Hernán Pérez Loose, autor en Runrun

Feb 03, 2015 | Actualizado hace 9 años
La disolución de Venezuela por Hernán Pérez Loose

Banderavzla..

 

Venezuela se hunde cada día como en cámara lenta. El país, cuyo modelo económico sirvió de inspiración a otros en América Latina, está en camino de disolverse. El sistema político como espacio para resolver conflictos prácticamente ha dejado de funcionar. Nada ejemplifica mejor esta realidad que la reciente autorización que ha dado el presidente Maduro a los cuerpos militares para que utilicen armas letales cuando salgan a las calles a frenar las manifestaciones. Si ya es grave que las fuerzas armadas sean llamadas a desempeñar un papel propio de la policía o guardia civil, tanto más lo es el que lo hagan con armas letales en la mano. Un gobierno que necesita de los militares para velar por el orden interno –cualquiera que sea el contenido de esta expresión– es sintomático de cuán inefectivas han devenido las instituciones en las que se desenvuelve.

A lo anterior debe sumarse el colapso social. Todos recordamos la machacona propaganda del chavismo en su primera fase sobre los logros sociales que producían sus políticas económicas. Y en parte había razón para ello. Pero eran logros que dependían de la salud económica del Estado. Una vez que la crisis fiscal hizo su aparición en Caracas, los avances en materia social comenzaron a debilitarse. Un reciente informe de la Comisión de las Naciones Unidas para América Latina (Cepal) (‘Panorama Social en América Latina’. Santiago, 2014), con información cortada al 2013, arroja un balde de agua fría a los herederos gobernantes del coronel Chávez. El informe revela no solo que la pobreza ha crecido en esa nación –en un escalofriante 6%–, sino que ha regresado a los niveles de 1998, año en que el socialismo del siglo XXI hizo su histriónico ingreso al escenario latinoamericano.

Este proceso de empobrecimiento se verá agudizado este año una vez que los efectos de la caída del precio del petróleo comiencen a sentirse a lo largo y ancho del aparato estatal venezolano. Aun en el caso de que para fin de año dicho precio se llegue a estabilizar en alrededor de US$ 50, el efecto social seguirá siendo devastador. Una política de disminución de la pobreza basada principalmente en el gasto fiscal no es sostenible en el tiempo. Provocará un alivio inmediato, bonitas estadísticas, y muchos votos, es verdad. Pero será flor de un día. Una verdad que lamentablemente los venezolanos la están aprendiendo ahora con dolor y desesperación. Que el artífice de semejante fracaso no esté hoy presente para asumir su responsabilidad histórica no justifica el inmovilismo de los actuales líderes para detener la caída de toda una nación a un abismo al que fue llevada por un político carismático, es verdad, pero irresponsable.

La destrucción de la institucionalidad ha dejado a los venezolanos sin otra alternativa que las calles. El reciente anuncio de nuevas manifestaciones parece ser el preludio de más enfrentamientos y más represión. Los espacios de negociación prácticamente se han cerrado, mientras que la mayoría de los líderes latinoamericanos ha optado por mirar a otro lado.

enezuela se hunde cada día como en cámara lenta. El país, cuyo modelo económico sirvió de inspiración a otros en América Latina, está en camino de disolverse. El sistema político como espacio para resolver conflictos prácticamente ha dejado de funcionar. Nada ejemplifica mejor esta realidad que la reciente autorización que ha dado el presidente Maduro a los cuerpos militares para que utilicen armas letales cuando salgan a las calles a frenar las manifestaciones. Si ya es grave que las fuerzas armadas sean llamadas a desempeñar un papel propio de la policía o guardia civil, tanto más lo es el que lo hagan con armas letales en la mano. Un gobierno que necesita de los militares para velar por el orden interno –cualquiera que sea el contenido de esta expresión– es sintomático de cuán inefectivas han devenido las instituciones en las que se desenvuelve.

A lo anterior debe sumarse el colapso social. Todos recordamos la machacona propaganda del chavismo en su primera fase sobre los logros sociales que producían sus políticas económicas. Y en parte había razón para ello. Pero eran logros que dependían de la salud económica del Estado. Una vez que la crisis fiscal hizo su aparición en Caracas, los avances en materia social comenzaron a debilitarse. Un reciente informe de la Comisión de las Naciones Unidas para América Latina (Cepal) (‘Panorama Social en América Latina’. Santiago, 2014), con información cortada al 2013, arroja un balde de agua fría a los herederos gobernantes del coronel Chávez. El informe revela no solo que la pobreza ha crecido en esa nación –en un escalofriante 6%–, sino que ha regresado a los niveles de 1998, año en que el socialismo del siglo XXI hizo su histriónico ingreso al escenario latinoamericano.

Este proceso de empobrecimiento se verá agudizado este año una vez que los efectos de la caída del precio del petróleo comiencen a sentirse a lo largo y ancho del aparato estatal venezolano. Aun en el caso de que para fin de año dicho precio se llegue a estabilizar en alrededor de US$ 50, el efecto social seguirá siendo devastador. Una política de disminución de la pobreza basada principalmente en el gasto fiscal no es sostenible en el tiempo. Provocará un alivio inmediato, bonitas estadísticas, y muchos votos, es verdad. Pero será flor de un día. Una verdad que lamentablemente los venezolanos la están aprendiendo ahora con dolor y desesperación. Que el artífice de semejante fracaso no esté hoy presente para asumir su responsabilidad histórica no justifica el inmovilismo de los actuales líderes para detener la caída de toda una nación a un abismo al que fue llevada por un político carismático, es verdad, pero irresponsable.

La destrucción de la institucionalidad ha dejado a los venezolanos sin otra alternativa que las calles. El reciente anuncio de nuevas manifestaciones parece ser el preludio de más enfrentamientos y más represión. Los espacios de negociación prácticamente se han cerrado, mientras que la mayoría de los líderes latinoamericanos ha optado por mirar a otro lado.

 

El Universo

“El Estado comunal excluye a la mitad de la población”

 

La creación del Estado comunal cuenta con conductor, infraestructura y recursos. La designación de Elías Jaua como vicepresidente de Desarrollo del Socialismo Territorial constituye un giro estratégico y táctico para derrocar el “Estado burgués” o representativo; es decir, imponer el socialismo desde las comunas, controladas por el PSUV.

El presidente Nicolás Maduro escogió a Jaua por su formación marxista, su paso por el Partido Revolucionario de Trabajadores y por Bandera Roja, para construir el entramado comunal con la ayuda de cuatro ministerios clave: Comunas, Vivienda, Hábitat y Ecosocialismo, Transporte Terrestre y Obras Públicas y Energía Eléctrica.

El Ministerio de las Comunas registra hasta la fecha 803 comunas y 43.255 consejos comunales en todo el país para empezar el trabajo de Jaua.

“El socialismo territorial debe incluir la felicidad integral de las personas; es la felicidad hecha comunidad, hecha ser humano”, dijo Maduro ayer en Ciudad Tiuna, donde entregó 760 viviendas.

Jaua explicó luego cuál sería su plan en la vicepresidencia: “Las comunas forman parte de la esencia de nuestra revolución y en ese territorio vamos a construir el socialismo, pero para avanzar no pueden ser decretadas ni impuestas, sino creadas desde la sociedad en función de los tiempos y las realidades de cada región”.

Objetivo: liquidar

El Estado comunal es visto con reservas porque excluye a quienes no militan en el PSUV. “La instancia reproduce un modelo de inclusión excluyente porque ignora a quienes difieren de la ideología socialista; es decir, la mitad de la población, si se revisan los últimos resultados electorales”, dice la articulista de Aporrea María Pilar García-Guadilla. “El financiamiento de los proyectos productivos pasa por el aparato político-ideológico (el PSUV), correa transmisora de las prebendas. Y en las asambleas solo serán reconocidos como interlocutores con el Estado las comunas socialistas”.

Aunque apoya al gobierno duda del carácter constitucional del Estado comunal y su viabilidad, debido a la heterogeneidad ideológica de consejos comunales u organizaciones.

Advirtió que las federaciones, confederaciones y ciudades comunales traspasarían las barreras de parroquias, municipios y estados, lo cual rompería la división políticoterritorial establecida en la Constitución.

El diputado del PSUV Eduardo Piñate confirmó que la designación de Jaua, así como la del nuevo gabinete, no fue casual y responde a objetivos claros: “No hubo cambios de nombres, no es maquillaje, hay una concepción política del deber ser de la vicepresidencia de desarrollo socialista”.

El exviceministro de Planificación Roland Denis reconoce que el objetivo es controlar las bases, no darle poder al pueblo: “El modelo corporativo-burocrático se conserva en gran parte, incluso se profundiza cuando vemos la concepción de la relación entre gobierno y poder popular (al estilo modelo cubano sin revolución): el gobierno intenta atrapar por entero las dinámicas de base, como desde hace 10 años”.

El alcalde de El Hatillo, David Smolanski, alertó que Jaua busca eliminar las gobernaciones y las alcaldías.

En el PSUV traban al poder popular

El secretario general de PPT, Rafael Uzcátegui, niega que se eliminen las gobernaciones y alcaldías, pues, adujo, cualquier cambio obliga a modificar la carta magna: “Los estados y municipios, así como sus autoridades, tienen rango legal y constitucional, por lo que no pueden desaparecer por decreto”.

Uzcátegui exhortó a Jaua, si desea colocar las bases del Estado comunal, a investigar por qué los gobernadores y alcaldes no constituyen los Consejos Locales de Planificación: “Esos son los espacios reales de participación, de socialización del poder, pero ignoradas o en algunos casos trampeadas por los gobernadores y alcaldes para no permitir el poder popular. Algunos gobernadores y alcaldes del PSUV se enamoraron del poder y no ceden espacios a las comunidades”.

Hernán Lugo-Galicia

El Nacional