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Amnistía Internacional: 59 colombianos detenidos en Venezuela deben ser liberados

EL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2016 SE LLEVÓ A CABO UNA DETENCIÓN MASIVA en medio de un operativo de seguridad, conocido como Operación de Liberación al Pueblo (OLP). En el momento de la detención nunca se presentó alguna orden de aprehensión, ni fueron dados los supuestos de una flagrancia.

Familiares han denunciado recurrentemente que no se ha seguido el procedimiento legal adecuado y, que a pesar de que el 21 de noviembre de 2017 el Tribunal 27 de control de Caracas ordenó libertad plena a todos los acusados por no encontrar pruebas suficientes, mediante la Sentencia firmada por la jueza Zulay Salazar González, todavía siguen tras las rejas en condiciones inhumanas de reclusión.

En la exposición de motivos de la sentencia, la jueza afirma que los ciudadanos colombianos “no fueron aprehendidos de manera flagrante y no pesa orden de aprehensión alguna”. Recién emitida la decisión, Amnistía Internacional Venezuela, a través de una declaración ofrecida por su director, Marcos Gómez, se instó a las autoridades a ejecutar de inmediato la orden de liberación de las personas detenidas en un galpón que funciona como cárcel improvisada de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), en Caracas.

Familiares de los detenidos advierten que esta decisión dejó en evidencia la falsedad de la acusación hecha por el Alto Gobierno de Venezuela y denuncian que lo ocurrido no solo violentó la libertad y la integridad de los detenidos, sino también su dignidad y reputación personal.

Invisibles en Venezuela

El grupo de detenidos incluye a 58 hombres con edades entre 25 y 70 años y una mujer, todos residían en diferentes zonas de Caracas durante años y no se conocían entre ellos. Según información verificada por los familiares, varios de los detenidos cuentan con documentación expedida por el Servicio Autónomo de Identidad, Migración y Extranjería (Saime) de Venezuela y algunos de ellos tenían la visa vencida o documentos extraviados.

“Nos maltratan también a nosotros cuando exigimos nuestro derecho a visitarlos y nos dicen que a los paramilitares ni agua. Sabemos que uno de ellos murió, pero no nos dicen en qué circunstancias”, afirmó Marbelis Roa, esposa de Luis Gabriel Villa Valdez, uno de los detenidos.

En las pocas oportunidades en que las autoridades venezolanas han hablado sobre este caso, afirman que se han realizado jornadas de salud, suministro de medicinas y alimentos, expedición de pasaportes, así como registros de sus hijos. Sin embargo, a principios de enero de 2018, los detenidos realizaron una huelga de hambre para exigir ser liberados tal como lo dice la boleta de excarcelación que poseen, pero que nadie ejecuta.

“Ninguno de ellos tiene antecedentes penales, trabajaban de obreros o en labores que no son ilegales, dejaron a sus familiares viviendo un calvario. Muchos de ellos son padres de familia, hijos, sostén de la casa y no sabemos qué hacer”, dijo Roa.

Desde 2016 la Cancillería de Colombia realiza los trámites correspondientes para el cumplimiento de las garantías de los privados de libertad y el respeto de sus derechos humanos.

Autoridades deben respetar decisiones autónomas del Poder Judicial

Este caso provocó las intervenciones y reacciones de las ONG Human Rights Watch y Amnistía Internacional, solicitando además a los gobiernos tomar acciones contundentes para lograr la liberación de estos ciudadanos.

En días recientes, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados mostró su “profunda preocupación” por la detención, sin cargos, durante más de 2 años de 59 colombianos en Venezuela. El organismo denunció que los ciudadanos fueron arrestados en diferentes operaciones de seguridad en 2016 y se encuentran todos retenidos en una sola celda en el centro de detención preventiva de La Yaguara, sin que se les respete las condiciones mínimas que debe tener cualquier persona bajo custodia.

“Las condiciones allí son nefastas, con un acceso insuficiente a comida, agua y medicinas”, afirmó en rueda de prensa, Ravina Shamdasani, portavoz de la Oficina. Además, denunció que muchos de los hombres están presentando condiciones de salud crónicas que deben ser atendidas de manera urgente.

Organizaciones de derechos humanos locales como Una Ventana a la Libertad y el Observatorio Venezolano de Prisiones han denunciado constantemente que las condiciones de detención en Venezuela son inhumanas ya que en la gran mayoría de las cárceles hay hacinamientos, las infraestructuras están deterioradas, no todos los detenidos tienen acceso a luz natural, en muchos centros los privados de libertad tienen un acceso limitado a agua y comida. Muchas de estas personas padecen enfermedades como hipertensión, tuberculosis, malaria, VIH/Sida y a pesar de ello, no obtienen la asistencia médica necesaria, situación que pone en riesgo sus vidas.

Detenciones arbitrarias en Venezuela

La implementación de una política sistemática de detenciones arbitrarias, como sucede en Venezuela, es una violación de derechos humanos según lo prevé el Estatuto de Roma, instrumento constitutivo de la Corte Penal Internacional.

Fernando Fernández, abogado y defensor de derechos humanos indica que las detenciones arbitrarias efectuadas en Venezuela en los últimos años han dejado de ser actos separados e individualizables y, en su lugar, se han convertido en crímenes de lesa humanidad en grado de encarcelación.

“Todo esto se analiza desde los patrones observados, identificados y comprobados por organismos internacionales creíbles y ONG reconocidas. Es decir, se trata de ataques sistemáticos o generalizados contra parte de la población civil, efectuados por funcionarios del Estado y grupos específicos, con conocimiento de dichos ataques”, aseveró.

El experto, además, advierte que parte de este proceso se inició con la militarización de la policía y los órganos de la justicia penal que solo ven “enemigos” y no ciudadanos, así como con la politización de la administración de justicia, a través de la pérdida de autonomía en jueces y fiscales para la ejecución de políticas de Estado apegadas a las leyes.

“El cumplimiento riguroso de la Constitución y de los Tratados Internacionales de derechos humanos están en la base de la solución”.

Amnistía Internacional dedicó en su Informe Anual 2017/2018 un extenso capítulo a las detenciones arbitrarias en Venezuela, en el que refiere que las fuerzas de seguridad del Estado continuaron empleando fuerza excesiva e indebida. También lo reveló el informe Silencio a La Fuerza publicado en septiembre de 2017, en el que se detalla el catálogo de acciones ilegales realizadas por las autoridades venezolanas. Entre ellas se incluyen detenciones sin órdenes judiciales por parte del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), procesamientos de activistas pacíficos por delitos “contra la patria” y la imposición de medidas de prisión preventiva sin justificación, así como campañas difamatorias en medios de comunicación contra miembros de la oposición y activistas de derechos humanos.

AI: Entre colas y escasez, derecho a la alimentación vulnerado en Venezuela

HABLAR DEL DERECHO A LA ALIMENTACIÓN, implica remitirlo a la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, en la cual se establece como parte fundamental para la vida; es tan importante la garantía de este derecho que también se incluye en tratados regionales y constituciones nacionales.

En Venezuela, el derecho a la alimentación está reconocido en la Constitución en su artículo 305, estableciendo que la seguridad alimentaria puede entenderse como “la disponibilidad suficiente y estable de alimentos en el ámbito nacional y el acceso oportuno y permanente a estos por parte del público consumidor”. Por tanto, es responsabilidad del Estado garantizar que los venezolanos se alimenten de manera basta e integral y, que además, se respete y proteja la autoproducción de alimentos o la adquisición de estos por otros medios.

Sin embargo, lo escrito en papel dista mucho de la realidad. Desde hace 4 años, el país vive una de las peores crisis de la región, innumerables han sido los reportes de organizaciones de la sociedad civil que señalan que el derecho a la alimentación no está garantizado. Son muchas las familias que apenas logran garantizar dos comidas diarias, existen otras que sólo ingieren alimentos una vez al día.

Los altos costos de la canasta básica, la escasez de productos de primera necesidad, desaparición de proteína animal y las invasiones en espacios productores deja a la vista las terribles consecuencias de la abrupta pérdida de peso en la mayoría de los venezolanos, quienes no tienen la capacidad de consumir una dieta balanceada.

Emergencia alimentaria

A principio del mes de octubre, el Fondo Monetario Internacional pronosticó que a finales de año la inflación en Venezuela podía llegar a 1.000.000%. Una cifra preocupante ya que expertos en el área alimentaria y medios de comunicación ya han reseñado muertes por desnutrición.

El informe anual de la organización no gubernamental Programa de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), en su capítulo sobre alimentación, especificó que nueve de cada 10 venezolanos no pudieron pagar su alimentación diaria en 2017, mientras que ocho de cada 10 declararon haber comido menos por no contar con suficiente alimento en el hogar o debido a la intensa escasez. También la documentación de estos casos concluyó que en Venezuela se construyó una arquitectura “de control estatal sobre el hecho alimentario”, conformado entre otros por el carnet de la Patria, un documento emitido por el Gobierno y los Comités Locales de Alimentación y producción que distribuyen bienes de consumo.

Colas que no calman el hambre

Maritza Herrera es madre de dos niños. Ella realiza colas cualquier día a cualquier hora, mientras su trabajo se lo permita, para tratar de conseguir productos alimenticios a un precio que pueda pagar. Afirma que ahora puede realizar esta práctica con más regularidad porque su esposo le envía dinero semanalmente desde Colombia.

“Si mi esposo no me enviara dinero nos moriríamos de hambre. Trabajo en una escuela al Este de Caracas y con lo que gano no puedo comprar ni el desayuno de los niños. Ahora que comenzaron las clases, me ha tocado hacer colas a las afueras de los supermercados y abastos solo los fines de semana para ver qué productos venden a precios justos, muchas veces no llega nada y regreso con las manos vacías a casa. A pesar del dinero extra que me envían, compro mucho menos de lo que podía obtener en meses anteriores”.

Como Maritza, existen miles de venezolanos que se levantan todos los días, algunos duermen a los alrededores de los mercados, con la esperanza de adquirir algún alimento o producto de la canasta básica. Solo pocos lo logran. Al día siguiente vuelve a repetirse la misma historia: las mismas interminables filas de personas que desean llevar algo para ellos y sus familiares.

El silencio de las invasiones en tierras productivas

En 2017 Provea reportó al menos 11.852 violaciones a la propiedad privada vinculadas al sector alimentario, situación que afecta la garantía del derecho a la alimentación. Este año las invasiones, específicamente, en el estado Barinas están siendo cada vez más frecuentes. Al menos 9 fincas productivas han sido azotadas por actos vandálicos que amenazan la producción de alimentos nacional.

La Asociación de Productores de Rurales del Estado Barinas (Asobarinas) ha denunciado en varias oportunidades los robos en hatos y tierras productivas y cómo esa situación repercute directamente en la grave crisis alimentaria que se vive en el país.

“Han matado a los animales, las amenazas son de todo tipo y esto repercute en la garantía del derecho a la alimentación de los venezolanos. Roban a los propietarios y la producción está cesando en su totalidad. En el caso particular de la invasión de una de las fincas, con lo que se produce en un día, se puede alimentar a 6 millones de venezolanos. Esto quiere decir que si continúa esta situación, el desabastecimiento se puede intensificar”, así lo indicó la periodista, Briceida Morales, quien ha realizado seguimiento al tema en la zona.

Según estadísticas que maneja Asobarinas en la entidad, existen alrededor de 22.000 hectáreas invadidas en 10 predios que continúan en manos de ocupantes ilegales que actúan impunemente. Esa situación incide específicamente en la producción de carne que, hasta el año pasado, se producían 20.000 reses y ahora escasamente arrima unas 10.000 cabezas de ganado.

La Federación Nacional de Ganadores de Venezuela (Fedenagas) también ha denunciado las incursiones ilegales a fincas por grupos armados, señalando que en el país no hay seguridad para los productores y el riesgo de que se acreciente la emergencia por hambre es inminente si no se toman las acciones pertinentes.

Día de la alimentación sin celebración

La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación marca cada año el Día Mundial de la Alimentación el 16 de octubre, fecha en que fue fundada la Organización en 1945. Los objetivos de esta conmemoración están enmarcados en estimular una mayor atención a la producción agrícola en todos los países y un mayor esfuerzo nacional, bilateral, multilateral y no gubernamental.

Sin embargo, debido a la emergencia humanitaria compleja en Venezuela se deben hacer mayores esfuerzos para exigir el cumplimiento de este derecho y fomentar la necesidad de solidaridad nacional e internacional en la lucha contra el hambre, la malnutrición y la pobreza.