Otra muerte bajo custodia del Estado venezolano se produjo el pasado fin de semana. Según información recopilada por el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), Blas Federico Mendoza Gallardo falleció en el centro penitenciario de El Marite en el estado Zulia.
Su muerte estuvo asociada a un cuadro de anemia moderada, exponiendo una vez más el colapso de la asistencia médica en las cárceles del país.
De acuerdo a la ONG, las deficiencias en la atención, sumadas a la escasez crónica de medicamentos, ponen en riesgo constante la vida de las personas privadas de libertad.
Prosigue la organización que a esta situación se suma la carga económica y emocional que recae sobre los familiares, quienes se ven obligados a costear tratamientos, exámenes e insumos que por ley deben ser suministrados por las autoridades.
El director del OVP, Humberto Prado, advirtió que la privación de libertad en Venezuela se está convirtiendo de facto en “una pena de muerte que no contempla la Constitución”.
Prado sentenció que las instituciones encargadas de proteger los derechos de los reclusos permanecen en un estado de inacción que favorece la impunidad.
El artículo 43 de la Constitucion venezolana establece la inviolabilidad del derecho a la vida, prohíbe la pena de muerte y obliga al Estado a proteger a las personas privadas de libertad.
A su vez, el artículo 272 exige un sistema penitenciario que garantice el respeto de los derechos humanos.
Prado alertó que las Reglas Nelson Mandela, avaladas por la Organización de Naciones Unidas (ONU) establecen que la atención médica de los reclusos es responsabilidad exclusiva del Estado y exige que las muertes bajo custodia sean notificadas a una autoridad independiente para su investigación “pronta, imparcial y efectiva”.
Ante el fallecimiento de Mendoza Gallardo, el OVP exigió al Ministerio Público investigar de inmediato las circunstancias de la muerte, determinar qué atención médica recibió el recluso y establecer las responsabilidades penales correspondientes ante posibles omisiones.
De igual manera, instaron a la Defensoría del Pueblo a ejercer sus competencias constitucionales e interponer las acciones necesarias para proteger la vida y la salud de la población penitenciaria ante el silencio institucional.
“Después de más de dos años de gestión de Julio García Zerpa al frente del Ministerio para el Servicio Penitenciario, las deficiencias sanitarias denunciadas requieren medidas concretas y resultados verificables”, señaló el OVP.
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