El Comité de Familiares de las Víctimas de los Sucesos de Febrero-Marzo de 1989 (Cofavic) manifestó su preocupación ante los procesos de recuperación e identificación masiva de los restos humanos después del doble terremoto. La organización advirtió sobre la necesidad de que estas labores se realicen cumpliendo los estándares internacionales de derechos humanos y de las ciencias forenses para evitar procedimientos apresurados o administrativos.
La declaración de la organización se respalda en su trayectoria y experiencia acumulada en el litigio nacional e internacional de tres casos emblemáticos en la historia venezolana. Estas causas abarcaron exhumaciones, desapariciones e inhumaciones masivas: los sucesos del Caracazo de 1989, la masacre del Retén de Catia en 1992 y el deslave de Vargas en 1999.
Cofavic enfatizó que la gestión de cadáveres luego de una tragedia nacional no representa un trámite, sino un deber del Estado vinculado a la transparencia, la justicia, la reparación integral y la no repetición para las víctimas y sus allegados.
Pautas y justicia
Para poder respaldar el tratamiento ético y técnico de los fallecidos, la ONG recordó que la actuación institucional debe regirse por normas universales como el Protocolo de Minnesota sobre la Investigación de Muertes Potencialmente Ilícitas, la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas y los precedentes fijados por la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Cofavic también se refirió al protocolo de Identificación de Víctimas de Catástrofes (IVC) de la Interpol y a la Guía Práctica para la Gestión de Cadáveres en Situaciones de Desastre, diseñada por el Comité Internacional de la Cruz Roja, la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud y la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja para situaciones en las cuales los servicios forenses se ven saturados.
El comunicado menciona el criterio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, según el cual mantener la incertidumbre sobre el paradero de una víctima constituye una forma de sufrimiento para sus familiares. Por este motivo, Cofavic recuerda que los entes del Estado tienen el deber de extender las operaciones de búsqueda hasta lograr una aclaración de lo sucedido o la entrega digna de los restos a las familias.
Recuperación e identificación
Con el objetivo de proteger las labores forenses, Cofavic exhortó a las autoridades a constituir equipos multidisciplinarios que integren antropólogos forenses, arqueólogos, médicos, odontólogos, genetistas, criminalistas, fotógrafos forenses, expertos en custodia y psicólogos.
La organización también enfatizó que toda labor en esta situación debe seguir un plan formal que incluya autorización judicial, evaluación de riesgos, cartografía, aseguramiento de la zona, documentación detallada con coordenadas GPS, descripciones anatómicas y registro fotográfico.
Plan Nacional de Exhumaciones
Frente a la contingencia provocada por los terremotos, la organización planteó al Estado la creación urgente de un “Plan Nacional de Exhumaciones e Identificación”, el cual disponga estructurar un registro de las personas desaparecidas, además de establecer un banco de perfiles genéticos para poder cumplir con las exigencias forenses y los derechos humanos.
La institución concluyó reafirmando que las familias poseen el derecho de conocer la verdad de lo ocurrido, recibir los restos de sus seres queridos, tomar parte en los momentos decisivos del proceso y disponer de acompañamiento psicosocial especializado. Todo esto mediante la transparencia, la supervisión y el respeto a la dignidad humana, lo que permitirá que se restablezca la confianza ciudadana.
Con información de Nota de Prensa.
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