En las últimas dos semanas, 11 magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela designados por la Asamblea Nacional (AN), controlada por la oposición, huyeron por tierra del país tras ser más de dos meses refugiados en embajadas en Caracas. Uno de ellos, Ildefonso Ifill Pino, según confirmó a O Globo una fuente muy cercana al grupo, estuvo en la embajada de Brasil, información que hasta ahora el gobierno brasileño mantuvo reservada. Pino, como sus demás colegas, escapó en coche y atravesó la frontera hacia Colombia, país donde está actualmente.

La información sobre la presencia de uno de los magistrados en la embajada de Brasil en Caracas fue confirmada por el también miembro del TSJ no reconocido por el Palacio de Miraflores, Miguel Angel Martin.

«Hemos tenido cinco magistrados en la embajada de Chile, cuatro en la de Panamá, uno en México y uno en Brasil», confirmó a O Globo Martin, que está actualmente en Estados Unidos. – En algunos casos, por seguridad, no podemos dar nombres.

Él ayudó a todos a huir por tierra de la capital venezolana. Los magistrados intentaron obtener autorización del gobierno Nicolás Maduro para salir formalmente como asilos políticos, pero ninguno de ellos obtuvo respuesta positiva. De hecho, una de las razones que habría llevado al embajador brasileño en Venezuela, Ruy Pereira, a no revelar la presencia de Pino en la embajada, sería la promesa por parte de las autoridades venezolanas de que de esa manera el salvo conducto podría ser concedido. Pero eso nunca sucedió, a pesar del empeño del embajador.

«El embajador creyó que así sería más fácil, pero nadie obtuvo el salvo conducto y todos tuvieron que abandonar el país a la prisa, por tierra»,  dijo la fuente consultada que, también por precaución, prefirió no revelar su identidad.

Pino se quedó más de dos meses en la embajada brasileña, sin que los diplomáticos que trabajan con Pereira supieran de su situación. El embajador mantuvo un estricto secreto, para preservar la seguridad de la familia del magistrado y, también, intentar facilitar la tramitación del salvo conducto.

– Él fue muy bien tratado y está muy agradecido al gobierno de Brasil – aseguró la fuente.

En todos los casos, los magistrados no pueden regresar a Venezuela, porque podrían ser detenidos, como ya ocurrió con algunos de sus colegas como Angel Zerpa, que pasó más de un mes preso en una sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) a finales de agosto pasado, está prohibido salir del país y debe presentarse en un tribunal local una vez por semana.

«Nuestra situación es muy delicada, somos perseguidos ferozmente por el gobierno Maduro»,  lamentó Martin.

Pino y los demás magistrados forman parte de un total de 33 nombrados para el Tribunal Supremo de Justicia por el Parlamento, de mayoría opositora. Sin embargo, Caracas desconocía las acciones del organismo, declarado en desacato por el TSJ, que la oposición venezolana acusa de servir a Maduro.

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Míriam Leitão

Columnista de O Globo

La crisis venezolana no sólo está empeorando. El país se encuentra al borde del colapso, de una ruptura, hasta el punto de que el diario Financial Times dijo que el ‘default’ era la mejor opción. El Tribunal Supremo consideró que el presidente Maduro podía declarar la emergencia económica incluso después de que la Asamblea rechazó este decreto. Esto le dará al mandatario poderes dictatoriales sobre una economía que él y Chávez arruinaron.

Los economistas dicen que la recesión venezolana sólo es comparable a períodos de guerra o de desastre natural. El mes pasado, el Banco Central de Venezuela informó de una caída del 7,1% del PIB en el tercer trimestre de 2015, después de estar dos años sin revelar indicadores. Sin embargo, el cálculo de los economistas es que el país tuvo una recesión de 10% el año pasado y que su economía se contraerá 8% más este año. La inflación fue de 141% y, como el Banco Central ha financiado el Tesoro para emitir billetes, debió llegar a 200%. El decreto de emergencia económica dará Maduro facultad de expropiar bienes y empresas, intervenir cualquier compañía, obligar a las fábricas a aumentar su producción, acceder a cualquier fondo extrapresupuestario. Es una tiranía económica de quien ha sido el responsable del desastre.

La caída de los precios del petróleo empeoró todo, pero no fue la causa de la crisis. El economista venezolano Ricardo Hausmann, ex ministro de Planificación y profesor de Harvard, contó en un artículo reciente que, en 2012, cuando el barril de petróleo estaba en 103 dólares y el país tenía un fuerte superávit comercial, el gobierno del entonces presidente Hugo Chávez tuvo un déficit público del 17,5% del PIB; «una cifra demencial», para usar la expresión Hausmann.

Si los chavistas hicieron esto durante la abundancia, piense ahora en la escasez. Con la caída del petróleo, las exportaciones se desplomaron 60% en tres años. Y el déficit primario estimado en 21% del PIB para este año por el FMI, se enfila hacia 25%. Con la falta de dólares, las importaciones se redujeron, lo que agravó la escasez que siempre ha habido en los gobiernos chavistas. Faltan alimentos, medicinas y materias primas para la producción. En el mercado paralelo de divisas, el bolívar se depreció 90% frente al dólar en los últimos 18 meses. El temor de los inversores en este momento es que el gobierno no pueda cumplir con el pago de su deuda este año, alrededor de 10 mil millones de dólares, y por eso Venezuela es el país con mayor riesgo soberano en el mundo, pagando un diferencial de interés de 36% en comparación con los bonos del gobierno de Estados Unidos.

Hausmann teme una crisis humanitaria de grandes proporciones. Sin acceso al crédito internacional, y con el sector privado desmovilizado después de 17 años de persecución por parte de los gobiernos chavistas, el economista cree que la mejor solución para reducir la crisis en el país es cerrar un acuerdo con el FMI. Pero eso sería impensable en la administración de Nicolás Maduro.

El economista Sérgio Vale, de MB Associados, clasifica la situación actual en Venezuela como una economía en un estado de guerra, sin estar en guerra. El chavismo pasó casi dos décadas financiándose con el alza de los precios del petróleo, que cubría el agujero en las cuentas públicas y también mantenía bajo control la cuenta corriente. Con la caída de los precios del barril, la economía se derrumbó.

– La crisis es básicamente fiscal y cambiaria, y están estrechamente relacionadas. Para Brasil, el mayor problema es el efecto de la crisis en las empresas que tienen operaciones o que exportan hacia Venezuela. No es el mejor lugar para hacer negocios en este momento porque el riesgo de impago tiende a aumentar – dijo.

Desde 2001, Brasil ha tenido superávits comerciales con Venezuela. El año pasado, la cifra fue positiva en 2.3 mil millones de dólares. De los 2.98 mil millones de dólares exportados por el país, más de la mitad eran de productos industrializados. Es decir, las restricciones de importaciones venezolanas son una mala noticia para la industria brasileña. Pero lo peor es que muchas empresas brasileñas ni siquiera perciben ingresos por lo que venden (crece la deuda con los empresarios brasileños).

Lo grave, sin embargo, es la situación de los venezolanos. La composición del Tribunal Supremo fue cambiada poco antes de que la nueva Asamblea tomara el poder, con jueces vinculados al gobierno. Ahora, el Tribunal dicta una sentencia que da un vuelco a la decisión del Parlamento de rechazar el decreto de emergencia. Con esto, Maduro tiene superpotencias en un país al borde del colapso.

(Con Alvaro Gribel, de São Paulo)