El Comité de Familiares de las Víctimas de los Sucesos de Febrero-Marzo de 1989 considera que el estado de excepción decretado por el Ejecutivo nacional el 13 de mayo está planteado en términos tan imprecisos que implica una suspensión general de derechos y garantías constitucionales, lo cual es inadmisible en el ordenamiento jurídico venezolano.
“El decreto de estado de excepción no establece de manera específica las garantías restringidas, lo cual deriva en una suspensión general e inconstitucional de todos los derechos humanos y las garantías previstas en nuestra Constitución, abriendo la posibilidad de una suspensión del Estado de Derecho no previsto en la carta magna, que coloca en graves riesgos a los derechos humanos y las libertades públicas, lo cual es absolutamente contrario al artículo 337 del texto constitucional”, advierte la ONG en un comunicado publicado ayer.
Con la legitimidad que tienen como víctimas de los excesos cometidos por los cuerpos de seguridad del Estado durante la suspensión de garantías decretada para afrontar las alteraciones del orden público que constituyeron el Caracazo, Cofavic señaló que los venezolanos conocen suficientemente las consecuencias de estados de excepción “mal decretados”: graves violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad.
