Para mi amiga Mari Montes, quien se atrevió a hacer las preguntas correctas
En el caso de la joven de la Universidad de Cornell que denunció haber sido drogada y violada por varios estudiantes de una fraternidad, hay preguntas que, formuladas después de la tragedia, revelan mucho más de quien las hace que de quien la sufrió.
Una de esas preguntas se ha repetido con una insistencia que me resulta profundamente inquietante: “¿Por qué no habló antes?”.
Pues yo quisiera proponer que, al menos por una vez, cambiáramos la pregunta.
¿Por qué no nos preguntamos qué le ocurrió a una muchacha para que necesitara tiempo para poder contar lo que, según ella, le había sucedido?
La joven, identificada en los documentos judiciales como Jane Doe (nombre genérico para proteger a la víctima), tenía 20 años cuando denunció haber sido agredida sexualmente en la casa de la fraternidad Chi Phi, en octubre de 2024. Su versión es precisamente eso: una acusación que deberá ser investigada y sometida a las garantías del debido proceso. Reuters reportó que los hombres señalados niegan haber cometido una agresión sexual y sostienen que las relaciones fueron consentidas. Y yo me pregunto: ¿alguien drogado está en condiciones de aceptar o negarse a algo si no está en su estado de conciencia normal?…
Sin embargo, hay algo que ha cambiado radicalmente la conversación en los últimos días: no es cierto, como podría desprenderse de algunas versiones, que ella simplemente guardara silencio durante casi dos años y apareciera ahora con una denuncia.
En noviembre de 2024 la joven habló con la policía de Cornell. Dio una declaración jurada y, según documentos y transcripciones obtenidos posteriormente por distintos medios, como AP News, describió situaciones que había vivido como coercitivas. En una entrevista con la policía llegó a decir: “Puedo decir con 100 % de confianza que fui violada”.
Entonces aparece una pregunta infinitamente más importante que la primera: ¿Qué pasó después de que habló?
El fiscal del condado de Tompkins, Matthew Van Houten, inexplicablemente, al menos para mí, decidió en 2024 no presentar cargos. Explicó entonces que se basó en la declaración que recibió y que, según su interpretación, aquella describía el consumo de drogas y las relaciones sexuales como voluntarios y consensuados. Más recientemente reconoció ―y esto es INSÓLITO― que NO había visto la transcripción completa de la entrevista policial que ahora ha salido a la luz. Espero que sea destituido y que no regrese a los tribunales jamás.
La investigación criminal fue reabierta y la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, designó a la fiscal general Letitia James como fiscal especial para el caso.
Cornell, entretanto, sostiene que realizó su propia investigación, que la fraternidad fue suspendida y que algunos estudiantes fueron sancionados o expulsados. La universidad ha aceptado además una investigación externa sobre su actuación. Lo menos que podía hacer, ¿no?…
Todo esto está ocurriendo ahora. Y justamente por eso creo que deberíamos tener muchísimo cuidado antes de convertir a la denunciante en acusada. Me parece que hay una idea profundamente arraigada, y peor aún, peligrosa e injusta, según la cual una víctima de violencia sexual debería comportarse de una determinada manera para resultar creíble: denunciar inmediatamente, recordar cada detalle, no contradecirse, no haber bebido, no haber consumido drogas, no haber conocido previamente al agresor, no haber regresado a verlo, no haber tardado en hablar. Como si existiera un manual de instrucciones para ser víctima. Eso, simplemente, NO existe.
La organización RAINN, la Red Nacional contra la Violación, el Abuso y el Incesto, la organización más grande contra la violencia sexual en los Estados Unidos, explica que la demora en revelar o denunciar una agresión es frecuente y puede estar relacionada con miedo, vergüenza, confusión, amenazas, trauma o desconfianza hacia las instituciones. Algunas personas hablan inmediatamente; otras tardan meses o años. Otras, simplemente, callan de por vida. La demora o el silencio, por sí solas, no demuestran que una persona esté mintiendo.
Y esto es de suma importancia: no todas las víctimas reaccionan igual. Hay quien grita. Hay quien huye. Hay quien denuncia. Hay quien se queda paralizada. Hay quien intenta convencerse de que no ocurrió lo que ocurrió. Hay quien tarda en encontrar las palabras. Hay quien siente vergüenza. Hay quien teme no ser creída. Hay quien simplemente intenta sobrevivir al día siguiente. Pretender que todas respondan de la misma manera es desconocer precisamente aquello que hace tan complejo el trauma.
Pero, incluso dejando a un lado la psicología, hay una cuestión elemental de justicia.
Cuando una persona llega ante una institución y dice que ha sido víctima de un delito, la responsabilidad de investigar no puede recaer sobre la víctima. Ella no tiene que saber construir una acusación penal. No tiene que conocer la ley. Tampoco tiene que utilizar las palabras exactas que un fiscal considera necesarias. No tiene que ser una abogada de sí misma. Tiene que poder hablar.
Y quienes reciben su relato tienen la obligación de escuchar, preguntar, contrastar, investigar y reunir todas las pruebas posibles. Eso es precisamente lo que ahora vuelve tan preocupante el caso Cornell: no solamente lo que pudo haber ocurrido aquella noche, sino qué hicieron las instituciones con lo que la joven contó después.
Porque si una investigación determina que hubo fallas en la manera en que se recogió, interpretó o transmitió su denuncia, estaremos ante algo que va mucho más allá de una historia individual. Estaremos ante una advertencia.
Las universidades no pueden ser lugares en los que una joven tenga que aprender primero cómo convertirse en una víctima suficientemente creíble antes de recibir protección. Y tampoco podemos aceptar que una agresión sexual se convierta en una especie de examen moral de la mujer: cuánto bebió, qué tomó, con quién fue, qué hizo antes, qué hizo después y cuánto tardó en hablar.
Naturalmente, todo eso puede ser relevante para una investigación concreta. Los tribunales tienen que establecer hechos y responsabilidades, y los acusados tienen derecho a defenderse. Y quiero resaltar esta premisa: la presunción de inocencia NO se negocia.
Porque una cosa es investigar las circunstancias de un delito y otra muy distinta es convertir las circunstancias de la víctima en una prueba de su carácter. Hay una diferencia abismal entre una y otra.
Y quizá el caso Cornell nos obligue a hacernos una pregunta todavía más incómoda:
¿Qué estamos enseñando a nuestros jóvenes cuando una muchacha denuncia una agresión y la conversación termina girando más alrededor de su comportamiento que del comportamiento de quienes la agredieron?
Porque si algo bueno puede salir de un caso tan doloroso, tendría que ser precisamente eso: aprender. Aprender a escuchar mejor, a investigar mejor, a que el trauma no tiene una coreografía y que una víctima no tiene que comportarse como nosotros imaginamos o esperamos que se comportaría.
Y, por encima de todo, aprender que el objetivo de una institución no debería ser preguntarse cómo evitar el escándalo. Debería ser preguntarse cómo evitar que vuelva a ocurrir.
Porque si lo que ocurrió en Cornell puede demostrarse, no debería quedar convertido en una anécdota universitaria, en una disputa entre versiones, ni en otro episodio de indignación que desaparecerá cuando llegue la próxima noticia.
Debería servir para cambiar protocolos, como la manera de recibir una denuncia. Cambiar la educación sexual. Cambiar la cultura de las fraternidades, muchas conocidas por sus prácticas salvajes. También hay que cambiar la manera en que se entiende el “consentimiento”. Y cambiar, incluso, las preguntas que hacemos, porque quizá la pregunta más importante no sea:
“¿Por qué ella no habló antes?”, sino “Cuando finalmente habló, ¿la escuchamos?”.
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