MEDIO
¿ QUÉ SON LAS SANCIONES?
El gobierno utilizó, desde el primer momento que se anunciaron, las palabras “embargo y bloqueo” así como compararon el momento con las situaciones de Cuba, Irak, Irán y Siria donde sí tuvieron esas consecuencias. Por cierto sin un verdadero logro para derrocar al mandamás de turno. Los medios de la hegemonía comunicacional estuvieron prestos a sembrar esa matriz de opinión y así lograron que muchos lo tomaran como una roja verdad. Por ello, tras la declaración de la Casa Blanca y los departamentos de Estado y del Tesoro, el presidente (e) Juan Guaidó hizo un llamado a todos los venezolanos para que entendieran el significado de esas acciones sancionatorias por parte de los Estados Unidos. Enfatizó que Citgo y todos sus activos están protegidos. Explicó que “toda deuda que el régimen pretenda contraer con activos de la Nación será ilegal. Cualquiera que quiera beneficiarse de la crisis será ahuyentado. Enfatizó que toda persona, compañía, institución o nación que pretenda hacer negocios con el régimen estará, para efectos de la justicia internacional, colaborando y sosteniendo a una dictadura y será sujeto de sanción y cómplice de crímenes que no prescriben. Completó explicando que la acción anunciada tiene excepciones humanitarias en cuanto a alimentos y medicamentos. También que se protege al sector privado que no hace negocios con una dictadura que siempre ha atacado al aparato productivo. Finalmente recalcó que la dictadura no cuenta con apoyo popular, sino de una estructura cuya fidelidad se mantiene a punta de dinero saqueado a la República, por tanto, esta acción busca proteger a los venezolanos”. Coincidencialmente el anuncio de la Casa Blanca ocurrió mientras se celebraba la convocatoria del Grupo de Lima en la capital de Perú. El jefe de la diplomacia peruana reiteró el llamado a una mayor presión: “Apelamos a que la comunidad internacional impulse colectiva y decididamente un entorno que facilite una pronta solución política en Venezuela, así como la reconstrucción de la economía, bajo el amparo de su Constitución y los principios del derecho internacional”. La declaración al finalizar el encuentro reiteró su contundente apoyo al rescate de la democracia venezolana donde muchos de esos funcionarios conocieron la libertad, el aprecio y adquirieron el conocimiento en nuestras universidades durante sus años de exilio. Esta presión ira “in crescendo”.
GUIA RÁPIDA PARA ENTENDERLAS
Como el gobierno de Nicolás ha querido montar una matriz de opinión comparando las sanciones con “un embargo a la cubana o a la siria o a la iraní” en nuestro portal runrun.es hicimos una guía para entender su verdadero significado y las dependencias gubernamentales estadounidenses relacionadas con las nuevas medidas y las anteriores. Aquí el enlace.
VENEZUELA OCUPA ÚLTIMO PUESTO
En el World Justice Project (Proyecto de Justicia Mundial) en su informe 2018-2019 como lo reseñó la página de Acceso a la Justicia. De 126 países evaluados, Venezuela ocupa el foso. También en la región está en la retaguardia en la casilla 30. En el renglón de restricciones de poderes del gobierno está en el puesto 126, ausencia de corrupción 111, gobierno abierto 122, derechos fundamentales 120, orden y seguridad 123, cumplimiento obligatorio 126, justicia civil 126 y justicia criminal 126. “Desde las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre de 2015, en Venezuela comenzó a imponerse un régimen de facto que no solo ha impedido el ejercicio de las funciones de la Asamblea Nacional sino que también ha designado autoridades inconstitucionales con la anuencia de la asamblea nacional constituyente o del Tribunal Supremo de Justicia”, reza un texto de Acceso a la Justicia. “El TSJ también ha respaldado con sus sentencias o con su negativa a recursos judiciales, las elecciones celebradas en el país desde 2017, aunque esos comicios no hayan tenido carácter democrático. En este sentido se han realizado desde 2017, elecciones regionales, municipales y presidenciales, todas en contra de la Constitución y las leyes vigentes en materia electoral”, prosigue el documento. Según Acceso a la Justicia, el quiebre de la institucionalización ha devenido en una política de represión para todo el que se oponga el gobierno de Nicolás Maduro, la indiferencia para atender las necesidades básicas del ciudadano como los servicios públicos elementales y una crisis humanitaria compleja reconocida por varios actores internacionales como la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet en su más reciente informe sobre Venezuela.
