Una realidad que se ha evidenciado en estos más de 16 de gobiernos bolivarianos es que el modelo que se instaura requiere además de mantener a los venezolanos en la pobreza (como lo afirmarán Jorge Giordani, el planificador y hombre fuerte de la economía en tiempos de Hugo Chávez, y Héctor Rodríguez, ministro de Educación) inducirlos al adoctrinamiento, a la ignorancia y a la falta de independencia en su discernimiento.
Ya se sabe que la primera tarea de hacer a los venezolanos cada vez más pobres, la está llevando aceleradamente con mucho éxito. En la segunda tarea, aunque ha logrado un importante “avance” en los primeros y segundos niveles del sistema educativo, se tropezó con un hueso duro de roer en el tercer nivel, el universitario. Especialmente en lo referente a las universidades autónomas.
Al día de hoy ocho de las universidades autónomas (Universidad Central de Venezuela, la Simón Bolívar, la de Los Andes, la del Zulia, la Experimental de Guyana, la Francisco de Miranda, La Nacional Abierta y la Centroccidental Lisandro Alvarado) no han iniciado las clases, las cuales debían haber comenzado el 31 de agosto, debido al conflicto docente y al cierre técnico por la falta de presupuesto.
En un comunicado que emitió la Facultad de Humanidades y Educación de la UCV el martes 29 de septiembre, luego de una reunión del Consejo de la Facultad para analizar la emergencia académica y administrativa actual, se describen los puntos más álgidos que afectan a esa Facultad en particular, pero que se repiten, con mayor o menor gravedad, en el resto de las universidades.
El problema principal es el de un presupuesto insuficiente. Indica el comunicado que “los dozavos no llegan a tiempo y el presupuesto asignado en los últimos años no ha contemplado reposición de cargos y prohíbe la contratación consecutiva. Las restricciones impuestas por el propio Ministerio de Educación y la inflación descomedida en relación con viáticos y gastos de transporte impiden, de hecho, el funcionamiento de los Estudios Universitarios Supervisados. La llamada precuota aprobada para 2016 alcanza apenas para cubrir el 32% de los requerimientos”.
Y es que el yugo presupuestario ha sido una de las principales armas usadas contra las universidades. Con ello, se han desfasado los salarios de profesores, empleados y obreros, de tal forma que estos están muy lejos de poder cubrir de la canasta Alimentaria Familiar que en agosto se ubicó en Bs.50.625,52, según el Centro de Documentación de Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas-FVM). Esto, aún después del último aumento que se les otorgó con la Convención Colectiva 2, según la cual el máximo escalafón, entraría a cobrar Bs.44.000 por mes; un profesor agregado no llega a los Bs.25.000.
Otro grave problema común derivado de la falta de presupuesto se da a nivel docente, generado por las cada vez más frecuentes renuncias de profesores. Indica el Consejo de Facultad que en Humanidades y Educación estas renuncias “se han incrementado en proporciones alarmantes, así como también los cambios de dedicación a menos carga. Los llamados a concurso quedan desiertos debido a las bajas remuneraciones y las altas exigencias. El retardo de los trámites administrativos, que suele alcanzar un año o más, propicia las renuncias de los profesores de nuevo ingreso, pues no pueden inscribirse en el IPP, último acicate para mantenerse en la UCV”.
El tercer problema común que se le ha agregado a todas las universidades es el que la OPSU les ha asignado arbitraria e inconsultamente un elevado número estudiantes que no están en capacidad de atender.
A estos se le suman la inseguridad, deterioro de la infraestructura por falta de mantenimiento y de repuestos; carencia de equipos actualizados, productos y equipos de limpieza; la imposibilidad de cumplir con las providencias estudiantiles, por falta de presupuesto.
¿Hasta dónde llegará el Gobierno para imposibilitar que las universidades sigan venciendo las sombras?
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