A través de un comunicado en su cuenta de X, la ONG Centro de Justicia y Paz (Cepaz) indicó que las renuncias del fiscal general de la República, Tarek William Saab y del defensor del pueblo, Alfredo Ruiz, abren un momento determinante para la institucionalidad venezolana.
“No se trata solo de sustituir nombres, sino de garantizar que el proceso de designación fortalezca la justicia, la protección de derechos humanos y el Estado de derecho”, expuso la ONG en redes sociales.
Durante una sesión en la Asamblea Nacional, el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, dijo que había recibido sendas misivas con la renuncia de ambos funcionarios, ratificados en sus cargos en octubre de 2024 para un período de siete años.
Saab, ahora exfiscal, asumirá como defensor de manera interina por un mes, mientras el Comité de Postulaciones del Parlamento decide a quién nombrar en ese puesto.
La ONG sentenció que ambos cargos forman parte del Poder Ciudadano, creado para ejercer control sobre el poder público y proteger a la ciudadanía frente a atropellos.
“El único camino legítimo es el apego estricto a la Constitución. No deben haber atajos cuando se trata de justicia y derechos humanos”, puntualizó el comunicado.
La organización indicó que la renuncia de ambos funcionarios es un paso para la transparencia y que los requisitos para ocupar los cargos existen. “Pero hoy el país exige algo más que cumplir requisitos mínimos”.
De acuerdo a la ONG, el procedimiento señala activar el Comité de Evaluación de Postulaciones, recibir candidaturas, verificar requisitos, evaluar credenciales y presentar una lista de elegibles antes de cualquier decisión política.
“En un contexto donde la ciudadanía demanda verdad, justicia y protección real, respetar el procedimiento constitucional es la primera medida concreta para reconstruir la institucionalidad”.
Según la organización se requieren autoridades capaces de investigar graves violaciones a los derechos humanos, garantizar acceso a la justicia de las víctimas, combatir la impunidad y proteger a quienes denuncian abusos.
“También se espera que atiendan a personas detenidas arbitrariamente, supervisen a cuerpos de seguridad, garanticen el debido proceso y eviten nuevas vulneraciones”.
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