La Cancillería de Colombia anunció el inicio de una serie de diálogos para atender a las familias de los connacionales detenidos arbitrariamente en Venezuela. Su intención fue «fortalecer la comunicación entre las familias y la institucionalidad y conocer de primera mano sus inquietudes y necesidades».
La última liberación de presos políticos en Venezuela con nacionalidad colombiana ocurrió en octubre de 2025. Hasta la fecha aun quedan siete personas con nacionalidad colombiana y 10 personas con doble nacionalidad, colombovenezolana, privados de libertad arbitrariamente en Venezuela, según los datos de la ONG Foro Penal.
Esa población representa el 51,51 % de los 33 presos políticos con nacionalidad extranjera en Venezuela registrados por la ONG.
El encuentro se realizó en el Palacio de San Carlos, en Bogotá. Los familiares de los presos políticos se reunieron con Pedro Agustín Roa Arboleday, viceministro de Asuntos Migratorios, Consulares y Protección Internacional.
Durante la reunión, las autoridades colombianas reiteraron que sus connacionales detenidos arbitrariamente en Venezuela no han gozado de un debido proceso judicial, lo que vulnera sus derechos fundamentales y las normas internacionales.
Germán Vargas Navarrete, representante de varias familias afectadas, afirmó que la Cancillería se contactó con los connacionales por primera vez en cuatro años.
El Gobierno colombiano también denunció que, hasta la fecha, el Gobierno interino de Venezuela no da información suficiente para acceder a los expedientes de los colombianos detenidos y brindar asistencia consular. La Cancillería y el exembajador colombiano en Venezuela, Milton Rengifo, afirman que han enviado más de 20 notas verbales a las autoridades venezolanas para solicitar información sobre los detenidos.
La Cancillería, en una nota de prensa, afirmó que «mantendrá abiertos los canales de comunicación con los familiares y las organizaciones que acompañan estos casos, con el fin de facilitar el intercambio de información y fortalecer la articulación institucional».
Mientras tanto, Vargas denunció que existen familias colombianas que no tienen los recursos para contactarse con la Cancillería y exponer sus casos.
