La Academia de Ciencias Políticas y Sociales (Ancipol) denunció el pasado 31 de agosto que la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, que fue aprobada en primera de dos discusiones por la Asamblea Nacional (AN) el 27 de agosto, viola el artículo 270 de la Constitución Nacional al proponer incluir a miembros electos del Poder Legislativo en el Comité de Postulaciones Judiciales (CPJ), ente que se encargaría de renovar el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y garantizar una transición a la democracia en el país.
La Ancipol, en un comunicado de prensa, denunció que «la inconstitucional norma [la reforma de ley] mantenga la impropiedad del lenguaje cuando califica a los Diputados integrantes del Comité de Postulaciones como miembros “de otros sectores de la sociedad” para justificar su inclusión en el mismo, a pesar de que los Diputados de la Asamblea Nacional son funcionarios de un órgano del poder público y no miembros de la sociedad».
La institución reiteró que el objetivo del CPJ es ser un ente sin afiliaciones políticas para escoger a los nuevos magistrados de forma pública, objetiva y transparente.
«Por tanto, este expreso propósito del constituyente seguirá siendo vulnerado de aprobarse la reforma del artículo 65 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, porque se mantiene la distorsión de equiparar a los Diputados con sectores de la sociedad para justificar indebidamente su inclusión en el Comité de Postulaciones», agregó la Academia.
Sin garantías de imparcialidad
Según la Asamblea Nacional, la elección de los futuros magistrados del TSJ estará mediada por un Comité Preliminar, que estará conformado por 11 diputados. Luego, ese grupo de legisladores designará a otras 12 personas pertenecientes a la sociedad civil. Pero, para la ONG Transparencia Venezuela, la opacidad envuelve a la Asamblea Nacional: las elecciones legislativas en 2025 presentó varias denuncias de corrupción para beneficiar un Poder Legislativo cuya mayoría sea representada por el Partido Socialista Unido de Venezuela.
En ese contexto, denuncia Ancipol, la imparcialidad y las garantías de una transición democrática son menos probables.
«Pese a ello, la reforma implica del mismo modo que haya una mayoría mínima, pero mayoría al fin, [conformada por] la sociedad civil», explicó Alí Daniels, abogado y director de la ONG Acceso a la Justicia. «En tal supuesto, es esencial que se escoja a verdaderos y auténticos representantes de la sociedad de la sociedad civil. No como ha ocurrido hasta ahora, donde personas afectas al oficialismo entran y no tienen una opinión independiente».
El abogado afirmó que, frente a la supuesta aprobación de la reforma de ley en su segunda discusión, la sociedad civil debe enfocarse en la calidad de los miembros de los comités y presionar por su integración.
«Una vez más, este tipo de acuerdos hay que juzgarlos por sus consecuencias y no solamente por el enunciado de sus cambios propuestos», comentó Daniels. «Es muy importante que la conformación del CPJ dé respuestas a una sociedad que aspira a un Tribunal Supremo que defienda los derechos de los ciudadanos por primera vez en 30 años. Si ese no es el caso, no podremos iniciar el camino hacia una transición democrática».
Una ruta cuesta arriba para la democracia
La reforma de ley plantea que los integrantes del CPJ deberán tener la aprobación de dos tercios de la Asamblea Nacional. Además, el Comité escogido estará en funciones por dos años.
«Estoy convencido de que el CPJ deben estar integrado en su totalidad por la sociedad civil», resaltó Juan Carlos Apitz, abogado especialista en Derecho Constitucional y decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Central de Venezuela (FCJP-UCV), en una entrevista al medio VPITv. «Pero ya la reforma fue aprobada por la Asamblea Nacional. Entonces la sociedad civil se debe abocar a la convocatoria de manera activa y protagónica en ese Comité de Postulaciones, porque va a tener la mayoría».
El decano de la FCJP-UCV reafirmó que la participación de las universidades con escuelas de Derecho, los colegios de abogados del país y las ONG dedicadas a los derechos humanos debería ser incuestionable. Aun así, advirtió que intervención de la Asamblea Nacional del 2025 aumentará el riesgo de que el proceso tenga parcialidad política.
Sobre la tutela de Estados Unidos en la transición democrática, Apitz opinó que el Gobierno norteamericano mantendrá una auditoría del CPJ para garantizar sus intereses geopolíticos: lograr que Venezuela sea un Estado confiable donde se pueda invertir económicamente y alejar al país de la influencia política de China y Rusia.
