El camino de Venezuela hacia la escasez
La Venezuela chavista es el ejemplo paradigmático de un problema que se repite: gobiernos que, en vez de potenciar sus recursos, hacen todo por extinguirlos, publica Infobae.
El Banco Central de Venezuela informó en febrero de 2014 que la escasez de bienes de consumo masivo había alcanzado un promedio de 28% en enero de ese año. Fue el nivel más alto de la historia y el último registrado por la entidad financiera, que sin dar explicaciones dejó de publicar el índice desde ese momento.
El desabastecimiento es mucho mayor en algunos productos. En aceites, leche, azúcar, harina de maíz y papel higiénico, supera el 90 por ciento. Eso quiere decir que no se consiguen en 9 de cada 10 puntos de venta.
“La situación es crítica. Varía en los rubros y depende del producto, pero es básicamente una escasez de bienes de consumo básico, del día a día”, explica Jessica Grisanti, economista senior de Ecoanalítica, de Venezuela, consultada por Infobae.
Pero lo verdaderamente impactante es que Venezuela no llegó a esta crisis después de una guerra o de una catástrofe natural. Llegó después de una década en la que sus exportaciones alcanzaron niveles históricos, gracias a la inédita suba que experimentó el precio del petróleo entre 2002 y 2008, y entre 2010 y 2013.
El camino de Venezuela hacia la escasez
“Lo que se hizo en Venezuela a partir de 2004 fue expropiar masivamente medios de producción privados, mientras se promovía una ola de consumo basada en importaciones. Para financiarlo, primero se utilizó el dinero del petróleo, y segundo, se quintuplicó la deuda externa. Así se alentaba el consumo, mientras se destruía el aparato productivo nacional”, dice a Infobae el economista venezolano Miguel Ángel Santos, investigador del Centro para el Desarrollo de la Escuela Kennedy de Gobierno de la Universidad Harvard.
“Se mantuvo una tasa de cambio extraordinariamente artificial -continúa-, que generó un exceso de importaciones que se pudo cubrir transitoriamente porque había petróleo, pero acabó con todas las exportaciones no petroleras. Hasta que se llegó a un punto de agotamiento, porque para que el consumo siguiera creciendo sin que creciera la producción, también tenían que incrementarse las exportaciones de petróleo”.
En economía no existen las recetas mágicas y era cuestión de tiempo que el modelo chavista se ahogara. Financiado exclusivamente con la venta de un producto de precio muy variable, y aún en los mejores momentos, gastando por encima de sus ingresos, el Gobierno activó una bomba que terminaría explotándole en las manos.
“Con el precio del barril a 100 dólares a principios de 2014, la demanda de bienes excedió la capacidad de importación. Entonces apareció la escasez y, una vez que empezó a caer el precio del petróleo en el segundo semestre, el sistema quedó completamente desnudo”, explica Santos.
Es muy difícil para cualquier país funcionar sin una mínima producción nacional de bienes de consumo masivo, precisamente porque basta una caída en los valores internacionales de lo que se exporta para que colapse el abastecimiento. Pero en vez de usar los ingentes recursos de los que dispuso por casi diez años para fortalecer el aparato productivo nacional, el Gobierno volcó todo a incentivar el consumo, porque era lo más redituable en términos electorales.
“Todas las medidas han sido control tras control. Por ejemplo, el sector privado está ahogado en una ley del trabajo que incentiva el ausentismo, porque es muy difícil despedir a alguien, aunque no vaya a trabajar. Además está la Superintendencia de Precios Justos, que fiscaliza los precios y a cada rato puede intervenir. Hay un marco regulatorio y toda una burocracia que hace muy difícil producir e invertir en el país”, dice Grisanti.
Por eso la escasez crece año a año, sin que la industria venezolana pueda hacer nada para suplirla. “No tiene ninguna posibilidad de producir ni de sustituir importaciones, porque está completamente quebrada, arrasada y estatizada”, dice Santos.
“No hay antecedentes en Venezuela de una escasez así -continúa. Tampoco de la inflación: en enero fue 11% y en febrero 8%, según las personas que conozco que la calculan, porque el Gobierno la dejó de publicar. En los último 12 meses fue 87%, y en alimentos, por encima de 115 por ciento. Proyectada, este año podría estar entre 150 y 170 por ciento, algo sin precedentes en la historia”.
Inflación y escasez siempre van de la mano. En la medida en que la demanda de bienes y servicios no paraba de aumentar, pero su disponibilidad en el mercado empezó a disminuir, los precios se disparan. Así funcionan la oferta y la demanda. Cuando los empresarios no tienen posibilidades económicas de aumentar la producción, suben los precios.
“Este año era difícil que cayera la producción -dice Santos-, porque el país ya no producía nada. Sin embargo, se estima que va a caer otro 10 por ciento. El año del paro petrolero de 2003 cayó 11%, es decir que Nicolás Maduro está por replicar, con sus políticas, lo que ocurrió como consecuencia de un paro nacional de dos meses”.
La trampa de repartir la riqueza sin generarla
El caso de Venezuela está lejos de ser único o excepcional. Repite un manual que -con sus matices- han seguido muchos países y que siempre ha desembocado en el mismo final.
Es una discusión político ideológica válida y necesaria qué hacer con la riqueza que genera un país. Algunos sostienen que hay que tratar de distribuirla lo más equitativamente que se pueda, otros, que se debe dejar al mercado repartir en piloto automático, y también están los que sostienen posturas intermedias.
Lo que no debería ser una discusión política es que no se puede hablar de distribución de la riqueza si no está garantizada su generación. Cuando las medidas que se toman para mejorar el reparto afectan la producción hay un solo desenlace posible: la escasez.
“Existen varios ejemplos históricos. Entre los más significativos se encuentran la Unión Soviética (entre 1917 y 1991), la gran mayoría de los antiguos países socialistas de Europa Central y Europa del Este, China, Vietnam y, por supuesto, en nuestra América están los casos de Cuba (desde 1959) y Nicaragua (entre 1979 y 1990)“, dice el economista Mario González Corzo, profesor del Lehman College de la Universidad de Nueva York, consultado por Infobae.
La escasez que sobrevino en Cuba luego de la revolución de 1959 llevó a la instauración de una libreta de racionamiento, por la cual las personas no podían adquirir legalmente más de cierta cantidad de unidades de bienes esenciales.
“Entre las causas principales de lo ocurrido en Cuba -dice González Corzo- podemos subrayar el intervencionismo estatal excesivo que ha afectado a la economía desde comienzo de la década de los sesenta. Los controles de precios, subvenciones, la planificación errática (muchas veces basada en consideraciones políticas y no económicas), al igual que la falta de incentivos económicos, también han desempeñado un papel fundamental en la manifestación de escasez en la economía cubana”.
“A estos factores -continúa- tenemos que añadirle el paternalismo del Estado, las deficiencias asociadas a la planificación centralizada, el burocratismo excesivo y las ya mencionadas distorsiones creadas por el sistema. Pero el factor de mayor envergadura fue la eliminación gradual de la propiedad privada entre 1959 y 1968, año en el cual se lanzó la llamada Ofensiva Revolucionaria, mediante la cual se confiscaron unos 58.000 pequeños y medianos negocios privados, y se concretó la nacionalización de casi el 100% de la economía”.
Obviamente, la cartilla no resolvió nada en Cuba. “Las propias fuentes oficiales reconocen que los productos disponibles mediante este sistema apenas son suficientes para cubrir las necesidades básicas de los hogares por unos 10 a 15 días por mes. Tal insuficiencia no le deja otra alternativa a la mayoría de los cubanos que buscar ‘soluciones’ en el mercado negro o economía informal”, cuenta González Corzo.
Venezuela va por el mismo camino. Acaba de lanzar su propia cartilla de racionamiento. La única diferencia es que el sistema es electrónico, y detecta automáticamente si alguien intenta adquirir más productos de lo permitido o en un día distinto del previsto para su número de documento.
En todos estos países, el camino que llevó al desabastecimiento fue muy parecido. Y la respuesta elegida para enfrentarlo también: la “guerra económica”. Pero querer resolver con medidas policiales un problema que es de generación de riqueza sólo puede llevar a una mayor escasez.
“En Venezuela -dice Grisanti- no se ha hecho nada para arreglar los desequilibrios. La guerra económica significó más fiscalización y regulación, y sólo consiguió agravar el problema. No hay que negar que existe un mercado negro, tanto de divisas como de productos, pero es un resultado del control cambiario y de precios”.
¿Cómo no va a haber mercado negro de dólares si el Estado reprime tanto su acceso que hay gente dispuesta a pagar diez veces más que su valor oficial? Si para conseguir un producto hay que dedicar todo un día a recorrer supermercados y hacer colas interminables, ¿quién no pagaría tres o cuatro veces más en la calle si tiene el dinero? Los mercados negros aparecen siempre que hay desabastecimiento de bienes indispensables.
“Si metes preso y expropias a los pocos que producen, te quedas con todavía menos producción. Si llamas éxito a resolver los problemas económicos, así no vas a obtener ninguno. Pero si defines éxito como mantener el control de la situación política y permanecer en el poder, es posible que lo obtengas. Ahora el Gobierno tiene toda la generación de divisas y todos los medios de producción, y además maneja la Asamblea Nacional y el Sistema de Justicia”, concluye Santos. (La Patilla)
Inflación es proyectada por encima de 120% por escasez de divisas
Los inventarios se agotan. no hay materia prima. El sector está en crisis. Las frases se repiten en la prensa a diario con actores diferentes para retratar la realidad de la economía: hay escasez de divisas. La consecuencia inmediata es que las proyecciones de la inflación se colocan por encima de 120% para el final del año 2015.
Tamara Herrera, directora de Síntesis Financiera, el efecto recesivo será muy fuerte. “Se profundizará la estanflación. La inflación podría llegar a tres dígitos altos, es decir, más de 110%”. Ese escenario es posible mientras la escasez no tenga alivio y el paralelo no encuentre techo.
Versiones extraoficiales indican que la inflación acumulada entre enero y febrero alcanza el 20%, un récord en los últimos años que perfilaría a Venezuela directo a ser una economía hiperinflacionaria.
El economista Luis Oliveros manifestó que de persistir la situación actual donde no se toman las decisiones necesarias para la economía, la situación se deteriorará, pero no al punto de la implosión del control cambiario, sino desde el punto de vista de la calidad de vida. “El Gobierno teme justamente ese brote inflacionario”.
Una economía dormida
Según Oliveros el fracaso del Sistema Marginal de Divisas (Simadi) no reside en la brecha con el mercado negro, sino por la cantidades que se mueven en el esquema. “Allí se mueve menos de un millón de dólares a diario, cuando la economía venezolana necesita mucho más”.
A juicio del economista, el Gobierno no debería vender dólares a Bs 6,30 y las subastas que llevan seis meses sin ejecutarse deberían iniciar. “Los incentivos que hay para la corrupción son gigantescos y el déficit de divisas es muy importante. Ese producto prácticamente lo están regalando. Se necesita una corrección cambiaria fuerte”.
El correctivo que realmente necesita la economía, según Oliveros, sería la unificación cambiaria, así como la eliminación de los controles, pero ambas medidas implican un camino tortuoso que el Ejecutivo no parece dispuesto a tomar.
Para Herrera, es extremadamente difícil que el Simadi llegue a estabilizarse, dado que hay un exceso de bolívares en el mercado y unas condiciones económicas donde las necesidades de venta de dólares son pequeñas. “No hay suficientes atractivos para que el mecanismo tenga un tamaño respetable donde sea alimentado por la demanda y la oferta privada”.
Según Herrera, existe la posibilidad de que el volumen de operaciones aumente en el momento en que se active debidamente el segmento de ese mercado que es con títulos valores. “La única forma de que tenga éxito es que haya un cambio con relación a la estrategia inicial y se eliminen los incentivos a las distorsiones, así como una intervención más frecuente del Banco Central”.
En Datos
– Se estima que la inflación acumulada de 2015 va en 20%
– Simadi transa menos de un millón de dólares al día
– Economistas creen que deben reactivarse las subastas. (El Carabobeño)
Déficit de harina de trigo preocupa a panaderías
Quedan pocas semanas de inventario de harina panadera, lo que puede generar una escasez puntual de pan, alertó Tomás Socias, analista económico y dirigente de la industria de alimentos por muchos años.
Por ello, recomienda importar desde Colombia y de forma transitoria 200 mil sacos de harina panadera, mientras le otorgan a los molinos las solicitudes pendientes ante el Ejecutivo Nacional.
A través del hilo telefónico hizo un balance del comportamiento del sector, concluyó que los rubros básicos presentan dificultades en el acceso a la divisa a Bs. 6,30, tales como trigo, azúcar, oleaginosas, pastas, carne y leche.
Y aunque hay otros alimentos que sí tienen acceso al dólar a esa tasa, sus componentes se encuentran en el Sicad I a Bs 12, pero no han realizado nuevas subastas.
El sector tiene dificultades para el acceso a las divisas oficiales, la no oficial, no termina de funcionar adecuadamente y los códigos arancelarios no han sido publicados, por eso percibe que “hay una situación de tranca en el país”.
Además, los productos regulados no pueden participar en la subasta del Sicad I y el dólar no oficial es más costoso en comparación con la tasa oficial y no se pueden vender más caro, por eso sugiere que los artículos que estén bajo control de precios, pasen al Sicad 1 y así “romper con este círculo nocivo del acceso a las divisas”.
Adelantó que en abril llegarán nuevas importaciones gubernamentales de alimentos y productos del hogar, pero es necesario que sólo se importe lo que no se produzcan en el país. (El Universal)
Misión Alimentación distribuyó esta semana 7.060 toneladas de alimentos a precios justos
Desde el lunes 16 hasta este domingo 22 de marzo, la Misión Alimentación distribuiyó un total de 7.060.000 kilogramos de productos a precios justos, destacó el ministro Yván Bello.
A través de su cuenta en Twitter, @YvanJoseBello, mencionó que esa importante cantidad de productos alimentarios fueron expendidos en 1.375 jornadas realizadas con bodegas móviles dispuestas en diferentes partes del país, logrando así la atención de un 1.140.000 personas.
La Misión Alimentación, creada por el comandante Hugo Chávez en 2003, permite a todos los venezolanos la adquisición de alimentos a precio solidario, lo que contrasta con las acciones de guerra económica planificada y promovida por la derecha venezolana para dar al traste con las logros obtenidos por el pueblo en los últimos años.
Hoy día este programa social atiende 65 % de la población (aproximadamente 19 millones de habitantes), a través de sus redes de distribución de alimentos que lo conforman más de 22.000 puntos de las redes de distribución del Estado.
El pasado 3 de marzo, el vicepresidente de la República, Jorge Arreaza, durante la entrega de la Memoria y Cuenta 2014, indicó que gracias a esta política de distribución de productos de la cesta básica, entre 2003 y 2014 se expendieron 25.380.916 toneladas.
En 2014 se distribuyeron 4.672.419 millones de toneladas. Al citar cifras del Instituto Nacional de Estadística (INE), Arreaza precisó que 95,4 % de los venezolanos come más de tres veces al día, y agregó que la tasa de subnutrición pasó de 21 % en 1998 a menos de 5 % en la actualidad. (AVN)
El Simadi podría reforzarse con venta de dólares por parte de Pdvsa
Nuevas expectativas han surgido con la posibilidad de un aumento en la oferta de dólares en el Sistema Marginal de Divisas (Simadi) a través de la participación de Pdvsa en el mecanismo.
Hasta ahora el esquema ha negociado un máximo de 2 % del total de las liquidaciones que se han realizado desde hace un mes a través de los diferentes esquemas cambiarios. El Ejecutivo ha señalado que el Simadi podría llegar a atender 5% de la demanda.
Una fuente de la petrolera estatal informó a Reuters la semana pasada que ha comenzado a vender dólares a una tasa de cambio más favorable en el sistema cambiario de libre flotación (Simadi). “Se irá notando la presencia de Pdvsa en este mercado”, dijo la fuente.
Analistas han señalado que mientras la petrolera estatal no venda divisas en el mecanismo, poco éxito tendrá para bajar las presiones cambiarias.
“La oferta es muy pequeña. El Gobierno controla 97 % de los dólares que ingresan al país y está ofertando menos de 2 % en el Simadi. Es decir, una oferta insuficiente para satisfacer la demanda. Si Pdvsa, el mayor productor de dólares en Venezuela ofertara en ese mercado, la historia sería otra”, destacó el economista Gustavo Rojas, director de la firma Polinomics en un reporte.
Cálculos del Grupo ODH Consultores señalan que tomando en cuenta la proporción que representa el Simadi en la liquidación total de divisas, según el Banco Central de Venezuela, este sistema podría estar negociando entre $400 mil y $700 mil diarios.
Sostiene que el Gobierno podría reformar el convenio cambiario para permitir a Pdvsa vender las divisas que ingresan por exportaciones petroleras a precios superiores a 6,30 bolívares por dólar.
Nuevos intermediarios
Luego que la Superintendencia Nacional de Valores autorizara a nueve operadores de valores para ser intermediarios en el Simadi, la medida se hizo vigente con la publicación de la providencia en Gaceta Oficial del 19 de marzo.
A los 36 autorizados, en el mes de febrero cuando se dio inicio el Simadi, se incorporan Actimarket Sociedad de Corretaje de Valores; Citi Valores Asesora de Inversión y Casa de Bolsa de Corretaje; Cuadra y Degwitz Casa de Bolsa; Fabesta, Estructuración, Sociedad de Corretaje de Valores; Interbursa Casa de Bolsa; Proinversión Sociedad de Corretaje de Títulos Valores; Valoralta Sociedad de Corretaje de Títulos Valores; York Servicios Financieros Sociedad de Corretaje de Títulos Valores y Zoom Sociedad de Corretaje de Valores. (El Mundo)
Afirman que no hay confianza social para sostener actual sistema cambiario
“La inercia no es favorable y los resultados están a la vista de todos. No hay confianza social para sostener un sistema cambiario que representa la falta de sentido de esta política económica y hasta que no se cambie a Venezuela no le va a ir mejor”, señaló el director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Caracas, Victor Maldonado, sobre las expectativas que se tienen ante la espera de los convenios cambiarios del Sicad y el dólar a Bs. 6,30.
En entrevista al Noticiero Televen, Maldonado sostuvo que un gobierno distraído en lo económico recoge falta de gobernabilidad, caída de su legitimidad, insatisfacción y “una caída importante en el aprecio que los venezolanos tienen de este modelo y quienes lo están conduciendo”.
Le recomendó al gobierno no seguir esperando a que mejore la economía basados en “el milagro” del aumento del precio del petróleo, que los chinos “se compadezcan” y le presten dinero al Ejecutivo y el aumento de la gasolina.
“El gobierno debe dejar de lado las excusas y asumir que este país necesita una plan a largo plazo”, dijo.
Ante el llamado del gobierno para que la empresa privada se involucre en la reanimación de la economía, Maldonado explicó que “mientras haya arbitrariedad la empresa privada no tendrá condiciones para involucrarse. Para que haya fortaleza productiva hace falta confianza social y eso se funda en el respeto de las garantías ciudadanas”. (El Universal)
El Banco Central de Venezuela contrató a la fundación afín a Podemos
La relación financiera entre el régimen venezolano y la Fundación CEPS, para la que ha colaborado la mayoría de los miembros de la cúpula de Podemos, ha permanecido al menos hasta las pasadas fiestas de Navidad, cuando recibieron pagos del Banco Central del país bolivariano. Así consta en en un contrato firmado por el primer vicepresidente de esta institución, Eudomar Tovar, y el representante legal de la Fundación Centro de Estudios Políticos y Sociales (CEPS), Sergio Pascal Peña, por un importe de 60.000 euros.
ABC ha tenido acceso a dos contratos suscritos por esas mismas personas en 2013 y 2014, lo que evidencia que el Gobierno venezolano, primero con Hugo Chávez y después con Nicolás Maduro, ha financiado la fundación en la que han trabajado los principales dirigentes y representantes de Podemos antes de la creación de este partido. Últimamente se han venido citando varios organismos que han alimentado las cuentas bancarias de quienes hoy forman parte de la cúpula de Podemos y durante años han trabajado por la citada fundación. Por ejemplo, Centro Internacional Miranda, Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, Compañía Nacional de Telecomunicaciones, Cantv, Secretaría de la Presidencia, Encuestadora Giss XXI, el Banco del Alba, y ahora, por primera vez, figura como financista también el Banco Central de Venezuela.
La suma de los pagos supera los 11 millones de euros, que incluyen honorarios profesionales, billetes de avión, alojamiento, comida, hoteles y transporte, según afirmó a ABC el diputado Roberto Enríquez, presidente del partido Copei, quien ha anunciado que presentará una denuncia por financiación ilegal.
Asesorías remuneradas
El diario El Universal tiene otra cifra y apunta a que la financiación del Gobierno chavista a quienes hoy en día son los líderes de Podemos «superaría los 9 millones de euros» con la peculiaridad de que «en el camino de las transferencias o envíos en efectivo se «”perdieron” 2 millones en Caracas y un millón en Madrid y la caja registradora de Podemos recibiría solo un poco más de 6 millones de euros».
El último contrato en cuestión firmado por Eudomar Tovar, vicepresidente del Banco Central de Venezuela, (BCV, Nº 009-2014) por 60.000 euros tenía un año de vigencia, desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2014. CEPS aparece como una fundación sin fines de lucro de carácter privado, constituida en Valencia (España).
El contrato estipula en su página 2 que los honorarios profesionales, a razón de 5.000 euros mensuales, deben ser transferidos a la cuenta bancaria de la Fundación CEPS en Bankia. También establece que la conversión de los 60.000 euros debe ser hecha a la tasa preferencial de 8,5 bolívares, equivalente a 511.207 bolívares. En Venezuela hay un estricto control de cambio y la tasa preferencial está destinada exclusivamente para las importaciones de alimentos y medicinas.
De la misma forma, el documento en su página 2 establece que el especialista designado por la fundación CEPS, Manuel Cerezal Callizo, es la persona que prestaba los servicios al instituto emisor de la moneda.
Son tres los servicios o asesorías que prestó Cerezal Callizo: analizar periódicamente la coyuntura económica nacional e internacional; asesorar en el diseño, la negociación y la ejecución de mecanismos y políticas de integración económica y regional; y asesorar en el diseño y ejecución de políticas económicas nacionales.
Eudomar Tovar firmó el segundo contrato (Nº 093-2013) en 2013, cuando era el presidente del Banco Central de Venezuela y por el mismo representante de la fundación CEPS por un importe de 20.000 euros que debían ser transferidos a la misma cuenta de la fundación.
El Centro de Estudios Políticos y Sociales (CEPS) es una fundación íntimamente ligada a Podemos. Si bien no hay dependencia entre fundación y partido, los líderes de uno y otro organismo se entremezclan, aunque niegan vínculos financieros. Entre los dirigentes de Podemos que han colaborado con ellos se encuentran Íñigo Errejón, Luis Alegre, Juan Carlos Monedero o Carolina Bescansa. (La Patilla)
Más de 20 empresarios han sido acusados por boicot
Por orden del Tribunal 41 de Control fueron puestos en libertad Pedro Angarita y Agustín Álvarez, presidente ejecutivo y vicepresidente de operaciones de la cadena Farmatodo, respectivamente, primeros liberados de una lista de más de 20 altos gerentes detenidos a inicios de febrero tras ser acusados por los delitos de boicot y desestabilización económica.
Angarita y Álvarez había sido “llamados” a declarar en la sede del Servicios Bolivariano de Inteligencia (Sebin) el 31 de enero pasado, luego de que el jefe de Gobierno del Distrito Capital, Ernesto Villegas, los acusara de ser responsables de las largas colas que se observaban en las tiendas de la cadena de farmacias.
A raíz de ese pronunciamiento, ambos directivos fueron acusados por los delitos de boicot y desestabilización económica, previstos en la Ley de Precios Justos.
Los acusados deberán presentarse ante el juzgado cada 15 días, y tienen prohibición de salida del país.
La acusación contra Angarita y Álvarez se produjo dos días después de que la Superintendencia de Precios Justos (Sundee) abriera un procedimiento administrativo contra Farmatodo, ante las supuestas “irregularidades” en la atención al público”.
Por esos mismos días, la Sundee y otros organismos del Estado iniciaron una serie de procesos de fiscalización y administrativos contra cientos de establecimientos comerciales y productivos por supuestamente incurrir en acaparamiento, boicot, usura y otros delitos relacionados con la escasez de productos que desde el año pasado se observa en el mercado.
Además de estos procedimientos, las autoridades detuvieron a más de 20 representantes de empresas de distintos sectores, muchos de los cuales siguen privados de libertad mientras se siguen juicios en su contra.
Entre los detenidos están el presidente de la Asociación de Clínicas y Hospitales, Carlos Rosales; y los directivos de la cadena de supermercados Día Día, Tadeo Arrieche, Manuel Morales y Luis Rodríguez, este último además director ejecutivo de la Asociación Nacional de Supermercados y Autoservicios.
También figuran tres representantes de la Distribuidora Distenca, uno de Unicasa, cinco de Corporación Cárnica, uno de Distribuidora Alimentos CDF, tres de Distrilago, cuatro de Zuli Milk y los dueños de Representaciones Herrera. (El Mundo)
Venalum operó a 25% de su capacidad instalada durante 2014
La empresa estatal de aluminio -CVG Venalum- informó en la Memoria y Cuenta 2014 del Ministerio de Industrias que en ese ejercicio fiscal la compañía operó a 25% de su capacidad instalada.
Las cifras reveladas por el despacho de industrias, indican que la reductora de aluminio primario más grande de Venezuela y Latinoamérica, produjo 109.536 toneladas de aluminio equivalentes al 25% si se compara con su capacidad instalada nominal cuyo volumen se sitúa en 430.000 toneladas.
Reza la memoria que ese volumen permitió el fortalecimiento principalmente del sector transformador nacional, tanto público como privado, aprovechando la infraestructura técnico-productiva con un enfoque humano-social garantizando el suministro de aluminio para el desarrollo endógeno de la República Bolivariana de Venezuela”.
El documento explica y detalla sin embargo, que “actualmente su capacidad operativa es de un 23,52%, debido a la contribución solicitada por el Ejecutivo nacional en el año 2009 para el ahorro energético, no obstante durante el tercer trimestre del año 2014, el Gobierno aprobó y honró anticipo para el proyecto de Modernización e Incremento de la Productividad de CVG Venalum, el cual permitirá alcanzar su capacidad instalada”.
Las estadísticas de la alumínica no tienen buen rostro, y la directiva lo sabe. La meta prevista para la producción de 2014, pese al volumen que nominalmente pudiera producir, giró en torno a 112.846 toneladas, alcanzándose entonces un porcentaje de ejecución de 97 %.
En torno a los costos de producción, el aumento reflejado fue exponencial. En el año 2010 el costo unitario por tonelada fue de Bs. 10.974, en 2011 creció a Bs. 13.255, en 2012 continuó su carrera ascendente para cerrar en Bs. 20.252 la tonelada, en 2013 el costo trepó a Bs. 31.269, y en 2014 el volumen erogado para producir una tonelada se situó en Bs. 79.911.
La productividad por trabajador es otro de los indicadores que muestran la merma de la compañía reductora de aluminio. En el año 2010 la empresa tenía 4.413 trabajadores entre obreros y administrativos, y la productividad por trabajador giró en torno a 59 toneladas. Para 2014 la nómina creció a 5.861 personas y la productividad descendió a 19 toneladas año.
El documento oficial presentado a la Asamblea Nacional a principios de marzo, reporta que “Venalum aumentó las exportaciones de aluminio primario en toneladas en un 66% con relación al año 2013, y las divisas generadas durante este mismo período se incrementaron en un 71% respectivamente, lo que representa una alternativa para la generación de divisas y en concordancia con la cuarta línea estratégica del gobierno bolivariano de Venezuela, dirigida a aumentar las exportaciones no petroleras”.
Obstáculos de la gestión
La directiva de la alumínica señaló en la Memoria y Cuenta que entre los factores que influyeron negativamente en los indicadores esta: la baja utilización de la capacidad instalada; los reducidos niveles de inventarios de materias primas, insumos y repuestos que afectaron los mantenimientos y las operaciones.
También reportaron rigidez de la estructura del costo de producción asociada a variables exógenas (tipo de cambio, inflación, entre otros).
Asimismo, reconocieron que “los ingresos por ventas al exterior son insuficientes para cubrir los compromisos en divisas”
Otro de los bemoles fue la demora de los contratos para el financiamiento de las inversiones que impactaron en la recuperación de la capacidad de producción.
Tras una serie de planes, Venalum proyecta para este año un volumen de 128.860 toneladas de aluminio, y estima ejecutar Bs. 1.462.773.977 para atender inversiones de carácter crítico que garanticen la operatividad de la planta. (El Mundo)
Aseguran que industrias de envases tienen inventario hasta mayo
Las industrias de envases en el país tienen inventarios hasta mayo, debido a la lentitud en la entrega de divisas necesarias para importar las materias primas, repuestos y maquinarias para la actividad productiva del sector, informó el presidente de la Cámara Venezolana del Envase (Cavenvase), José González.
“Las empresas afiliadas a la cámara han indicado que hay inventarios probablemente hasta mayo, pero existe incertidumbre porque ya ha pasado un trimestre del año, no ha habido subasta de Sicad y solo algunas han obtenido Autorización de Asignación de Divisas (AAD) que necesitan para importar por Cencoex”, señaló.
El representante de Cavenvase considera que el proceso de la convocatoria para subastas y las AAD debería reactivarse en el corto plazo para reponer los inventarios de estas factorías en la brevedad posible.
Además explica que la falta de un componente puede llegar a paralizar una línea de producción.
Dijo que aunque la mayoría de las factorías que se dedican a fabricar envases, empaques y embalajes en todas sus formas están operando con normalidad, “en un determinado momento puede surgir algún faltante de materia prima específica que afecte una línea de producción y se tenga que paralizar hasta conseguir el insumo”.
González considera imperativo que se comiencen a asignar dólares a este sector para recuperar el inventario y asegurar la productividad de las industrias.
Destaca además que, a medida que pasan los días, la situación se complica más porque luego de que a las empresas les dan la AAD o liquidan las divisas, estas deben hacer el pedido de los insumos para que los fabriquen, los importen a Venezuela, nacionalicen “y eso demora su tiempo: 30, 60 o 90 días”.
También explicó que la última subasta (número 26) que se realizó el año pasado no ha sido liquidada.
Asimismo, destacó que pese a la escasez de divisas que sufre este sector, las industrias que fabrican envases flexibles (para harinas, cereales, etcétera) están trabajando a 90% de su capacidad, la de latas 70% y las de vidrio 70% aproximadamente, dijo.
Materia prima local
El representante de Cavenvase explicó que ha bajado la oferta de insumos que se producen en el país, de empresas privadas y públicas como Sidor y Pequiven.
González agregó que en el caso de los envases metálicos los insumos no eran importados porque los suministraba Sidor, pero el año pasado hubo ciertas dificultades y “los convertidores tuvieron que importarla porque Sidor no respondía”.
Añadió que si logran reactivar estas empresas del Estado para satisfacer la demanda nacional “tanto Sidor por el lado de los envases metálicos, como Pequiven para los plásticos, sería un ahorro de divisas importante y no habría que recurrir a las importaciones como se ha venido haciendo en estos dos últimos años”.
Deuda con proveedores internacionales
La deuda con los proveedores internacionales ronda los $173 millones, según el último registro de deudas que tienen las empresas del sector.
González destacó que enviaron un documento al Banco Central de Venezuela y también se han reunido con algunos entes gubernamentales para buscar una solución a la situación que agobia al sector de envases. (El Mundo)
Sambil La Candelaria se convertirá en “nueva cadena comercial del Estado”
La infraestructura que iba a albergar al Centro Comercial Sambil en La Candelaria se convertirá en una “nueva cadena comercial socialista del Estado”, informó la ministra de Comercio, Isabel Delgado.
La nueva cadena no tendrá “precedente alguno”, apuntó la ministra, quien puso en marcha el sábado un plan de recuperación de los espacios del centro comercial expropiado por el fallecido presidente Hugo Chávez en 2008.
Las jornadas incluyeron limpieza, fumigación, reacondicionamiento de baños, instalación de un sistema de seguridad y vigilancia, reforzamiento del alumbrado y rehabilitación de fachadas del Centro Comercial, reseñó una nota de prensa del ministerio de Comercio.
La finalidad de estos trabajos es convertir al Sambil de La Candelaria en “un centro cultural y comercial para combatir la especulación, el sabotaje y la guerra económica”, explicó el ministerio de Comercio.
En mayo pasado, el director de la Constructora Sambil, Freddy Cohen, ofreció al Gobierno recuperar los espacios del centro comercial, en los que 120 comerciantes y otros cien tenían contrato para alquilar antes de ser expropiado.
Cohen aclaró que el Sambil de la Candelaria fue “apropiado” por el Estado que no pagó a los inversionistas originales, tras tomarlo cinco meses antes de su anunciada apertura. (El Mundo)
Crean frente contra escasez de medicamentos
El presidente de la Federación Farmacéutica Venezolana, Freddy Ceballos, informó que el gremio decidió crear un “frente único para la lucha contra la escasez de medicamentos” en respuesta a los señalamientos como supuestos promotores del desabastecimiento de fármacos en el país, destacó Noticias 24.
Datos del sector indican que la falta de medicinas en Caracas es de aproximadamente 60%, mientras que en el resto del país llega a 70%.
“El Estado debe acabar con la monopolización de divisas, mediante la racionalización de los recursos y la liquidación planificada, programada y sistemática”, dijo Ceballos
Agregó que el Estado, en su papel de gran comprador, debe estimular la productividad y traer los insumos que necesita el país. “De lo contrario persistirán los problemas de desabastecimiento de medicamentos e insumos médicos”.
En lo que va de año, las liquidaciones de divisas a laboratorios farmacéuticos han sido escasas e insuficientes para normalizar la industria. “Solo con uno de los laboratorios la deuda del gobierno llega a 100 millones de dólares, y apenas liquidó 5 millones. Con eso no se puede hacer mucho. Las fallas de medicinas en farmacias empeorarán este año por falta de divisas”, señaló una fuente del sector.
Hay compañías del ramo, añadió, que no reciben liquidaciones desde noviembre de 2014 lo que las obliga a racionar el inventario de materias primas para evitar que se les agote antes de reponerlos.
Entre lo que falta en los anaqueles de las farmacias, según la federación, se encuentran: antihipertensivos, anticonvulsivos, antineoplásicos, antiepilépticos, antidiabéticos, antiasmáticos, antiparkinsonianos, antihemorroidales, productos para el sistema nervioso central y anticonceptivos, entre otros. (El Nacional)
Comercios limitan venta de carne hasta que llegue la regulada
Las carnicerías de la avenida San Martín y de Las Fuentes, en el oeste de Caracas, no abrieron el miércoles pasado. El jueves sí subieron la santamaría, pero no tenían carne ni pollo que vender. La explicación se la ofrecían a los clientes a través de un aviso. Aseguraban que estarán sin mercancía hasta que reciban los productos con los precios regulados, establecidos en las providencias 37 y 38, publicadas por la Superintendencia de Precios Justos a finales de febrero pasado.
En el oriente del país hacen la misma advertencia: dueños de carnicerías en Barcelona, Puerto La Cruz, Clarines y Píritu, en el estado Anzoátegui, afirmaron que no abrirán los locales mientras no les despachen carne regulada, según el diario regional El Tiempo.
En Aragua los carniceros prefieren cerrar para evitar pérdidas, reseñó Efe. En la entidad están afectados más de 1.700 comerciantes: han sido multados, les han decomisado la carne, informó el presidente de la Asociación de Carniceros de Maracay, Marcelino Fernández.
Destacó que el gremio ha participado en mesas técnicas con el Ejecutivo y le ha planteado crear un subsidio a la carne. Agregó que de no resolver el inconveniente entre costos y precios, se verán obligados a suspender las actividades hasta que el gobierno fije posición y les dé respuestas.
Carnicerías de La California, El Marqués y La Carlota, en Caracas, tampoco tienen carne ni pollo. Algunas exhiben las neveras llenas de jamón de pierna, de espalda, de pechuga de pavo, de quesos amarillos y salchichas. Otras, también tienen carne de cochino, fresco y ahumado, que no están regulados.
“Desde hace meses no recibimos carne y pollo”, coincidieron dos trabajadores de dos redes de supermercado privadas. “Dentro de poco nos comenzarán a botar porque casi no tenemos nafa que hacer”, agregó uno de ellos.
Solo en uno de los establecimientos visitados ayer había, además de cochino, carne y pollo. La encargada admitió, sin embargo, que la oferta era escasa y que los depósitos estaban vacíos. “Esto lo vendemos en una tarde, pero no pedimos más para no correr el riesgo de que nos acusen de acaparadores. Así estamos trabajando desde hace meses. Una vez que se nos agota la existencia hacemos otro pedido”.
Ninguna de la mercancía que exhibe, afirmó, la adquirió al precio regulado. “Los proveedores no tiene ese tipo de carne. La que ofrecen es más cara. Nosotros tenemos las facturas, en caso de que nos inspeccione algún organismo público”. Señaló que mientras el kilo de carne está controlado a 220 bolívares en la carnicería la compran hasta en 300 bolívares el kilo.
La situación se repite en el estado Carabobo. En Valencia la carne se consigue entre 450 y 550 bolívares el kilo, y la pechuga en 380 bolívares el kilo. Los productos a precios regulados también están desaparecidos de los establecimientos.
Un encargado de una carnicería de la urbanización Los Colorados, en Valencia, indicó que han tenido problema con el suministro de pollo, porque los proveedores suben los precios cada 15 días.
“La pechuga con hueso la traían a 180 bolívares, pero en poco tiempo la ofrecieron en casi 100 bolívares más”, añadió.
Esta semana un grupo de representantes de las carnicerías privadas de Valencia se reunió para analizar la situación en el descenso de las ventas. El próximo lunes prevén reunirse con la Cámara de Comercio de la ciudad.
No cubre los costos. Carlos Albornoz, presidente de la Federación Nacional de Ganaderos, refirió que la poca oferta de carne en el mercado nacional es la consecuencia de lo que ha advertido el gremio desde hace meses. “El precio no cubre los costos”, reiteró.
Además, señaló que en esta época del año históricamente la producción de carne baja. Dijo que estos meses son de sequía por lo que disminuye la cantidad de pasto, por lo que el rebaño adelgaza. “En los mataderos no reciben ganado flaco, por lo que los productores prefieren esperar a que comience la temporada de lluvias y que los animales ganen peso para comercializarlos”, explicó Albornoz.
Gonzalo Azuaje, presidente de la Asociación Nacional de Frigoríficos y Mataderos, dijo que la oferta de carne ha disminuido porque la producción nacional no satisface la demanda y han caído las importaciones.
Datos del sector reflejan que en Venezuela se consumen 550.000 toneladas de carne de res al año, de las que 209.000 toneladas son nacionales, 38%, el resto de la demanda se satisface con carne extranjera.
Pdval con las neveras vacías
En el Pdval que está ubicado en la avenida Francisco de Miranda, en Los Cortijos de Lourdes, ayer atendían a los consumidores cuyas cédulas terminaban en 8 y 9. Quienes acudieron al establecimiento consiguieron un local abastecido de productos secos.
Cerca del mediodía había poca cola para entrar. Una vez adentro era posible adquirir leche en polvo y líquida, café, azúcar, aceite comestible, enlatados, arroz, mantequilla y toallas sanitarias, entre otros.
Sin embargo, los compradores no pudieron hacer un mercado completo. No había carne ni pollo. Las neveras estaban totalmente vacías ni siquiera tenían jamón, pechuga de pavo, quesos, salchichas ni carne de cochino.
Los compradores se lamentaban de que no hubiera carne ni pollo. Uno de ellos, que prefirió no ser identificado, afirmó que estaba buscando pollo desde Petare y no lo encontró, ni en establecimientos privados ni públicos.
En el caso del pollo se supo que la falta de alimentos para aves ocasiona que los animales pasen más tiempo de lo esperado en la granja hasta que alcancen el peso ideal para beneficiarlos.
La Cifra
11,1% subió la carne en febrero de 2015, en comparación con el mes anterior, según el último informe del Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros.
El documento indica que la canasta alimentaria familiar de febrero de 2015 se situó en 19.858,07 bolívares, lo que representa un incremento de 122,1% en un año. El informe agrega que se requieren 3,5 salarios mínimos para adquirir la canasta. (El Nacional)
Listo 80% del contrato colectivo del sector público
El nuevo contrato marco de la administración pública, que tiene 80% de las cláusulas aprobadas, “será firmado muy pronto, pues ya van 80% de las cláusulas aprobadas” e incluye una diferencia sustantiva con el convenio anterior -que lleva 10 años de mora, pues se venció en 2006.
El proyecto de contrato, que fue entregado en mayo de 2014 al presidente Nicolás Maduro durante una marcha que realizaron grupos de trabajadores y organizaciones sindicales, remarca la visión socialista y “el propósito de avanzar hacia un nuevo sindicalismo”, con mayor vehemencia en las reivindicaciones sociales, con el compromiso de avanzar hacia un nuevo modelo socialista “y con mayor conciencia de defensa de la Patria que debe generarse en los trabajadores”.
Este documento está dividido en siete módulos y lo rotularon con el título “Primera Convención Colectiva Marco Socialista para Regular el Proceso Social del Trabajo en la Administración Pública”, para el período 2014-2016, lo cual indica que tendrá una duración de tres años.
Propuestas en módulos
La exposición de motivos del proyecto hace énfasis en el cumplimiento del Plan de la Patria y en la construcción del nuevo modelo social, económico y de justicia social. En los siete módulo o capítulos se describe la participación de los trabajadores en la defensa de la Patria con la creación de las milicias obreras; la formación de fiscales obreros para que hagan contraloría como parte de las acciones para evitar el acaparamiento de productos de primera necesidad, alimentos y materia prima.
En el contenido de los módulos también se describen los planes de formación de los trabajadores en sus centros de trabajo bajo la tutela de la Universidad de los Trabajadores “Jesús Rivero”.
En los capítulos referidos a la “justicia social” se detallan los beneficios para acceso a la vivienda con la Misión Vivienda Obrera, los seguros de HCM, la recreación, vacaciones y la creación del Banco Obrero.
Vivienda para los trabajadores
En el módulo III, cláusula N° 12, se precisa que las organizaciones sindicales signatarias, es decir, las que están discutiendo y firmarán el contrato, en este caso Fedeunep (Federación Nacional Unitaria de Empleados Públicos) y Fentrasep (Federación Nacional de Trabajadores del Sector Público), promoverán la inclusión de un representante en el Órgano Superior de Vivienda y Hábitat, a fin de implementar un plan a través de la Misión Vivienda Obrera, que permita posibilitar, en un lapso de tres años, que todos los trabajadores de la administración públicos, pensionados y jubilados tengan su vivienda propia o por lo menos estar incorporados a un proyecto habitacional en ejecución.
En la cláusula también se señala que los trabajadores públicos, jubilados o pensionados que estén damnificados, refugiados o que vivan en condiciones de alto riesgo, tendrán prioridad para la asignación de vivienda. Asimismo, se les dará preeminencia para los planes de Barrio Nuevo Barrio Tricolor y acceso al programa habitacional para la clase media 0800mihogar.
Mercal Obrero, medicinas y turismo
Otro de los beneficios que destacan es que se promoverá la habilitación de espacios en todos los centros de trabajo (ministerios, organismos, gobernaciones, alcaldías) para la venta de productos Mercal y Pdval, que sean de fácil acceso para los trabajadores públicos; esto enmarcado en la Misión Mercal Obrero.
Se propone la creación en las sedes de los ministerios y otros organismos, de los farmaobreros, para suministrar medicinas para los trabajadores activos y para sus familiares, los pensionados y jubilados de la administración pública.
También se plantea establecer la “cédula del buen vivir” para los jubilados, pensionados y para los trabajadores, para que tengan acceso a los artículos de primera necesidad y para que la usen en planes de turismo nacional.
En el área de turismo social, el proyecto de contrato incluyó la propuesta para la construcción de una red de posadas para que sean usadas por los trabajadores y sus familiares.
Cláusulas económicas
En el módulo V, de los beneficios económicos, se propone aumentar 10% del salario mínimo en todas las escalas al momento de la firma del contrato, más un incremento de 30% en todas las escalas de sueldos y tabuladores de toda la administración pública. Un 10% de salario normal retroactivo a septiembre de 2014; 20% en junio de 2015 y 20% en enero de 2016, aplicando previamente la actualización de escalas de sueldo y tabuladores.
Antonio Suárez, presidente de Fedeunep, ha insistido en que reconocen que el país atraviesa por un momento económico deficitario por los bajos precios del petróleo, pero “queremos preservar nuestros beneficios, como los seguros de HCM, por eso queremos presentarle propuestas al presidente Nicolás Maduro, porque no se trata de portarnos como unos inconscientes en no reconocer el momento que atraviesa el país, pero queremos llegar a acuerdos”.
Franklin Rondón y Antonio Suárez han informado que el contrato, cuya comisión negociadora fue instalada en noviembre de 2014 por el presidente Maduro, lleva 80% de las cláusulas aprobadas y que solo faltan las cláusulas económicas.
Rondón insiste en que “reconocemos que la aprobación se ha retrasado por los acontecimientos que ha enfrentado el país con la guerra económica y otros acontecimientos, pero aspiramos que muy pronto sea aprobado”. (El Mundo)
