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AN avanzan en recuperación de bienes producto de la corrupción en el exterior

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Dos aspectos básicos se trabajan en torno al proyecto de Ley para la Recuperación de Bienes producto de la corrupción: El decomiso sin condena, conocido como extinción de dominio, y la cooperación jurídica internacional, ésta última de carácter fundamental, porque muchos de los capitales sustraídos ilícitamente han sido colocados en instituciones financieras de otros países.

Así lo expuso el abogado Héctor Fuentes, asesor del  proyecto de Ley que trabaja la Comisión Permanente de Contraloría, conjuntamente con la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional, la participación de especialistas en la materia, el aporte de  instituciones académicas nacionales e internacionales y organizaciones sociales.

Estas declaraciones se dieron en el marco de la jornada de reflexión “Cómo luchar contra la corrupción y ​lograr que el Estado Venezolano recupere los bienes producto de la corrupción”, organizada por las citadas instancias parlamentarias y la colaboración del equipo de la Web cuentasclarasdigital.org.

Héctor Fuentes destacó que el proyecto de ley está documentado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, y la Convención Interamericana contra la Corrupción. En este sentido, puntualizó la importancia de alcanzar la recuperación de los bienes que la corrupción le ha quitado a Venezuela. “La corrupción socava la democracia, genera pérdida de confianza en la instituciones, promueve la violación de los derechos humanos y representa un obstáculo, muchas veces insalvable, para superar los altos índices de pobreza en muchos de nuestros países”. Advirtió que el artículo 271 de la Constitución nacional garantiza la imprescriptibilidad de los delitos contra los derechos humanos y el patrimonio público. Entre los lineamientos internacionales subrayó que la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción promueve la recuperación de bienes producto de la corrupción.

70 mil millones de dólares en casos de corrupción

La jornada de reflexión sobre el proyecto de Ley de Recuperación de los bienes de la corrupción fue instalada por el vicepresidente de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, diputado Ismael García, quien se refirió a la a las investigaciones realizadas por esta instancia legislativa durante este primer semestre del año, que hasta ahora alcanzan unos 70 mil millones de dólares, producto de casos vinculados a hechos de corrupción.

Para el parlamentario, Venezuela vive hoy “la fase terminal de un modelo político y económico que tuvo en sus manos la posibilidad de lograr los cambios”. Reconoció que se encuentra entre quienes apoyaron, en aquella oportunidad, esos cambios en el marco de la Constitución, “en la cual sigo creyendo, creo en el modelo de país  que está ahí  desarrollado , un modelo de justicia con respeto a las instituciones del país y al desarrollo de todos los sectores de la sociedad”.

En este marco aseguró que Venezuela, después de haber tenido recursos por un billón 800 mil millones de dólares, “está ahora en una situación extremadamente grave”.

Y agregó: “el pueblo puede pasarnos por encima, si no asumimos la responsabilidad que nos toca. Los problema que afectan a Venezuela es porque se robaron el dinero. Este un gobierno que además de destruir 4 millones de hectáreas productivas, más de 300 mil pequeñas empresas, de haber cerrado y expropiado más de 3.700 empresas en eje que va desde Guarenas hasta Puerto Cabello, el eje industrial más importante  de Venezuela, le echó  manos al tesoro de la nación y no no tiene ninguna justificación”.

Una ley vinculada a los Derechos Humanos

Para la abogada venezolana, Mariela Morales, Referente para América Latina del Instituto Max Planck de Derecho Público Comparado y Derecho Público Internacional, se trata de un proyecto de ley que debe vincularse a la normativa y discurso de protección de los derechos humanos. “Los datos empíricos demuestran que los Estados que registran un alto índice de corrupción, o una alta percepción de ella, presentan al mismo tiempo una precaria situación respecto a la garantía de los derechos humanos. Por ello los planteamientos académicos identifican una tendencia a implementar las normas internacionales contra la corrupción con los argumentos e instrumentos de derechos humanos, a fin de lograr mayor efectividad e impacto. Saludó la iniciativa de este proyecto, puntualizando la relevancia de enmarcarlo dentro de los estándares de salvaguarda de los derechos humanos en una sociedad democrática. Cada vez más hay voces que reclaman la conceptualización de la conducta corrupta como una violación de los derechos humanos y la necesidad que se califiquen y sancionen los actos corruptos como violaciones de los derechos humanos”.

Jurisdicción especial interdisciplinaria

Para el exjuez superior penal y profesor de la Universidad Central de Venezuela, Jesús Ollarves, en la discusión del proyecto de Ley de Recuperación de Bienes producto de la Corrupción debe tomarse también en cuenta las observaciones que emanan del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, donde se establecen estándares fundamentales para que los Estados, sobre la base de la transparencia y el Buen Gobierno, para asegurar su desarrollo progresivo, conforme al Pacto Internacional que es un instrumentos ratificado por la República y de obligatorio cumplimiento.

A propósito de uno de los interrogantes planteados en la discusión del anteproyecto de Ley de Recuperación de bienes de la corrupción: Jurisdicción competente ¿Civil o penal? ¿Debe crearse una jurisdicción especial?, Jesús Ollarves se pronunció a favor de una jurisdicción especial “que debería estar subordinada a una oficina de recuperación de activos, como ha ocurrido con otras legislaciones, con experiencias sumamente novedosas en Francia e  Inglaterra.”

Dijo que la oficina de recuperación de activo tiene una razón de ser, porque no es un área exclusiva del derecho civil y del derecho penal, sino también del derecho administrativo. “Se trata de una jurisdicción especialísima e interdisciplinaria”.

Con respecto  a la retroactividad, el abogado dijo que se trata de un tema que genera tensiones, porque en Venezuela se considera que el derecho a la propiedad es fundamental y no lo es, es un derecho que tiene limitaciones y restricciones constitucionales y convencionales. “solamente está regulado por la Convención Interamericana de Derechos Humanos, no así en el pacto internacional de derechos civiles y políticos, por lo cual no es ninguna tragedia hacer referencia  al decomiso simple y también al decomiso ampliado”.

Agregó que en este asunto, donde la criminalidad organizada  nos lleva siempre un paso adelante, no debe producir ninguna afectación que un juez, de forma cautelar o  definitiva, pueda decomisar un bien anterior al hecho ilícito que se está investigando.

La AN no renuncia a legislar

Para el asesor jurídico de la Asamblea Nacional, Jesús María Casal, en la situación actual de Venezuela no se acepta la idea del control que debe ejercer el Poder Legislativo, como tampoco “ninguna de las Leyes aprobadas por la Asamblea Nacional han logrado ser promulgadas”. A pesar de ello, la Asamblea Nacional sigue cumpliendo la  responsabilidad constitucional de legislar en materia nacional, como es la correspondiente a la recuperación de bienes producto de la corrupción, que está trabajando la Comisión Permanente de Contraloría.

350 mil millones de dólares en otros países

El presidente de la Comisión de Política Exterior, Diputado Luis Florido, reveló que fuera de las fronteras venezolanas hay 350 mil millones de dólares sacados por la vía de la corrupción. “Por ello en los países a donde hemos ido, informamos que Venezuela está interesada en recuperar el dinero que muchos inescrupulosos se llevaron  y que está faltando para adquirir las medicinas, los pañales y teteros de nuestros niños, los alimentos…”.

En este marco, informó que sostuvo una reunión con el embajador de Suiza, a quien informó que en los bancos de su país hay alrededor de 80 mil millones de dólares producto de la corrupción . Como respuesta, el diplomático aseguró que las autoridades Suizas están en la disposición de cooperar, siempre y cuando se cumplan los procedimientos, desde el punto de vista jurídico,  y se haga la solicitud por parte de Venezuela. Es decir, “para ellos, el poder público debe encabezar esta acción, porque el Ejecutivo es quien establece los convenios, también corresponde al Poder Judicial , a la Fiscalía y al Poder Legislativo”

Además de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción recomendó el  programa Star (Iniciativa para la recuperación de activos robados), que ejecutan el Banco Mundial y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, porque pueden ser instrumentos útiles para Venezuela. “Con el 10 por ciento de los 350 mil millones de dólares, podríamos resolver muchos de los problemas que tiene Venezuela”, aseguró.

Lineamientos

Correspondió a la periodista Pilar Suárez Sasso, coordinadora general de CuentasClarasDigital.org, referirse a los Lineamientos para el debate de un Proyecto de Ley para la recuperación inmediata de los Bienes provenientes de la Corrupción, incluido en el libro El Gran Saqueo de Carlos Tablante y Marcos Tarre.

En estos lineamientos se incluyen:

  • La Creación de la Comisión interinstitucional o Superintendencia contra la Corrupción.
  • Recompensa  a cualquier persona que colabore eficazmente y aporte información esencial y determinante para recuperar bienes derivados de la corrupción.
  • Creación del Fondo para la Prevención Integral Social contra la Corrupción y la Defensa de los Derechos Humanos.
  • Dirigir recursos  recuperados de la corrupción a organizaciones que en Venezuela se dedican a la Defensa de los Derechos Humanos.
Cuñados de Carlos Osorio recibieron más de $ 6 millones por facilitar la compra de carne para CASA

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Una empresa de maletín registrada en Panamá cuyos beneficiarios finales son Jesús Tomás Marquina Parra y Néstor Enrique Marquina Parra, cuñados del General del Ejército Carlos Osorio Zambrano, recibió pagos del empresario Naman Wakil por 5 millones 850 mil dólares por facilitar la compra de 40.000 toneladas de carne por parte de la Corporación de Abastecimientos y Servicios Agrícolas (CASA) cuando Osorio era ministro de Alimentación.

Cuentas Claras Digital tuvo acceso a los documentos que confirman los 8 pagos realizados entre diciembre de 2012 y junio de 2013 por JA Comercio de Géneros Alimenticios propiedad de Naman Wakil a Viltas Company SA, empresa registrada en Panamá a través del bufete Morgan & Morgan, cuyos dueños verdaderos son los hermanos de Iraida Marquina Parra, esposa del General Carlos Osorio.

 

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La operación

CASA adquirió 40.000 toneladas de carne a la empresa brasileña J.A. Comércio de Gêneros Alimentícios e Serviços LTDA con sede en Sao Pablo a un precio de 3 mil 200 dólares por tonelada, por un monto total de 128 millones de dólares, sin embargo, la vendedora carioca solo recibió alrededor de 52 millones de dólares, es decir, cerca de 1.300 dolares por tonelada de una carne vendida como de primera calidad pero que al momento de la venta ya estaba vencida.

El resto, aproximadamente 76 millones de dólares, es decir, el 60%, corresponde al sobreprecio establecido por Naman Wakil, del cual una parte fue a parar a la cuenta de Viltas Company SA de los  cuñados del general Carlos Osorio. Si bien los documentos que respaldan esta información señalan pagos por casi 6 millones de dólares, la fuente consultada por CCD asegura que el pago final fue de 20 millones de dólares.

Se trata sólo de una de decenas de operaciones similares realizadas por Naman Wakil con directivos de CASA, del Ministerio de Alimentación y sus asociados, por lo menos desde 2007, según registros a los que tuvo acceso CCD.

 

Diego Salazar contrató a ex primer ministro francés para desbloquear fondos en Andorra

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@CCDvsDO

Dominique de Villepin, ex primer ministro francés (2005-2007) es el abogado de Diego Salazar en Francia, o por lo menos lo era en 2012 cuando le bloquearon 200 millones de dólares de una cuenta en Banca Privada de Andorra.

Sería uno de los principales artífices de la defensa del cuestionado operador de seguros de Pdvsa que conllevó a que el Tribunal de Corts, la instancia judicial penal de Andorra, autorizara hace 10 meses a BPA la devolución de fondos multimillonarios por falta de pruebas a ex funcionarios del gobierno de Hugo Chávez y otros mienbros de la denominada boliburguesía venezolana.

Así queda reflejado en las grabaciones que la Guardia Civil española realizó al ejecutivo de cuentas y consejero delegado, Luis Pablo Laplana Moraes, hoy detenido y acusado de lavado de dinero junto con otros dos empleados del banco andorrano. Las mismas fueron autorizadas por el Juzgado Central de Instrucción número 6 de Madrid.

En la transcripción a la que tuvo acceso CuentasClarasDigital.org (CCD), Laplana conversa con frecuencia con los abogados de Diego Salazar, Dominique de Villepin desde Paris y Luis Mariano, letrado de origen uruguayo que aparentemente llama desde la oficina de BPA en el centro comercial CCCT de Caracas, entre otros profesionales del derecho de Venezuela.

Durante una llamada realizada en diciembre de 2012, Dominique de Villepin llama a Luis Laplana de parte de Diego Salazar. El ejecutivo del banco le detalla el recurso en el que está trabajando para presentarlo ante el Tribunal Superior de Andorra a fin de lograr el desbloqueo de los 200 millones de dólares de su cliente.

Laplana le comenta a Dominique de Villepin que el Tribunal está integrado por dos jueces andorranos, dos españoles y dos franceses pero que el presidente es francés y que se preguntaba “si había forma de llegar a ese juez para influirle en que no mirasen ese tema desde una perspectiva internacional, sino desde un enfoque andorrano…para que estuviesen avisados de que les iba a llegar un recurso de Diego (Salazar) para que lo tratasen con cariño…” , Dominique de Villepin le pide que le envíe los nombres de los jueces al correo de una tercera persona llamada Philippe.

En otras conferencias telefónicas de Laplana con el otro abogado de Salazar, Luis Mariano, se hace referencia el ex primer ministro francés en varias oportunidades. Laplana se reunía personalmente en París con Villepin y “el primo”, como llaman entre los conferencistas a Diego Salazar Carreño en alusión a su parentesco con Rafael Ramírez Carreño, ex presidente de Pdvsa y actual embajador de Venezuela en la ONU donde ocupa un puesto en el Consejo de Seguridad.

El 5 de diciembre de 2012, Dominique de Villepin llama en tres oportunidades a Laplana. De Villepin dice estar seguro de que Salazar y las personas relacionadas con él, a las cuales también les habrían bloqueado las cuentas, no tienen ninguna averiguación abierta a nivel internacional, como al parecer se temía. De la conversación se desprende que Villepin también abogaba por los otros clientes venezolanos en situación similar a la de Salazar, es decir, un grupo interrelacionado por operaciones en común.

Dominique de Villepin comenta con Laplana la estrategia de la defensa que hará de Salazar y aparentemente, de los otros clientes venezolanos: “Ahora bien..y aquí viene la pequeña trampa..que el hecho de que estas personas operen aquí con sociedades de Belice o de Panamá, es por un tema de evasión fiscal que no es delito en Andorra, por lo tanto no se les puede acusar …de ocultar el origen del dinero”.

En posteriores conversaciones se centran en el análisis del escrito judicial que sustenta el bloqueo calificándolo de “patético e irrisorio”, salvo un punto que preocupa a Laplana…”acá solo hay una cosa y de hecho la mencionan (en el auto) ..son los volúmenes y el patrón de gasto”. Extrañaba al ejecutivo de BPA que la unidad de inteligencia financiera de Andorra se fijara en una transferencia de Diego Salazar a una persona física en París de 99.000 euros cuando el cliente mantenía una operativa de “ más de mil millones de dólares” supuestamente en BPA.

El bloqueo de la cuenta de Salazar había sido ordenado por las autoridades financieras andorranas a solicitud de su par francés por considerar sospechosa dicha transferencia. Por ello, Laplana pide a Dominique de Villepin que averigue si cursa alguna investigación formal contra Salazar en Francia, lo cual acuerdan..

A juzgar por los resultados de la defensa que publica el diario El Mundo de hoy, la estrategia de relacionar el tema con evasión de impuestos y alejarlo de la averiguación del origen de fondos, fue exitosa. La sentencia del tribunal penal andorrano basa el desbloqueo de las cuentas en la imposibilidad de las autoridades policiales en descubrir el origen de los fondos, que se legitimaron a través de una extensa red de empresas en Panamá e Islas Vírgenes, así como en la inexistencia de antecedentes penales en los jerarcas venezolanos afectados.

En una de las grabaciones, Laplana y Dominique de Villepin comentan jocosamente que “Diego lo único que se ocupa es de disfrutar de la vida y de lo hermoso que es París”. Al parecer, “el primo” también sabe cómo escoger a sus abogados y, sobre todo, le sobra con qué pagarles.

Quién es Dominique de Villepin

Dominique Marie François René Galouzeau de Villepin (1953) fue el Primer Ministro de Francia del 31 de mayo de 2005 al 17 de mayo de 2007. Político y escritor francés, ha sido además ministro de varias carteras. Nació en Rabat (Marruecos). Su padre Xavier de Villepin, fue embajador así como senador centrista elegido por los franceses en el extranjero hasta septiembre de 2004. Políticamente ha estado ligado a Jacques Chirac desde los años 80. Vió frustrada su posibilidad de aspirar a la presidencia de Francia en 2007 por los movimientos suscitados por la Ley de Contrato del Primer Empleo y por su imputación en el Caso Clearstream. Anunció su intención de aspirar a la presidencia en 2012 pero no consiguió las 500 firmas de cargos electos que requiere la ley francesa para presentarse como candidato en unos comicios que terminaría ganando el socialista François Hollande frente al presidente saliente, Nicolas Sarkozy.

Aunque nacido en Marruecos, África, debido a obligaciones profesionales de su padre, creció y recibió su primera educación en Venezuela. En Caracas, estudió en el Colegio Francés, por lo que habla español a la perfección.

El ex primer ministro francés Dominique de Villepin fue imputado por los jueces del llamado ‘caso Clearstream’ por “complicidad en denuncia calumniosa” por su presunta implicación en un intento de desestabilizar a su ex rival, Nicolas Sarkozy.

En septiembre de 2012 Villepin fue puesto bajo detención preventiva por un caso de estafa, tras haber sido citado para explicar su papel en un caso de corrupción, conocido como ‘Relais & Chateaux’, según informara en su oportunidad el diario ‘Le Monde’.