Un juicio que culminó con una sentencia absolutoria y una orden de excarcelación que se convirtió en un “fraude procesal” en el sistema judicial venezolano. Jhon Henry Monnott García, director de la academia de tiro Caliber en Maracaibo, estado Zulia, permaneció en reclusión hasta que un tribunal con competencia en terrorismo decretó su inocencia el 18 de junio de 2026. Sin embargo, la liberación nunca se ejecutó y, semanas después, fue condenado a 12 años de prisión por el delito de tráfico de armas.
El expediente judicial involucró a otros dos ciudadanos asociados al funcionamiento del establecimiento. Uno de ellos es Julio Rincón, socio de Monnott en la academia, quien se encontraba fuera del país durante el procedimiento policial y actualmente litiga un proceso de extradición en España.
Asimismo, junto a Monnott, las autoridades también aprehendieron a Humberto Durán, administrador del local Lo hicieron para fundamentar el requisito numérico del delito de asociación para delinquir de mínimo tres personas.
El caso expone un patrón de arbitrariedades institucionales que incluyó la omisión inicial de la permisología emitida por la Dirección General de Armas y Explosivos (DAEX), la negativa a permitir la juramentación de juristas privados y la fabricación de una condena sustentada en una supuesta audiencia que jamás se celebró.
Imputación y la prueba que no querían aceptar
La detención de Monnott y Durán ocurrió el 9 de octubre de 2024 –en medio de la represión poselectoral– cuando una comisión de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) irrumpió en la academia sin presentar orden judicial ni de allanamiento. Los tres días iniciales de reclusión en el estado Zulia sirvieron como antesala a un traslado intempestivo hacia Caracas, donde ingresaron a la sede de reclusión conocida como Zona 4, en el municipio Baruta, mientras sus familiares intentaban ubicar su paradero a través de versiones extraoficiales.
Durante cerca de 60 días, la representación legal y los parientes carecieron de acceso directo a los expedientes y de contacto presencial con los detenidos. En ese lapso, la Fiscalía imputó formalmente los delitos de terrorismo, tráfico de armas y asociación para delinquir.
Sofía García, esposa de Jhon Monnott, denunció las dificultades que atravesó durante ese período inicial de incertidumbre. “Pasaron realmente como dos meses donde mi esposo estuvo prácticamente desaparecido. Yo no tenía acceso a él y no sabía de qué se le acusaba”, declaró en entrevista con Runrun.es.
Durante la fase de investigación de 45 días, el propio Ministerio Público requirió la verificación formal de los permisos a la Dirección General de Armas y Explosivos (DAEX). La institución militar remitió su respuesta formal al tribunal, confirmando de manera oficial que la academia operaba con toda la permisología reglamentaria y que el inventario de armamento se encontraba debidamente registrado ante el Estado.
Pese a las trabas impuestas por el juez Carlos Liendo, que buscaban desestimar el permiso del porte de armas de la academia como prueba para el juicio, el defensor público asignado a la causa, Miguel Rengifo, promovió e incorporó los correspondientes oficios de la DAEX en el expediente. Dicha actuación garantizó que el caso avanzara a la fase de juicio oral con las constancias de legalidad aprobadas.
Sentencia absolutoria y desacato de la orden de excarcelación
El juicio oral se desarrolló a lo largo de varias sesiones en Caracas. La defensa y los allegados de los procesados gestionaron el traslado de los testigos requeridos desde el estado Zulia para que comparecieran ante el tribunal. Tras diversos diferimientos en el calendario judicial, la audiencia final tuvo lugar de forma telemática el 18 de junio de este año.
El juez de la causa, José Antonio García Morán, dictó una sentencia absolutoria a favor de Jhon Henry Monnott García y de Humberto Durán, ordenando la excarcelación inmediata de ambos y la devolución de los bienes incautados durante el procedimiento policial. La representación del Ministerio Público no ejerció recurso de apelación ni presentó oposición durante la celebración de dicha audiencia.
García detalló la notificación de la medida de libertad y la posterior falta de ejecución por parte de los cuerpos de custodia. “El mismo defensor me llama y me dice: ‘Felicidades, ven a buscar a tu esposo. Quedó en una absolutoria’. Yo voy al día siguiente, viernes, a Caracas y mi esposo no sale. Hasta el sol de hoy sigue detenido”, indicó.
Modificación de condena y vicios en la notificación
Ante el incumplimiento de la orden de excarcelación, García presentó denuncias administrativas e institucionales ante el Ministerio de Relaciones Interiores, la Fiscalía General, la Defensoría del Pueblo y la Inspectoría General de Tribunales. A principios de agosto, la familia hizo pública la situación procesal a través de medios de comunicación luego de casi dos años de silencio para evitar represalias.
El 3 de agosto, Miryin Villegas, asistente del mismo juez que dictó la sentencia absolutoria, convocó a Monnott y a Durán a los tribunales. En ese encuentro, la funcionaria les notificó que una supuesta audiencia celebrada el 30 de julio de 2026 había fijado una pena de 12 años de prisión por el delito de tráfico de armas, desestimando los cargos previos de terrorismo y asociación para delinquir. La defensa sostuvo que la audiencia del 30 de julio no fue realizada ni contó con la presencia de las partes.
“Llaman a mi esposo a una audiencia donde la única persona presente era la asistente del juez. Le notifican que en una audiencia del 30 de julio, que nunca existió, se llegó a una sentencia de 12 años por tráfico de armas”, afirmó. La defensa evalúa como hipótesis que la modificación busque justificar inconsistencias administrativas en el manejo del material bajo custodia estatal.
Trabas a la defensa privada y acciones legales
Tras notificarse la condena, el abogado especialista en derechos humanos Joel García acudió al despacho del juez José Antonio García Morán junto a Sofía García para consignar el documento de designación firmado por los procesados e ingresar formalmente como defensa privada.
El personal del tribunal rehusó recibir la solicitud de juramentación, impidiendo la revisión del expediente físico para conocer los fundamentos de la sentencia. Ante esta negativa, la representación jurídica interpuso una solicitud de amparo constitucional y avanzó en la preparación del recurso de apelación.
A la par de las acciones, la familia anunció que presentará el caso ante organismos internacionales de protección, incluyendo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), alegando detención arbitraria, denegación de justicia y violación al debido proceso.
Dos años de fractura familiar entre Maracaibo y Caracas
El encarcelamiento de Monnott alteró de forma permanente la vida de su entorno cercano. Comerciante dedicado a la distribución de alimentos y devoto de la Virgen de la Chinita en Maracaibo, Monnott ha permanecido alejado de sus dos hijos de tres y cuatro años, quienes tenían un año y dos años al momento de su detención.
Sofía García realiza viajes semanales desde el estado Zulia hacia Caracas para cumplir con las pautas de visita, sortear las restricciones logísticas y atender las gestiones en los tribunales de la capital.
“Decidí hablar hoy porque esto es una injusticia. Mis hijos tenían un año y dos años cuando se lo llevaron; hoy tienen tres y cuatro. Se ha perdido dos cumpleaños de cada uno. Es un gasto económico y un desgaste emocional no poder estar en la crianza de mis hijos por atender la situación legal de mi esposo”, concluyó García.
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