Las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) se dedican a actividades humanitarias, no tienen fines de lucro, son independientes de los gobiernos, no aspiran al poder, ni se inmiscuyen en la política partidista. Las integran grupos que tienen sensibilidad social sobre determinado tópico, como la pobreza, protección de los niños, del medio ambiente, igualdad de la mujer, salud, educación, agricultura, derechos humanos, situación en las cárceles o apoyo a refugiados.
Muchas participan como entidades consultivas en el Consejo Económico y Social de la ONU. Los gobiernos democráticos se apoyan en ellas, pero los dictadores hacen lo posible por dificultar su trabajo y, muchas veces, arremeten contra sus miembros. Tal es el caso del régimen de Maduro.
En agosto 2024, la ilegítima Asamblea Nacional de Venezuela aprobó la Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales, que sin duda puede calificarse de Ley anti-ONG, ya que su objetivo es controlarlas o ahogarlas. Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y Tarek Saab han acusado sin pruebas a varias de ellas de participar en actividades políticas e incluso en redes terroristas.
Nuestro reconocimiento a la labor de todas las ONG, varias de ellas suministran información confiable sobre la situación venezolana. Por ejemplo, el Observatorio Venezolano de Violencia registró 915 protestas después del golpe de Estado electoral del 28 de julio, 138 de ellas reprimidas con fuerza desproporcionada. El Foro Penal Venezolano, acusado de terrorista por el régimen por defender a perseguidos y proporcionar cifras de los atropellos, informa que desde el 2014 han arrestado a 18 300 ciudadanos por motivos políticos, de los cuales 10 726 tienen medidas cautelares, es decir que deben presentarse periódicamente y tienen limitada su libertad, 14 han fallecido bajo custodia gubernamental. Además, al 26 de mayo 2025, hay 922 presos políticos, entre ellos 92 damas, 169 militares y cinco adolescentes, y 48 se desconoce dónde los tienen.
José Javier Tarazona, director de FundaRedes está preso desde julio 2021 por denunciar la convivencia entre militares venezolanos y la guerrilla colombiana. Eduardo Torres, de PROVEA está preso acusado de pertenecer a red terrorista. Rocío San Miguel, de Control Ciudadano, está presa desde febrero 2024 y requiere atención médica. Las ONG Maracaibo Posible y Médicos Unidos de Venezuela son objeto de acoso y de falsas acusaciones por parte de Diosdado Cabello.
Invitamos al lector a visitar las páginas web de las citadas y de otras ONG, así como a apoyar estas valiosas y valientes organizaciones, como Acceso a la Justicia, Observatorio Venezolano de la Violencia, Un Mundo sin Mordaza, Súmate, Instituto CASLA, Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, Observatorio Venezolano de Prisiones y Gente del Petróleo, entre otras. Además, en el exterior hay numerosas organizaciones de apoyo a nuestros compatriotas que se han visto forzados a emigrar.
Como (había) en botica
- Nuestra solidaridad con los compatriotas que no han cometido delitos y son acosados injustamente por el presidente Trump.
- Después de que no acudir a votar el pasado 25 de mayo, como protesta por el golpe de Estado electoral del 28J, y por el encarcelamiento de testigos de mesas y de activistas políticos, el régimen intensifica la represión. Nadie debe decaer. Hay que confiar en el liderazgo de María Corina Machado y de nuestro presidente electo Edmundo González.
- ¡No más prisioneros políticos, ni exiliados!
eddiearamirez@hotmail.com
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