Diario 2001, autor en Runrun - Página 2 de 3

Diario2001

Sector privado ha ensamblado 321 vehículos en lo que va de 2019

EN LO QUE VA DE 2019, cifras que maneja la Cámara de Fabricantes Venezolanos de Productos Automotores (Favenpa) dan cuenta de solo 321 vehículos ensamblados en el sector privado del país. Dicho número implica una reducción de 99,6%, comparado con hace 10 años.

El presidente del gremio Omar Bautista, advirtió que la producción vino arrancando en el cuarto mes del año, por lo que hasta marzo no se había armado ni un carrito.

“No se han tomado medidas especiales que mejoren las condiciones del sector por lo tanto la situación será la misma para lo que resta de año y en franco deterioro. La principal razón del bajo nivel de actividad productiva es la caída del mercado, entendiéndose por caída la hiperinflación que ha ocasionado altos costos en los productos junto con la pérdida del poder adquisitivo de los venezolanos”, expresó Bautista.

Caída libre. En 1998 se ensamblaron en territorio nacional 127.571 vehículos y casi una década después la cifra repuntó a 172 mil unidades. Para la época, de acuerdo con Favenpa el suministrar partes de automotores para el ensamblaje representaba el 50% de la venta de los autopartes, porcentaje que cayó dramáticamente en la actualidad a 1%.

En 2017 se armaron en el sector privado 1.774 carros y en 2018 unos 1.155.

La poca existencia de vehículos de paquetes en algunos concesionarios caraqueños cofirman la poca producción. Al ToyoCentro de la marca Toyota, ubicado en Quinta Crespo llegaron tan solo 4 carros en el mes de agosto para ser vendidos , de los cuales hasta jueves 12 de septiembre quedaba uno. La empresa Multimarca con sucursales en La Paz y Las Mercedes en Caracas cuenta con un mayor inventario de carros nuevos de marcas Ford y Kía. “Vendemos vehículos nuevos y usados. La demanda depende del mes pero sí hay movimiento (venta) de unos y otros, hay personas que todavía tienen cierto poder adquisitivo y compran”, expresó una vendedora que prefirió omitir su nombre.

A Expomarca de la avenida Páez del Paraíso también llegan unos porcos automotores Ford de paquete que se ofertan junto a los usados que predominan en cantidad. Una empleada reveló que las ventas bajaron mucho pero siempre llega alguien que compra pese a la situación.

“En el país existen alrededor de 300 concesionarios y hay baja oferta de automotores al público, estamos hablando de una caída de 99,6% de la producción nacional. Hay concesionarios que solo atienden la parte de repuestos o trabajan solo con vehículos usados”, apuntó Bautista.

Las empresas mixtas como la SDK, creada mediante convencio entre el Gobierno nacional y el capital privado de Venequip y Navistar en 2013, apenas ensambló 412 unidades en 2017, el número subió a 1.106 en 2018, mientras que la planta Chery armó 1.200 unidades hasta agosto de 2019.

Si bien la producción impulsada desde el Ejecutivo es un poco mayor que el sector privado está muy lejos de los 210.000 automóviles que aseguró Nicolás Maduro en marzo que podían ensamblarse en Venezuela.

En marzo de este año, el Ejecutivo aprobó 200 millones de euros para la creación del Fondo Especial Rotatorio para el Plan Nacional de Compra de Vehículos, acompañado, de acuerdo con Maduro, con “el otorgamiento de incentivos fiscales, la reestructuración total de las empresas públicas de partes y autopartes, así como la incorporación de la producción nacional en todas las industrias automotrices” que trabajan en el país.

La importación. Favenpa advirtió que mientras persistan las causas que mantienen de capa caída al sector automotriz la producción no despegará.

“Por ejemplo, las importaciones de vehículos duplican el ensamblaje, es decir, se han traído de afuera 635 en lo que va de año, contra 321 carros armados en el país”, reprochó el vocero.

Desde el 29 de abril de 2019, el Ministerio de Industria y Producción Nacional mediante Gaceta Oficial Extraordinaria número 6.454 autorizó la importación de automóviles usados hasta con cinco años de antiguedad. Al respecto, Bautista señaló que hasta ahora no han podido medir el impacto de esta medida que en su momento rechazaron porque entre otras cosas, envejecería aun más el parque automotor criollo.

“Otra causa de la caída son las importaciones de repuestos sin impuestos. Desde el año pasado el Ejecutivo Nacional publicó un decreto mediante el cual incluyó alrededor de 6 mil productos exonerados del pago de impuesto de importación, pago del IVA (Impuesto al Valor Agregado) y la tasa aduanera lo que implicó una competencia desleal con productos nacionales.

En el caso de las autopartes en concreto están los pistones de aluminio fabricados en el país con mucho esfuerzo, las baterías, los cauchos que han experimentado una caída importante en la producción nacional, se ven desplazados por la proliferación de productos importados por las facilidades que hay para traerlos”, añadió Bautista.

El mercado criollo también se ve afectado por la falta de materias primas nacionales e importadas. El sector automotor es alto consumidor de acero, entre otros insumos, que fabricaba la empresa básica Sidor y esta se encuentra paralizada. La falta de divisas igualmente impide que se traiga materia prima foránea.

“Está la falta de financiamiento de la banca, la medida de encaje legal que pesa sobre el sector bancario está ocasionando que tanto los públicos como los privados no otorguen créditos para capital de trabajo a las industrias y ello afecta considerablemente, dado que las empresas acuden a créditos financieros para la compra de la materia prima y eso está totalmente cerrado”, aseguró el vocero.

Diario2001 Ago 29, 2019 | Actualizado hace 2 meses
Niños waraos sin registro civil

La población infantil de 320 comunidades waraos no tiene posibilidad de sacar su partida de nacimiento en sus sectores por la falta de registro civil, informó la Asociación Comunitaria Kape Kape. Tampoco hay registro de las muertes.

Las comunidades warao diseminadas en los caños, ríos e islas del Delta del Orinoco se encuentran sin registro civil. Anteriormente funcionaba la figura de comisarios rurales, quienes llevaban el registro de los nacimientos y las defunciones en libros de actas para su respectiva entrega en la prefectura de la ciudad.

Juan Simón Beria, exconcejal del municipio Antonio Díaz, lamentó la situación y la cataloga como “un problema de identificación que vulnera el derecho a tener la identidad como venezolano e integrante del pueblo indígena warao, hasta la figura de comisario en las comunidades waraos desapareció y no hay forma de registrar los nacimientos de los niños waraos”.

La falta de registros en las comunidades warao viola el derecho social, contemplado y tipificado en  el Titulo III capítulo I de la Ley Orgánica de los Pueblos indígenas en su artículo 62.

Polihatillo convirtió baños en calabozos a causa del hacinamiento

DOS PRESAS OCUPAN el baño de la sede de la policía del municipio El Hatillo, debido al hacinamiento que padecen los organismos de seguridad del país. Esta sede policial carece de calabozos, pero como los presos ya no son detenidos solo por las 48 horas establecidas, los funcionarios de este cuerpo policial decidieron convertir el baño en celda con barrotes.

El Secretario de Seguridad Ciudadana de la alcaldía de El Hatillo, Javier Gorriño, explicó que en la sede policial hay aproximadamente 68 hombres detenidos, distribuidos en dos ambientes que anteriormente eran cuartos para los funcionarios.  Otro de los espacios que fue convertido en celda improvisada es el dormitorio de la Brigada Motorizada.

Gorriño indicó que cada vez que un detenido recluido en esos calabozos es sentenciado se le envía la decisión al Ministerio de Servicio Penitenciario para que se le otorgue un cupo.

Humberto Prado, director general del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), señaló que hay hacinamiento crítico en las cárceles.

Explicó que en un espacio destinado a cinco personas conviven más de 25 individuos. “Las condiciones de insalubridad son dramáticas. Solo trabaja 15%, el resto vive en hacinamiento, maltrato y corrupción, de lo cual el Estado no tiene control”, aseguró.

Prado resaltó que los detenidos deben permanecer en los calabozos  por 48 horas, como indica la Constitución, pero en lugar de eso,  los presos pasan hasta 6 años en centros policiales no aptos. “Los policías deberían estar al cuidado de los ciudadanos y no cuidando presos” sostuvo.

Cofavic:

A raíz de la muerte del Capitán Rafael Ramón Acosta Árevalo, quien estaba en condición de detenido, el Comité de Familiares de las Víctimas (Cofavic), se pronunció para instar a las autoridades a verificar el estado actual de la integridad física de todos los presos políticos, puesto que el militar presentó evidentes signos de tortura.

La organización no gubernamental difundió un comunicado para enfatizar que este lamentable hecho es un prueba más de “las graves violaciones a los derechos humanos y la ausencia de garantías judiciales mínimas que sufren las personas detenidas en Venezuela”, por lo que destacaron los altos niveles de impunidad.

A través de la cuenta en Twitter de Cofavic, se puede ler un tweet que dice “la tortura está diseñada con el propósito deliberado de atemorizar a todos”, por lo que señalan que es una forma de imponer dominación colectiva.

 

 

Diario2001 Feb 27, 2019 | Actualizado hace 8 meses
El Caracazo llega a 30 años sin culpables

EL AUMENTO DEL PRECIO DE LA GASOLINA A 2,75 BOLÍVARES la de alto octanaje el día anterior, fue el detonante. El programa de medidas macroeconómicas llamado el paquetazo, anunciado por el presidente Carlos Andrés Pérez 11 días antes, desató el 27 de febrero de 1989 la masacre de civiles que hoy, 30 años más tarde, sigue mostrando la más cruel morosidad del Estado: Aún no se determina el número real de asesinados ni la identidad de muchos de ellos ni a los responsables.

La lista oficial de muertos es aún de 276 fallecidos aunque los hechos apuntaron a más de 1.500, ocurridos en buena parte durante los días 28 de febrero y 1 de marzo en pleno toque de queda. Los disparos indiscriminados se enseñaron contra zonas populares residenciales como El Valle, Antímano y Petare.

“Este es uno de los casos en América Latina que mayor cantidad de tiempo ha tardado en tener el gesto humanitario de identificar los restos de víctimas encontrados en fosas clandestinas y entregarla a sus familiares”, afirma la abogada Liliana Ortega, fundadora de la Comité de Familiares de Víctimas del Caracazo.

Lo sabe Maritza Romero Castro, hermana de Fidel Orlando, un obrero de la construcción de 24 años de edad, quien recibió un tiro de FAL en el estómago cuando se encontraba cerca de su casa, en Baruta, el 27 de febrero en la tarde. A pesar de que fue llevado por familiares al hospital Pérez de León y luego a la morgue de Bello Monte, tres días después, para la autopsia de rigor, su cuerpo fue lanzado a La Peste y sus restos siguen sin aparecer.

“Cuando llegamos a la morgue mi otro hermano entró y vio tres pilas de cadáveres; pudo identificar a Fidel y lo colocó en la mesa de autopsia para que se la hicieran y poder llevarlo a la funeraria que ya habíamos pagado. El funcionario nos dijo que lo enviarían allá en la noche, pero el cadáver nunca llegó. Cuando regresamos a la medicatura en la mañana siguiente para ver qué había pasado, el médico nos dijo que se lo habían llevado al Cementerio del Sur. Y vimos que no éramos los únicos que reclamábamos”, relata Romero, una de las fundadoras de Cofavic.

30 años de angustia 

Transcurridos 30 años, ella sigue exigiendo la justicia interna que no consiguió. Durante un año, la hermana de Fidel junto a otros familiares de víctimas del Caracazo durmió en La Peste para vigilar que no movieran los restos humanos. “Mi mamá que entonces tenía 87 años de edad se encadenó en Miraflores. “Sacaron 68 cadáveres pero solo identificaron 3;  mi hermano quedó en el nicho”.

Lo único que, según dice, lograron en ese entonces fue la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en 2002, que ordenó la indemnización de más de 120 familiares de víctimas que correspondían a 44 casos; pero no la recuperación del cuerpo de Fidel “y allí siguen”.

En 2016, la fiscal general Luisa Ortega Díaz, junto con una comisión multidisciplinaria, exhumó los restos que quedaban en La Peste. “Fue una parodia que además se hizo a espaldas de los familiares, de Cofavic. Los cadáveres se los llevaron, no fueron identificados y se perdieron. Hoy día no sabemos dónde están”, asegura Romero, quien recuerda que la fiscal María Cristina Vispo, líder del equipo del Ministerio Público asignado, la conminaba a “dejar del dolor de una vez” y a hacerse la prueba de ADN. “Le dije que no hasta que no llegaran los peritos internacionales”.

Tampoco en 30 años ha tenido acceso al expediente que reposa en el tribunal 13 de juicio, el cual no ha iniciado el enjuiciamiento de los acusados Ítalo del Valle Alliegro, exministro de la Defensa; Luis Fuentes Serra, ex segundo comandante de la PM; Virgilio Ávila Vivas, exgobernador de Caracas (fallecido); y Freddy  Maya Cardona, ex jefe del comando regional No. 5  de la GN

“En el caso del Caracazo no ha habido un solo tribunal venezolano que haya dictado sentencia definitiva sobre los hechos”, señala Ortega, quien sostiene que el suceso no pasa. “Tiene vigencia por las demandas sociales y por la crisis de derechos humanos que aún existe. También sigue pendiente la modificación de toda la normativa interna que permitió que ocurrieran los hechos del Caracazo: desde el plan Ávila hasta el uso desproporcionado de la fuerza pública, indica Ortega. “La violencia policial y militar excesiva la vimos en el 2014, en el 2017 y ahora en 2019, por lo que este tema sigue siendo de preocupación en la agenda de DDHH”.

“Me siento defraudada, hoy no sabemos dónde llevar una flor”, dijo la hermana de Fidel quien junto a otros parientes acudirán a la misa en la Iglesia Candelaria, a las 10:00 am, que cada año se realiza para orar por todas las víctimas.

Violencia sin parangón

Ninguna de las protestas  con fallecidos y heridos que dejó la represión policial en 2014 y 2017  tiene similitud alguna con el Caracazo, afirma la defensora de derechos humanos Liliana Ortega.  “No son comparables y son muchísimas las razones”.  Las enumera:

1.- La primera y la más destacable es los crímenes ocurrieron en momentos distintos. La violencia del 27F fue durante la suspensión de garantías constitucionales, y las otras no.

2.- Ese día la mayoría de las muertes se dieron cuando las protestas estaban cesando, es decir, después de los saqueos, y no durante las manifestaciones como las posteriores.

3.- Gran parte de los disparos de balas de fusiles automáticos livianos, por parte de militares y policías durante el Caracazo, fueron indiscriminados contra zonas  de residencia como El Valle, Antímano, Petare.

4.- Los crímenes ocurrieron no solo el 27F sino también los días 28F y 1 de marzo.

5.- En el Caracazo no  se observó pérdida de credibilidad en las instituciones del sistema de justicia, como ahora.

6.- La mayoría de familiares de las victimas del 27F fueron funcionarios públicos que formularon sus denuncias ante la Fiscalía e inclusive las hicieron públicas, sin ocultar sus rostros ni nombres,  a través de los medios de comunicación. “Los niveles actuales de hostigamiento no se vieron en aquellos días”.

7.- La impunidad y la opacidad de la información sobre la violencia se han agudizado en los últimos años.

León Arismendi: Movimiento sindical se reactiva con ola de protestas

UNA DE LAS VIRTUDES DE LA ACTUAL OLA de protestas laborales es el grado de unidad de los trabajadores, incluidos los que se identifican con el gobierno, en torno a sus exigencias reivindicativas. Lograr que ese encuentro se fortalezca y genere resultados positivos es uno de los objetivos que hay que asumir, dijo León Arismendi, director general del Instituto de Altos Estudios Sindicales (Inaesin).

“Es oportuno y necesario vincular esta ola de protestas con la reactivación del movimiento sindical, para lo cual se busca organizar una movilización general que permita vínculos y comunicación directa entre trabajadores y la dirigencia sindical”, dijo Arismendi durante su participación en el foro “Análisis y proposiciones para el fortalecimiento del movimiento sindical venezolano”, celebrado en la Cámara de Comercio de Caracas.

El malestar de los trabajadores se observa a diario en acciones de calle que exigen un salario digno que les permita cubrir las necesidades básicas de una familia. En este sentido, Arismendi plantea la promoción de un movimiento asambleario para que los trabajadores expongan las consecuencias de la crisis económica y posibles soluciones.

La problemática laboral-sindical fue abordada por un panel en el que participaron ocho dirigentes sindicales en la actividad del jueves, que tuvo como finalidad contribuir a la definición de programas educativos, estrategias y líneas de acción tendentes al fortalecimiento del movimiento sindical en la coyuntura actual y a la promoción del programa de trabajo decente de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

José Elías Torres (CTV), Servando Carbone (Unete), Plácido Mundaraín (Codesa), Heberto Ferrer (CGT), Bogar Perez (ASI), Pablo Zambrano (Mosbase), Dick Guanique (Fadess), Armando Guerra (CCURA) y José Vicente Rivero (ISP), tuvieron a cargo el debate de la jornada.

La directora de Proyector del Inaesin, Linerby Sánchez, presentó un conjunto de propuestas y estrategias para programas de formación con énfasis en mujeres y jóvenes, proceso en el que se compromete la institución para el desarrollo de un plan de trabajo educativo.

“es importante el modelo educativo (programa, currículo, metodología, didáctica, plan de estudio), hacerlo estatutario (reforma) para reactivar los procesos de educación sindical y es fundamental comprometer a la junta directiva, para el desarrollo de un plan de trabajo que contenga estrategias de motivación de los posibles participantes”.

Conclusiones

 Se destaca que los líderes sindicales están de acuerdo en la urgencia de consolidar la unidad para fortalecer las luchas por las reivindicaciones

Inaesin presentó propuestas y estrategias para desarrollar procesos de formación con énfasis en mujeres y jóvenes

1.- El epicentro de la crisis nacional, desde la perspectiva de los trabajadores, es la destrucción del salario, cuyo monto mensual no alcanza para satisfacer las necesidades alimentarias de una semana; a lo cual se suman, entre otros, el colapso del transporte público, la ruina de los servicios de salud y la falta de medicamentos.

2.-  En repuesta  a tal estado de cosas la protesta laboral se ha hecho cotidiana y el reclamo de los trabajadores se ha centrado en exigir salarios dignos, tomando como referencia lo dispuesto en el artículo 91 de la Constitución, conforme al cual, éste debe ser suficiente para satisfacer las necesidades materiales del trabajador y su familia. Así mismo, se exige un cambio radical de la política económica y que se adopten medidas eficaces contra la hiperinflación y sus verdaderas causas.

3.- Avanza la percepción de que la ruina nacional tiene como causa principal al gobierno y que sin cambiarlo será muy difícil que se implementen las aludidas medidas, pero sería apresurado asumir que la mayoría de los trabajadores piensa lo mismo, pues muchos de ellos aún aceptan las justificaciones que se expresan en el discurso oficial.

4.- Una de las virtudes de la actual ola de protestas laborales es el grado de unidad de los trabajadores (incluidos los identificados con el gobierno) en torno a sus exigencias reivindicativas. Lograr que ese encuentro se fortalezca y genere resultados positivos es uno de los objetivos que debemos asumir.

5.- Consideramos oportuno y necesario vincular esta ola de protestas con la reactivación del movimiento sindical, para lo cual es necesario organizar una movilización general que permita vínculos y comunicación directa entre los trabajadores y los dirigentes sindicales. Generar un movimiento asambleario en el cual los trabajadores puedan opinar sobre la crisis y sus soluciones.

Foro: “Análisis y Proposiciones para el Fortalecimiento del Movimiento Sindical Venezolano”.  En dicho evento, usted formará parte de un panel de dirigentes sindicales que abordará el tema: “Problemática laboral-sindical de Venezuela” y tendrá 5 minutos para exponer la visión de ISP sobre dicho asunto.

Esta actividad tiene por objeto contribuir a la definición de programas educativos, estrategias y líneas de acción tendentes al fortalecimiento del movimiento sindical en la coyuntura actual y a la promoción del Programa de Trabajo Decente de la OIT.

De Freitas: La justicia venezolana es cómplice de la corrupción

LA PALABRA CORRUPCIÓN SUENA FAMILIAR en cada rincón de la población venezolana. Escuchar un “matraqueo” de un agente policial o el soborno de un trabajador público para la agilización de algún trámite se ha convertido en algo “normal” y cotidiano. Además, los casos más escandalosos de corrupción como el de la constructora brasileña Odebrecht también son parte del día a día. Por esas razones, Venezuela sigue posicionándose como el país más corrupto de América Latina.

La malversación de fondos y el difícil acceso a la información pública es parte de la lucha de Mercedes De Freitas, directora ejecutiva de Transparencia Venezuela, una organización sin fines de lucro encargada de crear las condiciones para que la corrupción deje de ser la norma en el país.

De Freitas lamenta que el abuso de poder siga ocupando todos los espacios de la función pública y, más aún, que haya tocado la puerta del sistema judicial. Son pocas las expectativas que observa para que cese la impunidad. A su juicio, esa componenda corrupta de la cúpula gubernamental ha sido la gran cómplice de la profunda crisis que hoy atraviesan los venezolanos. Así lo declaró en entrevista para el Diario 2001.

El último informe de Transparencia Venezuela coloca al país como el más corrupto de América Latina, ¿se mantiene esa valoración?

Lamentablemente, el Estado no ha hecho nada para cambiar la percepción de los venezolanos sobre la corrupción. Quitémosle la última posición de percepción de corrupción en América Latina y de igual modo, Venezuela se ubica en uno de los últimos lugares en el mundo, y eso tiene que ver con que los venezolanos no tenemos una información clara de cómo se relaciona lo público con lo privado. La relación entre los ciudadanos con el Estado y las comunidades con el sector público en donde la posibilidad de lograr un trámite, un permiso, un contrato o un beneficio social pasa primero por una cantidad de factores que tiene que ver con la corrupción: sobornos, extorsiones, abusos, compra de favores, conflictos de interés, y eso se repite a lo largo y ancho del país y a todo los niveles.

¿Por qué cree que el índice en materia de corrupción es tan alto en el país?

Lo que ocurre es que la corrupción ha invadido el sistema judicial desde hace mucho tiempo y esa invasión produce alta impunidad. Cuando una persona tiene posibilidades de pagar para que su caso no salga o que la decisión de un juicio salga favorable a una de las partes porque hay dinero de por medio o porque sencillamente es parte de un “favor”, la justicia se vuelve cómplice de la corrupción y es el peor aliado que tiene cualquier nación para tener prosperidad.

Lo que ha ocurrido en Venezuela es que desde hace tiempo los inmensos casos de corrupción que se destapan no tienen sanción porque ni siquiera se investigan y los que se investigan no llegan a un término en donde se sancionen a los culpables, y eso no solo ocurre por temas financieros, la corrupción la vemos en los programas sociales, en todo tipo de compra y adquisiciones, en la entrega de adjudicación de obras. Se han pervertido los pocos sistemas de protección e integridad institucional que había en el país. Además, se han aprobado cantidad de leyes que han hecho mucho más permisivo el proceso de corrupción.

¿Cuáles han sido esas leyes?

Por ejemplo, la creación de amplias de adjudicación directa de grandes obras o el control de cambio. Este último es un incentivo perverso porque permite a un número selectivo de personas hacerse millonarias solamente con tener acceso a las divisas preferenciales. Aquí se han quebrado las empresas nacionales, de hecho, el mismo sector público en sus pocos informes indica cómo ha caído la producción nacional y ha aumentado las contrataciones importadas. Esas negociaciones precisamente, permiten al Estado tener el control para que solo los productos que decidan importar sean lo que estén en el mercado.

¿Qué otros espacios públicos están deteriorados por el uso indebido del dinero público?

La corrupción también se ha extendido a la salud. Desde hace mucho tiempo hemos visto que este sector en crisis. En 2009 el entonces presidente Hugo Chávez ordenó la construcción de seis grandes hospitales que a la fecha no se han construido. En la mayoría de los casos ni siquiera se ha removido la tierra. En 2010, Chávez declara en emergencia la salud, pero ese decreto no se tradujo en resolver los problemas de los quirófanos, medicamentos, reactivos, vacunas, y la falta del personal médico.

Hoy en día, para nadie es secreto la terrible situación que atraviesa el sector salud.  Por donde se vea, nosotros seguimos siendo el país con una altísima percepción de corrupción.

¿Es la corrupción la causante de la crisis que atraviesa el país o, por el contrario, ha sido la coyuntura económica la que ha desatado este abuso de poder?

Creo que las dos cosas, pero fundamentalmente empieza porque la corrupción crea la crisis y la profundiza. La crisis económica, por ejemplo, ocurre porque hay sectores cercanos al Estado que tienen posibilidad de hacerse millonarios con la inflación, con el control de precios y con la posibilidad de importar, expropiar y confiscar descaradamente quebrando a un importante sector industrial del país. El manejo discrecional de los fondos millonarios que entraron al país, es en gran parte el responsable de la crisis actual.

¿Si se hubiese administrado el dinero público responsablemente, esta situación se habría evitado?

Sí, efectivamente. Si los fondos hubieran sido manejados, gerenciado y ejecutados con integridad y con visión de proteger lo público para beneficio de la población, nosotros no estaríamos en esta situación tan crítica. Pero, lamentablemente, el dinero que entró en ríos fue manejado en fondos paralelos (Fondo Chino, Fondo Miranda, entre otros) con absoluta opacidad. Esos fondos ni siquiera tenían la vigilancia de la Asamblea Nacional (AN). Fueron fondos que desaparecieron.

Es entonces la corrupción la que invita, empuja e incentiva estas decisiones de políticas públicas causantes de la terrible crisis que vivimos hoy.  El modelo que se instaló en Venezuela más que un modelo ideológico, se transformó fue en un modelo de corrupción perfecto porque quienes se benefician de ello, tienen garantizada su seguridad y su impunidad.

¿Cuáles son los casos de corrupción que han marcado este 2017?

El caso que destaca con luces y fuegos artificiales es Odebrecht. En este caso, según indicó la Fiscal general Luisa Ortega Díaz y según se supo de la sentencia de la Corte de Nueva York en diciembre, los montos que facturó Odebrecht en Venezuela son gigantescos. La Fiscal hablaba de 30 mil millones de dólares. Nosotros, los venezolanos, no nos podemos hacer una idea de eso, pero para que tengamos una idea ese monto representa el presupuesto de todo un año de América Latina, son montos estrambóticos.

Según el modelo que implementó la empresa brasileña, Odebrecht pagaba entre 2% y 3% de sobornos para obtener las adjudicaciones de obras. Si hablamos de ese porcentaje en Venezuela, estamos hablando de mínimo 600 millones de dólares, que si le sumas pagos a campañas electorales, estamos hablando de montos exorbitantes.  Odebretch aceptó que había pagado en Venezuela 98 millones de dólares a altos funcionarios, pero eso no se compadece con lo que estamos viendo en el número de contratos y en la calidad de las obras.

¿Tiene información de cuánto pagó el Estado? ¿Cuáles otras obras siguen paralizadas por las obras contratadas con Odebrecht?

No, no tenemos información. Pero, el modelo que implementó el modelo Odebrecht en toda Latinoamérica suponemos que también lo implementó en Venezuela y significaba que había un sobreprecio en las obras con lo cual los sobornos se podían haber cobrado antes de que las obras culminaran y para nosotros Odebrecht no solo es un monstruo que promovió y se aprovechó de la avería institucional en Venezuela sino que nos deja al menos 15 obras que hemos podido identificar paralizadas. Tienen años de retraso. Obras que necesitábamos porque cualquier persona que iba a Guarenas o al oriente del país sabe que el Metro de Guarenas-Guatire era necesario, por ejemplo.

¿Cuáles otras obras siguen paralizadas?

La conclusión del Metro de Caracas, el Metro de Los Teques. La construcción del tercer puente sobre el río Orinoco. Faltó concluir el puente Cacique (segundo puente sobre el Lago de Maracaibo).  La ejecución de la Planta Hidroeléctrica Manuel Piar (Tocoma) -que fue la primera obra de Odebrecht en Venezuela en el sector de energía- también quedó en inconclusa.

Los venezolanos tenemos unas necesidades estructurales y resulta que en estos momentos por esa componenda corrupta, se gastó el dinero, no tenemos las obras y se va a perder lo que se avanzó porque cualquier ingeniero puede explicar que una obra que se abandonada empieza a perder calidad estructural.

¿Es muy difícil reconstruir esas obras?

La empresa que asuma la restauración de esas estructuras va a cobrar millones de dólares nada más para hacer una evaluación del estado y luego hacer una propuesta distinta para poder terminarla. Lamentablemente, en la actualidad no hay las condiciones económicas para concluirlas. Si no se tiene dinero para medicinas y comida no creo que vayamos a tenerlo para pagar esos trabajos. Tampoco vamos a tener quien nos preste dinero y por otro lado significaría aumentar la gigantesca deuda del país.  Estamos en una situación terrible. Esto es como un huracán que va destruyendo a su paso. Las perspectivas a corto plazo no son positivas.

¿Cómo observa la gestión de la Contraloría frente a esta situación?

La Contraloría tiene un déficit con Venezuela, una deuda gigante porque no ha hecho la tarea que le atribuye la Constitución. Su deber es velar por el buen uso de los fondos públicos. Sin embargo, la misma Contraloría ha dejado de publicar los informes correspondientes. Lo último fue la Memoria y Cuenta 2015 y muestra un trabajo muy pobre, no hace referencia a empresas públicas como Pdvsa por ejemplo, ni a las misiones.

Ante esta terrible situación en donde es evidente la relación entre la corrupción y la violación de derechos humanos en medio de la crisis que vivimos, la Contraloría está callada, lo que hace es sancionar a unos que otros líder de oposición pero no hace la tarea de ocuparse de los riesgos de corrupción que atenta contra la vida de los venezolanos.

Comprometida con su labor

Mercedes de Freitas Sánchez, historiadora egresada de la Universidad Central de Venezuela, es la directora ejecutiva y fundadora de Transparencia Venezuela desde el año 2003. Además es miembro de la junta directiva de Transparency International desde el 2014. Forma parte del Stering Committee del Consejo para las Nuevas y Renovadas Democracias de Naciones Unidas y de la Coalición de Sociedad Civil de la Convención de Naciones Unidas contra la corrupción.

De Freitas ha laborado con diversas organizaciones no gubernamentales de Venezuela con las que ha participado activamente en las redes de América Latina en materia de acceso a la información, la transparencia presupuestaria y procesos legislativos, así como en el Movimiento Global de Transparencia y Rendición de Cuentas en los Presupuestos.

En Transparencia Venezuela, promueve la legislación sobre la lucha contra la corrupción, la transparencia, el acceso a la información y protección de los denunciantes y los casos de derechos humanos, denunciando los abusos de poder y fraudes electorales. Cabe destacar que, desde 1993 ha diseñado y coordinado proyectos de desarrollo social, fortalecimiento institucional, derechos humanos, empoderamiento y mejora en capacidad de redes sociales y educación en Venezuela y América Latina.

Pide “autonomía e independencia” al Ministerio Público

El Fiscal designado por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Tarek William Saab, dijo recientemente en la presentación del balance de su primer mes de gestión ante el Ministerio Público (MP), que esa instancia a cargo de Luisa Ortega Díaz tenía “un bufete a su servicio” relacionado con los casos de delitos de corrupción más escandalosos.

No es primera vez que William Saab, desde que está al frente del MP, hace acusaciones contra su antecesora, frente a estos señalamientos, Mercedes De Freitas se limita a invitar al actual Fiscal de la República a mostrarse con más “autonomía e independencia”.  “Es importante que haga una selección de prioridades en la investigación e casos de corrupción, pero la verdad es que desde el principio su designación no fue la más transparente e idónea. Esa elección por parte de la ANC está viciada desde su nacimiento”, recalcó. De Freitas tiene pocas expectativas que la Fiscalía General tenga intención de acabar con la impunidad y hacer énfasis en los casos que “realmente le duelen al país”.

Con respecto al trabajo que viene realizando Luisa Ortega Díaz ante la presunta vinculación de un grupo importante de funcionarios del Gobierno involucrados con el caso de Odebrecht y otros delitos de corrupción, la directora de la Transparencia Venezuela, solo espera que la ex Fiscal avance con la información que ya ha presentado por el bienestar del país. “Pedimos que se aclare qué es lo que ha pasado realmente en Venezuela porque ella debe tener toda la información.  Lo difícil es a dónde va a presentar los casos. Ese es el reto que tiene, de consultar si hay innovaciones en esos procesos, si la violación de los derechos humanos que causa la corrupción pueda ser juzgada en otras instancias a través de la jurisdicción internacional Eso es lo que ella está tratando de lograr”, planteó.

MUD convoca a Parque Miranda y luego movilización hasta Altamira (+Video)

julioborges

El presidente de la Asamblea Nacional (AN), Julio Borges, informó que la jornada de este miércoles dejó un saldo negativo de 3 venezolanos fallecidos “a manos de la represión y la violencia” producto de la “utilización de gases tóxicos”.

Aseguró que los hechos ocurrieron en el estado Táchira, Carabobo y en el Distrito Capital, con impactos de bomba lacrimógena a “quemarropa”. “Hoy un Guardia Nacional salió a la calle, supuestamente a hacer su trabajo, pero lo que hizo fue asesinar a venezolanos”.

Borges convocó a las personas a acompañar este jueves la sesión extraordinaria de la AN, la cual se realizará en Parque Miranda a las 11:00 de la mañana, en donde se discutirá y aprobará un manifiesto para “reestablecer una ruta clara para que en Venezuela gobierne la Constitución”.

En este sentido, el coordinador del partido Primero Justicia (PJ), indicó que al culminar la sesión se movilizarán hasta las adyacencias de la Torre Británica, en Altamira, lugar donde fue asesinado Juan Pernalete, “para elevar una oración por la paz, por él y por todas los asesinados por el Gobierno”.

Borges anunció que para el día viernes 28 de abril los diputados de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), realizarán una jornada por la libertad de todos los presos políticos, motivo por el cual, se trasladarán a todos los recintos penitenciaros en donde se encuentren dirigentes opositores detenidos para hacerles llegar el mensaje de apoyo de todo el país.

Argumentó que, adicionalmente, el movimiento estudiantil hará una actividad para homenajear a Juan Pernalete y todos jóvenes heridos y asesinados desde el 4 de abril, día en que se iniciaron las protestas en Venezuela y destacó que la movilización de este primero de mayo se tomará Venezuela por la libertad y la democracia.

El parlamentario denunció la agresión a 9 periodistas, quienes fueron heridos por cumplir su labor de informar, así como el ataque al Colegio San Pedro, en donde resultaron afectados niños por el lanzamiento de bombas lacrimgenas.