El acercamiento humanitario tras los sismos del 24 de junio en Venezuela ha comenzado a generar movimientos diplomáticos y políticos en la región, con Chile explorando la reactivación de canales consulares y organismos nacionales e internacionales cuestionando la evolución de las cifras oficiales de víctimas.
El envío de ayuda humanitaria a Venezuela tras los terremotos del 24 de junio ha abierto una ventana de contacto entre gobiernos que mantenían relaciones limitadas o rotas. En el caso de Chile, el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, señaló durante una entrevista que el despliegue de asistencia de rescate podría servir como punto de partida para evaluar la eventual reactivación de los canales consulares con Caracas, en coordinación con autoridades venezolanas y bajo un esquema aún en fase exploratoria.
Sin embargo, este acercamiento incluye contactos políticos de alto nivel y coordinación de equipos de búsqueda y rescate desplegados en el terreno, en un contexto donde las relaciones diplomáticas formales entre ambos países permanecen suspendidas desde hace años.
En el plano interno, organizaciones como el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) han cuestionado inconsistencias en los balances oficiales de víctimas presentados por las autoridades, señalando variaciones en las cifras de fallecidos y heridos sin explicación pública detallada.
Provea pidió además mayor transparencia y acceso a verificación independiente en medio de una emergencia en la que continúan las labores de rescate, mientras aumentan los reportes de damnificados y se mantiene la búsqueda de sobrevivientes en varias zonas afectadas.
Las autoridades venezolanas han reiterado que la emergencia sigue en desarrollo y que el número de afectados continúa en aumento, mientras brigadas nacionales e internacionales mantienen operaciones en las áreas más impactadas.
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