El Tribunal Tercero en Funciones de Juicio de Barinas esperaba que Jovanny González, un expreso político venezolano de 36 años, lo visitará el 14 de septiembre de 2026. Para ellos era un acto rutinario: Jovanny debería presentarse cada mes. Él tiene esa obligación desde el año 2018.
Pero Jovanny ya no podrá ir más: falleció el 26 de agosto de 2026 postrado en una clínica.
Tenía un cáncer terminal metastásico que, según sus familiares, se detectó en su riñón izquierdo en diciembre de 2024.
Los abogados que acompañaban a Jovanny, de la Fundación de Derechos Humanos de los Llanos (Fundehullan), solicitaron al tribunal medidas humanitarias para dejarlo en libertad plena.
No hubo respuesta por años: querían que Jovanny visitara los tribunales sin importar qué.
El retardo procesal fue una constante en su caso.
De espera en espera
A Jovanny lo detuvieron de manera arbitraria el 2 de marzo de 2017. Entonces, él tenía 27 años y era asistente parlamentario del diputado Wilmer Azuaje, a quién también detuvieron ese día.
«Y desde ese momento se le han violado todos sus derechos humanos y constitucionales», recordó Roland García, abogado y director de Fundehullan. «A él lo presentaron 128 días después de su detención. La audiencia de presentación en Venezuela debería ser efectiva 48 horas después de su detención».
Sin embargo, la justicia venezolana tardó 3072 horas para dar el primer paso al caso.
Durante ese tiempo Jovanny estuvo en El Helicoide, una obra arquitectónica inconclusa que el chavismo usó como centro de tortura, según constató la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Ahí, Jovanny no fue ajeno al trato cruel e inhumano: «La información que tenemos por parte de su madre, Andrea González, es que Jovanny, durante su reclusión en el Helicoide, fue víctima de golpes por parte de funcionarios del Estado venezolano», relató García.
Fue en agosto de 2017 cuando la juez del tribunal de control número 6 del Circuito Judicial del estado Barinas, Dubraska Linares, le imputó 6 delitos a Jovanny: porte ilícito de armas de fuego, posesión ilícita de armas de guerra, tráfico ilícito de municiones, uso indebido de prendas militares, agavillamiento y resistencia a la autoridad.
Fundehullan denunció que no había pruebas para imputar a González de estos delitos. Tampoco le dejaron a los abogados tener acceso a los expedientes del caso.
La hipótesis más consistente que la ONG tiene de su detención era por la represión política que se vivía durante las protestas antigubernamentales de la época. Jovanny y Wilmer no fueron los únicos presos políticos ese año: hubo 5511 arrestos con fines políticos y se apresaron 848 personas de forma arbitraria, según los datos de la ONG Foro Penal.
Después de imputar los seis delitos, llevaron a Jovanny al Centro de Procesados 26 de Julio de San Juan de Los Morros, en el estado Guárico, a 451 kilómetros de carretera de su hogar. Allí esperó un año y un par de meses para que le dieran libertad con medidas cautelares.
De búsqueda en búsqueda
García reiteró que Jovanny también sufrió de tratos crueles en Guárico. Y, si bien estaba fuera de la cárcel, en enero de 2019 surgieron nuevas protestas antigubernamentales. A Jovanny, según Fudehullan, lo perseguía el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional.
Pero Jovanny no aguantó más: ese mes se exilió con su familia a República Dominicana.
«Dos años después de su detención [en 2019], empezó tener dolencias en la parte izquierda de la espalda, lo que derivó en dos tumores en el riñón izquierdo», dijo García.
Estos tumores fueron el inicio del cáncer metastásico.
«Tanto su madre como el mismo Jovanny alegan, en teoría, que estos tumores están relacionados con las golpizas que le dieron durante su reclusión. De hecho, ellos guardan evidencias al respecto que presentarán [en el futuro]», agregó el director de Fundehullan.
Con el diagnóstico, el equipo de abogados de González apeló el sobreseimiento del caso. No hubo respuestas por parte de los tribunales.
Jovanny y su familia tuvieron que esperar en el exilio hasta el enero de 2026: cuando Estados Unidos detuvo a Nicolás Maduro y a Cilia Flores, Delcy Rodríguez asumió el interinato y declaró su intención de crear una Ley de Amnistía para reparar los derechos de todos los presos políticos, desde 1999 hasta la fecha.
De amnistía a incertidumbre
Fundehullan pudo acceder al expediente de Jovanny en enero de 2026, nueve años después de la detención arbitraria. La ONG montó el caso para tener la amnistía y la enviaron el 3 de marzo.
Tardaron 12 días en darles una respuesta: la amnistía fue negada un 12 de marzo. El equipo de abogados interpuso la apelación el 17 de marzo, cinco días después.
«No dieron una respuesta específica de por qué declinaron la amnistía», denunció García. «Su respuesta, primero, era que estaban esperando instrucciones de la capital. Luego, solo comentaron, vía verbal, que al final Jovanny no podía ser beneficiario de la amnistía».
La familia González decidió regresar a Venezuela el 5 de julio de 2026 para seguir la apelación. Jovanny llegó al país en silla de ruedas. Y en el propio aeropuerto lo detuvieron arbitrariamente de nuevo, pero por dos horas. Lo liberaron por su estado de salud, denunció Fundehullan.
Esta vez el golpe le vino con la escasez de medicamentos y servicios oncológicos en el país. Según testimonios de Wilmer Azuaje, Jovanny quedó postrado en cama, con desnutrición y movilidad reducida.
Una de sus últimas publicaciones en redes sociales fue el 17 de junio. En ella pedía una donación para completar sus estudios médicos.
Aun así, el Tribunal Tercero de Juicio de Barinas solicitó que Jovanny hiciera presencia ante la corte.
Pero Jovanny ya no podía caminar libremente: exigía que le dieran libertad plena.
Según Fundehullan, González no pudo acudir a ninguna citación del tribunal por su condición de salud. Y el tribunal, según la ONG, hizo caso omiso a las consideraciones humanitarias que le presentaron.
De incertidumbre a una promesa
El viernes 28 de agosto velaron el cuerpo de Jovanny en Barinas. Wilmer Azuaje, su primo y compañero de trabajo, llevó su féretro hasta la sede del Tribunal Tercero de Juicio de Barinas como un acto de protesta.
«¿Dónde están los jueces que le negaron [el sobreseimiento] a Jovanny? Aquí está: en el ataúd», gritó Azuaje.
González esperó a una amnistía que nunca le llegó en vida. Fundehullan y la familia de Jovanny ahora luchan por la reparación de sus derechos.
«Vamos a solicitar investigaciones no solo disciplinarias contra los funcionarios, sino también [investigaciones] penales por la omisión», dijo Roland García. «Lo haremos ante las instituciones concernientes: el Ministerio Público, la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo… Y también pensamos acudir a instancias internacionales a denunciar el caso».
Mientras tanto, los abogados de Fundehullan acompañan el duelo de la familia González, rogando que los más de 380 presos políticos que aún siguen tras las rejas, según Foro Penal, consigan su libertad plena.
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