A partir de ahora y sin salir de Venezuela, los estudiantes o egresados de la Universidad Católica Andrés Bello podrán obtener un título de pregrado con validez en Estados Unidos, gracias al reciente acuerdo firmado entre la institución jesuita caraqueña y dos casas de educación superior ubicadas en la ciudad de Miami: URBE University y Florida Global University (FGU), ambas de carácter privado y legalmente autorizadas por el Departamento de Educación del estado de Florida. 

Según informó la directora del Secretariado de Internacionalización (SI-UCAB), Lizbeth Sánchez, el convenio permitirá a los alumnos o graduados de ciertas carreras inscribirse en las casas de estudio del país norteamericano y cursar a distancia una pequeña fracción de la carga académica, luego de lo cual contarán con el título emitido por  la UCAB y con el Bachelor Degree of Science emanado por URBE o FGU. 

«Estamos trabajando con universidades autorizadas que funcionan de acuerdo con toda la normativa educativa que exige el estado de Florida. Para quienes están pensando cursar en Estados Unidos algún programa de postgrado, bien sea una maestría o una especialización,  contar con un título emitido por una casa de estudios de allá facilita las cosas, porque a través de este convenio toda la validación de la carrera en Estados Unidos está hecha. Si bien un título de una universidad estadounidense no es indispensable para ejercer la profesión en ese país ni garantiza encontrar empleo, se trata de una ganancia que le da carácter internacional a la formación profesional, lo cual es nuestro objetivo primordial».

URBE: Dos licenciaturas para cualquier egresado

En el caso de la URBE University, se trata de un convenio de convalidación académica dirigido a egresados o graduandos ucabistas de cualquier carrera, que deseen obtener el Bachelor Degree of Science in Business Administration (licenciatura en Administración de Empresas) o el  Bachelor Degree of Science in Mass Communication and Marketing (licenciatura en Comunicación Social y Mercadeo).

Para ello, los interesados cursarán solo 11 materias (en el caso de que sean de Administración o Comunicación Social) o 15 asignaturas (si son de cualquier otra carrera de la universidad) luego de lo cual obtendrán la equivalencia de títulos.

«La ventaja es que todas las clases se dictan en línea y se pueden tomar entre dos y cuatro asignaturas por término. Cada período académico equivale a unas ocho semanas y los alumnos pueden escoger si ven clases en inglés o en español. Además, URBE ofrecerá gratuitamente cursos intensivos de inglés como segunda lengua «, apuntó Sánchez.

La URBE también ofrece la oportunidad de cursar los estudios de manera presencial, pero no tramita la visa de estudiante. Esto puede resultar muy atractivo para los egresados de la UCAB que vivan actualmente en Estados Unidos y sean residentes, sobre todo en términos de costos, porque gracias al convenio, los ucabistas pagarán el equivalente al 27,5% del total de la matrícula estipulada por URBE (si son egresados de Administración o Comunicación) o 37,5% (si son de otras carreras).

FGU: Cuatro carreras y dos modalidades

Los programas de la Florida Global University  están dirigidos únicamente a estudiantes o egresados ucabistas de Comunicación Social, Ingeniería Informática, Administración de Empresas y Contaduría Pública  que deseen obtener título equivalente al de la UCAB.

Para participar, los alumnos que estén cursando entre 1ro y 4to semestre podrán inscribirse en el programa de acreditación académica, mediante el cual la Florida Global University reconocerá la calificación que obtengan en las asignaturas que vayan aprobando en la UCAB como si las estuvieran cursando en la FGU. El beneficio es que solo deberán estudiar entre 7 y 9 asignaturas (25% del pénsum) en esa institución para obtener el título de las dos universidades al mismo tiempo.

Por su parte, los ucabistas que estén en el quinto semestre o uno superior o quienes hayan egresado de las carreras con el pénsum vigente, podrán inscribirse en el programa de convalidación de estudios, a través del cual la FGU reconocerá las asignaturas cursadas y les otorgará el título cursando entre 7 y 9 asignaturas.

Aunque están limitados a estudiantes de cuatro carreras, los programas de la FGU también son accesibles en términos de costos y esa universidad ofrece financiamiento.

«Los estudios son completamente en línea y en español. Se pueden cursar 6 bimestres al año y cada uno dura ocho semanas. Las clases comienzan el primero de octubre de 2018 y los alumnos podrán cursar en paralelo materias en la UCAB y materias en la FGU, donde la inscripción mínima es de dos asignaturas y la máxima de seis por semestre. Ahora, para obtener el título de la FGU es indispensable obtener el título de la UCAB», señaló Sánchez. 

La directora del Secretariado de Internacionalización de la UCAB aclaró que la universidad no tiene participación alguna en el proceso de admisión, inscripción o pago de estas universidades, así como tampoco en el manejo de la plataforma académica virtual o en la realización de evaluaciones. Aseguró que actualmente buscan acuerdos similares con instituciones de Europa como parte del plan de internacionalización de la universidad.

«Nuestro único interés es ofrecer oportunidades de internacionalización a nuestros estudiantes y egresados. Somos un puente con instituciones educativas del mundo y buscamos que los miembros de nuestra comunidad, sin salir de Venezuela, puedan convertirse en profesionales globales. Estamos buscando alternativas que permitan a nuestros jóvenes internacionalizarse aunque no puedan salir del país y para eso cualquier proyecto que se apoye en las tecnologías de información y comunicación es bienvenido”.

Los interesados en obtener más información sobre los convenios con URBE University o Florida Global University deben escribir un correo con todos sus datos personales y de contacto a la dirección globalucab@gmail.com, especificando en el asunto del mensaje el nombre de la universidad en la que desean participar.

También pueden llamar a los teléfonos 0212-407.6061/6062 o seguir la cuenta @globalucab del Secretariado de Internacionalización de la UCAB en Twitter e Instagram.

El rector Francisco Virtuoso y el vicerrector de extensión de UCAB Guayana, Arturo Peraza, manifestaron su pesar y repudio por el homicidio de José Arreaza, cursante de derecho en la sede de Puerto Ordaz, cuyo cuerpo fue hallado sin vida este lunes 23 de octubre luego de dos días desaparecido

Este lunes 23 de octubre fue localizado en un sector de Puerto Ordaz (Bolívar) el cuerpo sin vida de José Alberto Arreaza Hernández, estudiante de cuarto año de Derecho de la Universidad Católica Andrés Bello, sede Guayana.

El  rector Francisco Virtuoso y el vicerrector de extensión de UCAB Guayana, Arturo Peraza, condenaron este lamentable suceso y extendieron un mensaje de pésame a sus familiares. 

“Junto a UCAB Guayana extendemos nuestras condolencias y nos unimos al dolor de sus padres, familiares, compañeros y amigos. Por tan lamentable acontecimiento, hoy en la UCAB estamos de luto. Una vez más el derecho a la vida en esta Venezuela violenta ha sido vulnerado”, señaló Virtuoso en un mensaje enviado a profesores, alumnos y empleados.

Según informaron medios regionales, funcionarios policiales localizaron en un basurero el cadáver de Arreaza, el cual se encontraba en avanzado estado de descomposición y con heridas de arma de fuego. El joven de 20 años había sido reportado como desaparecido el sábado 21 de octubre. Formaba parte del movimiento estudiantil de la UCAB y militaba en el partido Vente Venezuela.

Arturo Peraza -máxima autoridad académica de la extensión de la UCAB en Puerto Ordaz- exigió a las autoridades investigar este hecho. “Como comunidad universitaria solicitamos a las autoridades competentes que lleven a cabo una investigación exhaustiva sobre el fallecimiento de José Alberto, para que se establezcan las responsabilidades que puedan existir y evitar que su muerte quede impune. Quienes aquí hacemos vida creemos en la justicia como un valor fundamental para toda la sociedad, cuanto más si pensamos que José Alberto quería ser abogado y su vida se ha visto truncada aparentemente por un homicidio. Rechazamos la violencia y promovemos los valores de la vida”.

Peraza invitó a la comunidad universitaria de Guayana a participar este martes a las 11:30 am en una jornada de oración en memoria del estudiante asesinado.

El rector Francisco Virtuoso informó que fueron suspendidas todas las actividades de celebración por el 64 aniversario de la UCAB  previstas para este martes 23 de octubre en Montalbán.

Con Arreaza, ya son tres los miembros de la comunidad ucabista que han perdido la vida víctimas del hampa en 2017. En mayo fue asesinado  para robarlo Luis Conde (trabajador de la  facultad de Derecho de Montalbán) cuando se encontraba en un autobús camino a la universidad.  En agosto, Luis Marcelo Conde (empleado de la Dirección de Finanzas) murió junto a su padre en Caucagua (Miranda) cuando delincuentes les dispararon para atracarlos.

El Centro de Estudios Políticos de la Universidad Católica Andrés Bello (CEP-UCAB), emitió este viernes 13 de octubre un comunicado en el que alertó que las actuaciones del Consejo Nacional Electoral “socavan la integridad” de los comicios para gobernadores de este domingo 15, “pueden afectar de manera significativa el resultado de la elección” a favor de los candidatos del PSUV, al elevar significativamente la emisión de votos nulos y, en general, representan “un retroceso muy importante en términos de equidad y transparencia electoral”.

El CEP considera inaceptable e injustificable la reubicación, a menos de 72 horas del evento electoral, de unos 715 mil electores. Recordó que en las elecciones parlamentarias de 2015, en los centros de votación reubicados, el 78% de los votantes lo hicieron a favor de la coalición opositora MUD. Esos más de 700 mil electores, indica el CEP, representan casi 4% del padrón total convocado para estas elecciones.

También se cuestiona la negativa del CNE a acreditar a “organizaciones de observación electoral nacional de reconocida trayectoria e independencia”, que es “uno de los medios con que cuentan los ciudadanos para participar y contribuir al buen desempeño de los procesos electorales”

“Desde el Centro de Estudios Políticos expresamos nuestro más profundo rechazo a este conjunto de decisiones que se materializan en las peores prácticas electorales de las que hasta ahora hemos sido testigos, y que solo pueden tener cabida en procesos electorales condicionados autoritariamente, de lo cual el CNE es corresponsable tanto de su implementación como de sus posibles consecuencias. Es lamentable que la institución llamada a arbitrar la resolución de los conflictos políticos de los venezolanos mediante la organización de procesos electorales, contradiga su propia naturaleza al subordinar sus actuaciones a los intereses de una parcialidad política determinada”, refirió el texto divulgado por el CEP-UCAB.

Además, el comunicado rechaza lo dicho por la rectora principal del CNE, Socorro Hernández, sobre la obligación que tendrían los gobernadores electos de juramentarse ante la Asamblea Nacional Constituyente.

“La legitimidad de todo funcionario electo emana de la voluntad de los electores y no de la actuación de otro órgano electo o no. Los gobernadores solo pueden ser proclamados por la Junta Regional Electoral correspondiente, tal como lo dispone el artículo 152 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales, mientras que la juramentación se hace ante el Consejo Legislativo de cada entidad”, acotó el CEP.

En opinión del director del Centro de Estudios Políticos de la UCAB, Benigno Alarcón, “Nunca el país había estado tan cerca de lograr que un proceso de transición se concrete”, luego de la consulta plebiscitaria del domingo, que calificó como “éxito absoluto y sin precedentes”.

Alertó que es indispensable que la Asamblea Nacional y la Mesa de la Unidad Democrática respondan al mandato recibido de más de siete millones de electores, en consonancia con las expectativas levantadas.

“La gente podrá comprender que no se gane una batalla, lo que no aceptará es que no se ejecute el mandato de los tres SÍ. Si se pudo organizar lo del domingo en 13 días, estamos también preparados para las acciones que la Asamblea Nacional y la MUD deberán implementar antes del 30 de julio”, dijo el académico de la Universidad Católica Andrés Bello, quien cree muy probable que el Gobierno imponga su Asamblea Constituyente.

“Tratar de detener la imposición de una Asamblea Nacional Constituyente es muy importante, pero no puede ser jamás entendida como la batalla final. La Asamblea Nacional y la oposición tienen que convertir los mandatos recibidos y la ‘hora cero’ en lineamientos específicos. Deben orientar las acciones de una sociedad que ha demostrado una determinación a toda prueba para lograr una transición democrática”.

Alarcón propone un plan que contempla que la Asamblea Nacional “se declare en sesión permanente y constituya una Comisión del Alto Nivel que sea órgano rector y vocero para aplicar el artículo 333, y lograr la coordinación de acciones de manera disciplinada y ordenada, que contribuyan al restablecimiento del orden constitucional y legal”.

Propone además que el Parlamento declare carente de todo valor la convocatoria de la constituyente; designar nuevos miembros del TSJ y del CNE; apruebe una Ley sobre Garantías Democráticas para promover la cooperación, la reconciliación nacional y los acuerdos de gobernabilidad; y ratifique que la FAN, según los artículos 328 y 333 de la Constitución, está obligada a colaborar en el restablecimiento efectivo de la Constitución

El politólogo estima que la dirigencia política debe definir con urgencia el contenido de la “hora cero” con una línea estratégica que evite una colisión con el Gobierno, sin que implique una derrota para los demócratas, dijo al explicar el modelo de Thomas Schelling del “juego del gallina”, según la Teoría de Juegos.

También hizo un reconocimiento a la tarea de Roberto Picón, coordinador técnico-electoral de la MUD, que está preso en el Helicoide acusado de traición a la patria.

“El cálculo del régimen fue el de castrar la capacidad técnico operativa de la oposición. Los resultados prueban que Roberto Picón dejó estructurado un equipo sólido, capaz de sacar adelante cualquier tarea electoral, con la ayuda de una sociedad civil organizada, lista y ansiosa de asumir cualquier reto que se le plantee”, dijo el director del Centro de Estudios Políticos de la UCAB.

MEDIANTE UN COMUNICADO, UN GRUPO de organizaciones civiles manifestó este viernes su “profundo rechazo por las recientes decisiones y omisiones inconstitucionales del Consejo Nacional Electoral, las cuales contrarían elementales derechos políticos de los venezolanos”, y lo conminan a retomar la senda constitucional, publicar el cronograma de elecciones de gobernadores y alcaldes y resolver la situación de los diputados del Estado Amazonas y Región Indígena Sur.

También lo emplazan a “revisar y mejorar las condiciones en que los partidos deben renovarse, en especial cantidad de máquinas, tiempos, y distribución de los puntos de recolección, con el fin de que se permita la existencia de pluralidad política propia de los sistemas democráticos, tal como está establecido en nuestra Carta Magna”.

El comunicado está suscrito por el Centro de Estudios Políticos de la Universidad Católica Andrés Bello, Ciudadanía Activa, la Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia, Comunidanas, Control Ciudadano, Grupo la Colina, el Observatorio Venezolano de los Derechos Humanos de la Mujer y Súmate.

En el documento, describen que la actuación del CNE, luego de las elecciones parlamentarias de 2015, ha mostrado desinterés por preservar y fomentar el derecho a la participación política de los ciudadanos; parcialización de las decisiones tomadas; ausencia de compromiso con las normas y principios legales que rigen dicha institución; y niega el mínimo respeto hacia la población venezolana que desea ejercer su derecho a elegir como vía al logro pacífico de soluciones a los profundos conflictos políticos, sociales y económicos que padece el país.

Señalan que entre los hechos que definen la gravedad del comportamiento institucional del CNE en el presente inmediato están, en primer lugar, la violación del ordenamiento jurídico constitucionalmente establecido, al acatar las sentencias de Tribunales regionales sin competencia en materia electoral, lo cual impidió a los venezolanos manifestar su voluntad para la convocatoria del Referéndum Revocatorio del mandato del Presidente. “En este orden de ideas, es notorio y contradictorio que el Poder Electoral no se haya pronunciado sobre el supuesto fraude al cual aluden esos Tribunales, dado que fue el mismo CNE el ente que validó los resultados (1%) de la manifestación de voluntades que se requieren para la activación de dicho mecanismo de democracia directa”.

Consideran igualmente grave el silencio del organismo electoral ante el caso de los tres diputados de Amazonas y el Representante Indígena de la Región Sur. “En ningún momento el CNE se ha pronunciado sobre los supuestos hechos que llevaron a la Sala Electoral del TSJ a invalidar su juramentación, así como tampoco ha convocado al proceso de elección de nuevos diputados para los ciudadanos del Estado Amazonas y las comunidades indígenas del sur país. Esto supone la discriminación política de un conjunto de ciudadanos a quienes se les ha negado su representación en la Asamblea Nacional”.

Advierten que el Consejo Nacional Electoral no cumplió con su obligación y responsabilidad de convocar y celebrar elecciones para elegir Gobernadores y miembros de los Consejos Legislativos de las entidades federales antes de diciembre de 2016.

Consideran que, con ello, el CNE ha violado el artículo 160 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el cual señala que “El Gobernador o Gobernadora será elegido o elegida por un período de cuatro años por la mayoría de las personas que voten”. Esto significa que, a partir del 16 de diciembre de 2016, el CNE ha omitido su obligación constitucional, cercenando el derecho al sufragio de los venezolanos contemplado en el artículo 63 de la Constitución: “El Sufragio es un derecho. Se ejercerá mediante votaciones libres, universales, directas y secretas”.

También denuncian que, al no convocar elecciones regionales en el período establecido por la Carta Magna, el CNE ha extendido ilegalmente el mandato de los Gobernadores y miembros de los Consejos Legislativos de cada entidad federal.

Benigno Alarcón, director del Centro de Estudios Políticos de la Universidad Católica Andrés Bello (CEP), señaló que el país está inmerso en un proceso donde las condiciones electorales se deterioran a medida que el Gobierno pierde apoyo, por lo que considera vital una reforma que garantice elecciones  equitativas, transparentes y con reglas claras.

“En la medida en que el Gobierno pierde piso electoral es evidente que las condiciones electorales se han deteriorado y cada vez hay menos claridad en las reglas de juego. Creemos que en la medida en que no comprendamos la urgencia de una reforma electoral que nos otorgue equidad y transparencia para una elección,  será más difícil y complicado que el país supere el conflicto político mediante una salida constitucional y democrática”, dijo Alarcón, quien participó en un evento realizado por el CEP para analizar el contenido de la reforma electoral.

“En este momento no tenemos certidumbre sobre los procesos electorales,  no sabemos cómo se hace un revocatorio, desconocemos si va a haber elecciones de gobernadores este año. Evidentemente esto no corresponde a un sistema electoral con reglas democráticas”, agregó.

Explicó que implementar la reforma es importante de cara a las elecciones que se realizarían en el corto y mediano plazo como el revocatorio, la escogencia de gobernadores, alcaldes y una eventual elección presidencial.

La reforma

Juan Berríos, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad del Zulia, sintetizó los puntos más importantes de la reforma electoral que actualmente discute la Asamblea Nacional. Destacan una serie de normas que limitan la discrecionalidad del Consejo Nacional Electoral (CNE), que regulan la campaña electoral y su financiamiento, refuerzan el rol de la observación y otorgan mayor participación a la sociedad civil en la elección de los rectores del CNE.

“La reforma contempla que la convocatoria a elecciones debe hacerse seis meses antes del momento de la elección para acabar con la discrecionalidad del CNE. Además se define claramente lo que es campaña electoral y los mensajes que comprende. Otro aspecto importante es que los medios de comunicación cederán espacios de manera gratuita durante la campaña electoral para generar equidad entre los candidatos y se limita la actuación de los funcionarios públicos y el uso de recursos del Estado durante la campaña”, explicó Juan Berríos.

Señaló que de cara a los próximos procesos electorales son clave las normas referentes a la regulación de campaña para generar condiciones de equidad y transparencia entre las distintas opciones políticas.

En cuanto al escrutinio la reforma plantea la totalización en tiempo real y que los ciudadanos tengan acceso a los resultados de forman inmediata.

Juan Berríos agregó que la reforma también incluye que los candidatos a rectores del CNE no hayan tenido militancia política durante siete años, se prohíbe la reelección y se especifica que cuando no sea posible que las dos terceras partes de la Asamblea Nacional alcancen un acuerdo para elegir a los rectores la escogencia se hará mediante elección popular.

Organizaciones civiles y académica nacionales entre las que destacan Asociación Civil Compromiso Ciudadano, Centro de Estudios Políticos de la Universidad Católica Andrés Bello, Ciudadanía Activa, Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia, Control Ciudadano y Transparencia Venezuela exhortaron en un comunicado conjunto al Consejo Nacional Electoral “a cesar el retraso y obstrucción del derecho a la participación de los ciudadanos contemplados en los artículos 70 y 72 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela”, y solicitan que se adopte una “posición institucional acorde a sus principios en la que se respete el espíritu de la Constitución. Consideramos grave el retraso en el procedimiento de constatación de las manifestaciones de voluntad de los ciudadanos que participaron en esta primera etapa para la convocatoria del referendo revocatorio presidencial”.

El pronunciamiento de estas organizaciones indica que la reciente actuación de las autoridades electorales “lesiona el principio de celeridad por el cual se debe regir el Consejo Nacional Electoral. Este trámite debió haber durado 5 días continuos según lo establecido en las Normas para Regular el Procedimiento de Promoción y Solicitud de Referendos Revocatorios de Mandatos de Cargos de Elección Popular aprobada en 2007, pero se ha extendido, injustificadamente, por 40 días”.

Igualmente consideran “delicado el establecimiento de normas y procedimientos no contemplados en la normativa antes citada, así como su no cumplimiento por parte del propio Poder Electoral; lo cual supone una violación de los principios legales de todo procedimiento electoral y administrativo: principio de buena fe, de petición y oportuna respuesta,  de antiformalismo, de celeridad, de transparencia, de subsanación y convalidación de errores materiales. En este orden de ideas, las nuevas reglas no solo han contribuido a demorar el trámite, sino también han traído como consecuencia la anulación de manifestaciones de voluntad por formalismos excesivos, tales como: error en el nombre del Presidente de la República, huellas con defectos de tinta, escritura incorrecta del cargo del Presidente, haber firmado en un municipio diferente al que se está inscrito en el Registro Electoral, entre otros”.

Explican en el comunican que lo anterior sienta “un precedente muy negativo que la recolección del 1% para la conformación de agrupaciones de ciudadanos se haya vinculado a las circunscripciones regionales, cuando la elección del Presidente de la República se hace en una sola circunscripción nacional; lo cual va en sentido contrario a lo establecido en la Constitución. En este orden de ideas, el anuncio realizado por la Presidenta del Consejo Nacional Electoral el día 10 de junio de 2016 constata que las acciones y decisiones del organismo electoral no se ajustan a lo establecido en el artículo 294 de la Constitución, pues demuestran falta de imparcialidad y transparencia, al tiempo que socavan el derecho a la participación de los ciudadanos y ciudadanas”.

Asimismo estiman insuficiente la información sobre el número de centros para validar las manifestaciones de voluntad mediante el sistema de identificación biométrico. “Alertamos que, si el Consejo Nacional Electoral concentra dichos centros únicamente en sus oficinas regionales dificultaría el derecho a la participación política de quienes no viven en las capitales de sus respectivos estados, lo cual supone un acto de exclusión e inequidad por parte del Poder Electoral al no facilitar el procedimiento de validación de las manifestaciones de voluntad. Por tal motivo, exhortamos al Directorio del Consejo Nacional a facilitar el ejercicio de los derechos políticos de los ciudadanos colocando al menos un centro de validación en cada parroquia del país, y aumentando su número según la densidad de manifestaciones de voluntad”, explican.

El bloque de organizaciones considera que es contrario al principio de transparencia no notificar a los ciudadanos las razones por las cuales su manifestación de voluntad ha sido anulada. “En este sentido, consideramos discriminatorio que se permita el retiro de las manifestaciones de voluntad que se validaron sin necesidad de utilizar mecanismos biométricos de identificación, mientras que no se contempla la posibilidad de que aquellos ciudadanos cuyas manifestaciones de voluntad no fueron validadas puedan enmendarlas. No permitir la rectificación de los «errores de forma» que llevaron a  excluir miles de firmas viola, de nuevo, el principio de subsanación y convalidación de errores materiales, dando más relevancia a errores de forma intrascendentes que al ejercicio del derecho fundamental a la participación ciudadana”.

Del mismo modo, emplazan a las autoridades electorales a convocar las elecciones a Gobernadores y Representantes de los Consejos Legislativos cuyos mandatos finalizan el 16 de diciembre de 2016, no hacerlo antes del 16 de junio sería una nueva violación a la carta magna.

“El Consejo Nacional Electoral tiene como responsabilidad permitir que los venezolanos y venezolanas expresen de manera pacífica, democrática y electoral su posición frente al grave conflicto político, social y económico que afronta el país. Finalmente, hacemos un llamado a todas las fuerzas políticas a que se acometa una reforma electoral a la brevedad posible, la cual elimine la discrecionalidad del Consejo Nacional Electoral, y garantice la equidad y transparencia de los proceso electorales en nuestro país”, finaliza indicando el documento.

El Centro de Estudios Políticos de la Universidad Católica Andrés Bello, manifestó su profunda preocupación por las acciones y omisiones del Consejo Nacional Electoral, las cuales suponen una grave obstrucción al ejercicio de los derechos políticos de los venezolanos establecidos en la Constitucional Nacional.

Mediante un comunicado emitido este viernes, la institución señala que ante la solicitud de activación del referéndum revocatorio del mandato del Presidente de la República establecido en el Artículo 72 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el CNE ha tomado decisiones que van en sentido contrario a los principios establecidos en la Constitución.

En el comunicado se resalta que las acciones y decisiones del Consejo Nacional Electoral deben ir siempre orientadas a salvaguardar y promover el derecho de los ciudadanos a expresar su opinión sobre la revocatoria del mandato de cualquier funcionario electo, y siguiendo los principios establecidos en la Ley Orgánica del Poder Electoral.

“Es desde este marco normativo e institucional que desde el Centro de Estudios Políticos de la Universidad Católica Andrés Bello consideramos que el Consejo Nacional Electoral actúa alejado de los principios previamente señalados, pues sus decisiones carecen de celeridad, transparencia e imparcialidad, impidiendo el ejercicio del derecho a la participación ciudadana de los venezolanos establecido en la Constitución Nacional vigente”.

Agrega que “es altamente preocupante que una fase previa a la convocatoria de un Referéndum haya sido interpretada y utilizada para dilatar las fases del proceso  más allá de lo establecido en las Normas para Regular el Procedimiento de Promoción y Solicitud de Referendos Revocatorios de Mandatos de Cargos de Elección Popular, aprobadas en la Gaceta No. 405, de fecha 18 de diciembre de 2007, lo cual resulta especialmente grave cuando ello podría servir para negar el derecho de los venezolano a decidir sobre los destinos de su propia nación”.

En este sentido, el CEP de la UCAB llama  la atención del país y de la comunidad internacional sobre las posibles responsabilidades en las que pudiese estar incurriendo el CNE por las consecuencias que pudiesen derivarse de la modificación de la interpretación de leyes y reglamentos, y la imposición de requisitos y procedimientos sobrevenidos, que se materializan en la negación del ejercicio de los derechos políticos de los venezolanos, así como en el desconocimiento de los mecanismos democráticos para la resolución de nuestros diferencias políticas.

Así mismo, considera alarmante la demora en la constatación del 1% de las manifestaciones de voluntad para la constitución de agrupaciones de ciudadanos, lo cual ha retrasado el procedimiento de validación mediante plataforma de identificación biométrica y, en consecuencia, también la convocatoria para la recolección del 20% de voluntades requeridas para la celebración del referendo revocatorio.

Estima igualmente grave que el Consejo Nacional Electoral no haya convocado las elecciones regionales para elegir Gobernadores y Consejos Legislativo, cuyos mandatos finalizan este año.

El Centro de Estudios Políticos exige a las autoridades electorales que cumplan de manera estricta con el mandato de la Constitución, las leyes y reglamentos vigentes y establezcan fecha definitiva para la validación del 1% de manifestaciones de voluntad, así como la publicación de un cronograma de las siguientes etapas del proceso revocatorio. Así mismo, emplaza al CNE a que convoque durante este mismo mes a las elecciones regionales y publique el cronograma respectivo.

“Estamos convencidos de que, a través de las elecciones y el respeto al estado de derecho, la Nación podrá encausar soluciones en el marco de la institucionalidad, la paz y el respeto a los principios democráticos que siempre defenderemos desde la Universidad Católica Andrés Bello. Es por ello que consideramos imperativo una Reforma Electoral que procure reglas de juego justas, transparentes y equitativas, que reduzca los altos niveles de discrecionalidad del Consejo Nacional Electoral; a fin de alcanzar mejores niveles de integridad en los procesos electorales de nuestro país”.