Amnistía Internacional emitió una Acción Urgente en la que exige la liberación inmediata de todas las personas detenidas arbitrariamente en Venezuela. La organización advirtió que las excarcelaciones registradas recientemente no representan el fin de la política de persecución en el país ya que la mayoría de los ciudadanos liberados continúan sometidos a procedimientos penales abiertos y a restricciones de sus derechos, mientras que cientos de personas permanecen privadas de libertad por motivos políticos.
De acuerdo con datos recopilados por organizaciones como Foro Penal y Justicia, Encuentro y Perdón desde el pasado 14 de agosto han sido excarceladas alrededor de 80 personas. Entre las medidas de libertad condicional que se han concedido bajo medidas humanitarias se encuentran las de Emirlendris Benítez y María Auxiliadora Delgado, privadas de libertad desde agosto de 2018 y marzo de 2019, las cuales se les mantiene vigente la condena impuesta en 2022 tras procesos judiciales sin garantías.
La organización enfatizó que una persona excarcelada que permanece bajo un mecanismo arbitrario a un juicio penal o a medidas cautelares abusivas no ha recuperado plenamente su libertad, citando como ejemplo los casos de defensores de derechos humanos y presos de conciencia como Javier Tarazona, Rocío San Miguel y Carlos Julio Rojas.
Opacidad, torturas y denuncias
El pronunciamiento internacional expone la falta de transparencia del Estado sobre las custodias de las personas encarceladas por motivos políticos y es así que, Amnistía Internacional y el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) explicaron con profunda preocupación la situación en la prisión el Rodeo I ya que se habían registrado informes recientes donde se habla de presuntas torturas, desaparición forzada y malos tratos hacia los reclusos.
A todo este panorama se le suma el desconocimiento del paradero del ciudadano Jorgen Guanares, desaparecido tras su detención el 2 de agosto de 2024, además de la negación constante de la atención médica urgente a detenidos con graves problemas de salud como Juan Carlos Marrufo, encarcelado desde marzo de 2019.
La Acción Urgente también explica que casos recientes de persecución judicial en distintas zonas del país como los casos de Roberto Pérez, Olbis Dirinot y Rafael Guedez que fueron detenidos en Falcón en septiembre de 2024 y declarados culpables en agosto de 2026 por cargos de tráfico de materiales estratégicos sin pruebas creíbles. Por otro lado, Renny González y Nudre Chourio fueron encarcelados en Zulia y acusados de terrorismo por pertenecer a un grupo de WhatsApp, mientras que Jonathan Delgado fue arrestado en Trujillo bajo señalamientos de un presunto sabotaje electoral.
Falta de transparencia
Para la fecha actual las estimaciones sobre el número de privados de libertad por motivos políticos siguen siendo elevadas. Es así que, la ONG Foro Penal reporta más de 300 personas bajo custodia arbitraria, otras organizaciones como Justicia, Encuentro y Perdón elevan la cifra a 448 detenidos y esta realidad contrasta con las declaraciones de autoridades del Estado y voceros de la Asamblea Nacional que desde enero han anunciado excarcelaciones inminentes y ofrecieron cifras que no se corresponden con las medidas ejecutadas.
Este documento de Amnistía Internacional recuerda que el uso de las detenciones arbitrarias para silenciar desacuerdos forma parte de una especie de política sistemática de represión documentada desde 2014, donde dichas prácticas han sido reseñadas por la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU y por la Fiscalía de la Corte Penal Internacional en el marco de la investigación de Venezuela.
Exigencia de respuestas
Ante el gran problema de crisis humanitaria que se han profundizado por el doblete sísmico ocurrido en junio, la organización internacional y el OVP reiteraron que la respuesta del Estado no puede limitarse a medidas parciales o discrecionales, por esto mismo las organizaciones exigen una solución integral que pueda garantizar la liberación plena y si condiciones de todos los presos políticos en el país, al igual que mejorar la atención médica y el cese definitivo de las persecuciones.
Finalmente, solicitaron que se garantice el acceso efectivo a los centros de reclusión del país a los equipos internacionales de protección de los derechos humanos, específicamente a la Misión de Determinación de los Hechos de la ONU y a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, con el propósito de que puedan ver de primera mano el estado de salud, evaluar las condiciones de reclusión y hacer el debido seguimiento a las denuncias de violaciones de derechos humanos a nivel nacional.
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