Las modalidades se centran en contrabando ilegal de gasolina, narcotráfico, prácticas ilícitas en puertos venezolanos y el tráfico de oro
Las burbujas de recuperación económica que se observan en Venezuela están soportadas por una economía negra impulsada por el contrabando de oro, tráfico de estupefacientes, extorsión en puertos y contrabando de combustible. Las economías ilegales en el país ascendieron durante 2021 a $9.444 millones.
Durante más de 10 meses Transparencia Venezuela analizó las principales economías ilícitas en Venezuela. Utilizando cálculos de la consultora Ecoanalítica, Transparencia concluye que los ilícitos equivalen al 21,74% del PIB del país durante 2021.
Según el informe, el crimen organizado en Venezuela se encuentra en “fase simbiótica”. Esto significa que “la interdependencia entre el crimen organizado y el sistema político y económico es tal que las fronteras se vuelven tenues”.
Asdrubal Oliveros, socio-director de la firma Ecoanalítica, sostiene que aunque PDVSA “está detrás de la mayoría de los 116 casos de corrupción venezolana investigados en 22 países, la ampliación de las actividades económicas ilegales es el coletazo del colapso de la industria petrolera, su resultante crisis económica y las posteriores sanciones”.
Oliveros explica que el informe de Transparencia Venezuela se centra “en el contrabando ilegal de gasolina, el narcotráfico, prácticas ilícitas en puertos venezolanos y el tráfico de oro – actividades extendidas a lo largo y ancho del territorio nacional. Todo esto se considera “economía negra” o “ilícita”, a su vez parte de la economía sumergida: las actividades económicas no declaradas que escapan del control de la administración del estado y las estadísticas oficiales. Esto no debe confundirse con actividades informales”.
Para calcular el tamaño de la economía negra Ecoanalítica se centró en realizar “revisiones estadísticas oficiales de otros países, sistematización de reportes de organismos internacionales, entrevistas extraoficiales a fuentes de entes públicos y el uso de métodos estadísticos y de aproximación. De esta manera, concluimos que las cuatro principales actividades ilícitas generan unos $9,4000 millones anualmente: un 21,74% del PIB de Venezuela en 2021 (…) La mayor parte de este ingreso proviene del narcotráfico, que genera unos $4.919M o 11,3% del PIB. Le sigue el contrabando de combustible con $1.900M (4,4% del PIB), el contrabando de oro con $1.800M (4,1%) y la extorsión en puertos con $825M (1,9%).
Contrabando de gasolina y oro
La directora ejecutiva de Transparencia Venezuela Mercedes De Freitas sostiene que los venezolanos se encuentran “en indefensión” porque las redes criminales se apoderaron de las decisiones del Estado.
“El ciudadano no tiene a donde acudir”, explica De Freitas. “Tiene que sobrevivir y convertirse en cómplice o víctima de las redes criminales (…) lo que destruye a la democracia”.
En el referido informe se explica que el contrabando de oro es ejecutado “por grupos corruptos y sus allegados, ELN y FARC”, mientras el tráfico de estupefacientes que se origina principalmente en la frontera con Colombia, en los estados Zulia, Táchira, Trujillo, Apure y Barinas recae principalmente en el ELN y en las facciones disidentes de las FARC.
La extorsión en los cuatro principales puertos del país (La Guaira, Puerto Cabello, Guanta y Maracaibo) se asocia con las mafias de funcionarios corruptos y el contrabando de combustible con el accionar de las FARC y ELN en las fronteras de Venezuela con Brasil y Colombia.
En relación con el contrabando de gasolina y narcotráfico, Asdrúbal Oliveros explica: “Anteriormente, como seguro recuerdan, la gasolina subsidiada de Venezuela –extremadamente barata– era contrabandeada a Colombia, pero estos flujos de contrabando se han revertido (…) Antes de la pandemia, el consumo de gasolina en Venezuela era de 170.000 barriles diarios. Pero PDVSA tenía la capacidad de sólo proveer 30.000 barriles diarios; poco después, durante la pandemia, gran parte de las gasolineras en Venezuela pasaron a vender en precio internacional. Otra parte siguió subsidiada. ¿El resultado? Un mercado paralelo de gasolina importada ilegalmente de Colombia, sobre todo en estados fronterizos”.
Oliveros explica que “la gasolina colombiana no llegaba a todo el país. Por ello, considerando que hasta inicios del 2022 el 42% de las gasolineras seguían subsidiadas y la producción está aumentando gradualmente, se creó un mercado de gasolina subsidiada desviada (…) Calculamos que hasta el 60% de la producción nacional es contrabandeada internamente, por medio del desvío de la gasolina destinada para las gasolineras subsidiadas”.
En el caso del narcotráfico, Oliveros recuerda que “Venezuela es uno de los países principales de tráfico. Es decir, que las drogas –principalmente cocaína– producidas en Colombia transitan por Venezuela para ser enviadas a EEUU, el Caribe, Centroamérica, África y Europa (…) Por ello, asumiendo que los niveles de estupefacientes transportados por vías marítimas se han mantenido constantes desde 2019 y sumando incautaciones comprobadas, al menos 55.500 kgs de cocaína y 7.000 de marihuana transitaron por Venezuela en 2021: $4.919M anuales”.
El declive de la economía formal
Según la investigación de Transparencia Venezuela, “durante la mayor parte de la gestión del presidente Hugo Chávez (1999 – 2013), el precio del petróleo venezolano se mantuvo al alza y llegó a superar los $100 por barril, presentando un aumento de alrededor de 525% (Ecoanalítica, 2018). Este comportamiento permitió el incremento desmesurado del gasto público en programas sociales, con el objetivo de mantener apoyos políticos y crear un sentido de lealtad entre la población y el gobierno. Además, en medio del boom petrolero, muchos funcionarios de diferentes entes públicos aprovecharon para burlar leyes nacionales e internacionales y cometer innumerables actos de corrupción que provocaron un desfalco sin precedentes en Venezuela y condujeron a la emergencia humanitaria compleja en la que cayó el país al menos en 2015”.
Investigaciones de Transparencia Venezuela revelan que “tribunales de más de 22 países han abierto 116 causas vinculadas con la corrupción venezolana que involucran más de $64.000 millones. Como consecuencia del terrible manejo de la industria petrolera durante estos años, la caída en la producción, el desplome de los precios del crudo en el año 2013 y la corrupción campante, la principal fuente de ingresos de Venezuela se vio prácticamente fulminada”.
En el informe se especifica que la situación “se volvió aún más complicada a partir de 2017 con la imposición de sanciones económicas por parte del gobierno de los Estados Unidos . Aunado a esto, la caída de la producción petrolera hizo insostenible la captación de renta por medio del diferencial cambiario (…) A través de los distintos esquemas de subsidio cambiario entre 2005 y 2018, se estima que el sector público no petrolero fue capaz de captar alrededor de $73.666 millones, mientras que el sector privado percibió $149.314 millones (Ecoanalítica, 2018). En este contexto de asfixia económica, se hizo vital para los captadores de renta, grupos corruptos enquistados en instituciones del Estado, encontrar alternativas que sustituyeran los ingresos asociados al sector petrolero y al diferencial cambiario. Por esto, industrias ilícitas como el contrabando de gasolina, el tráfico de drogas, los cobros ilegales en los puertos y el comercio ilegal del oro se convirtieron en el nuevo foco de estas redes”.
La extorsión en los puestos de seguridad
En el estudio también se aborda la extorsión en las alcabalas (puestos de seguridad policiales o militares en las vías públicas), práctica que también se considera “una economía ilegal, que contribuye a la captación de rentas de efectivos corruptos y que crea distorsiones económicas con un impacto negativo a la población”.
De acuerdo con un análisis realizado en conjunto por Transparencia Venezuela y Ecoanalítica hay una alta probabilidad de extorsión en las alcabalas dispuestas en el territorio venezolano, que se incrementa en las vías de occidente. Según el estudio aplicado, se estima que si se transita por 100 puestos de seguridad en un momento determinado, en 25 de estos se presentará un acto de extorsión”.
