalojo de los turistas entre los que se encontraba la supuesta familiar de la primera dama de la República y aseguraron que los turistas tenían comunicación directa con los funcionarios de la GNB lo cual incrementó la agresión de los mismos para despejar la vía y poder lograr el desalojo el cual se realizó aproximadamente a la una de la madrugada.

La agresión contra la comunidad del Playón se prolongó durante la madrugada y todo el día siguiente. La GNB disparó de manera excesiva y desproporcionada gases lacrimógenos y perdigones contra las personas que manifestaban y hacia el interior de las casas. Se usó además material ilegal para el control de manifestaciones como cañones lanza morteros y piedras. El señor José C. miembro de la comunidad relató que: me tocó encerrarme en la habitación y con paños tapar las puertas, los vecinos hicieron lo mismo.

La GNB usó además armas letales. Vecinos señalaron que los funcionarios les decían: ustedes con piedras y nosotros con estas chiquitas pero efectivas.

Por otra parte los vecinos aseguraron que los funcionarios de la GNB dispararon cañones lanza morteros hacia la montaña produciendo un incendio forestal y luego culparon a la comunidad.

El señor José C. en su testimonio relató que previo a las 12 noche escuchó muchos disparos y su vehículo recibió un impacto de posible bala en el vidrio frontal. También nos relató que los funcionarios de la GNB se referían a la comunidad de El Playón como “una comunidad de malandros”.

Por una estación de radio local un funcionario de la Defensoría Pública se refirió a la comunidad como “una comunidad de borrachos y matraqueros”  incitando al odio y criminalizando la protesta.

El General Gustavo Saluzzo comandante de la GNB en Mérida expresó su descontento porque la comunidad “había agredido a los funcionarios de la GNB” y se comprometió a sancionar al oficial (GNB) Peralta, quien dirigió el ataque a la comunidad del Playón. Cabe mencionar que hasta el momento los hechos permanencen impunes y no se ha sancionado a los responsables.

Miembros de la comunidad de El Playón que laboran en la administración pública, fueron víctimas de acoso laboral por el simple hecho de vivir en esa comunidad.

Quien sí resultó detenido fue el señor Víctor Hugo Mora, arrendatario de la cabaña donde se hospedaban los turistas. De acuerdo a sus abogados hubo múltiples violaciones al debido proceso.