“Si la inflación fuese baja o hubiese crecimiento habría ruedas de prensa como en el pasado. El efecto de esto es que están destruyendo la credibilidad del Banco Central de Venezuela y del Instituto Nacional de Estadísticas (INE)”.
Agrega que “si este retraso en la publicación de estadísticas continúa van a surgir organismos o firmas privadas que van a realizar mediciones y les van a quitar la credibilidad a las cifras oficiales eso ya sucedió en Argentina donde el Gobierno manipuló la medición de la inflación”.
José Guerra destaca que “lo que estamos viendo es una discriminación, las estadísticas son un bien público. El Gobierno y miembros del PSUV las conocen pero se las ocultan al resto del país”.
Desde su punto de vista los ciudadanos deben redactar un proyecto de ley de estadísticas e impulsar su aprobación en la Asamblea Nacional para que las autoridades estén obligadas a difundirlas.
“En el caso del Banco Central hay una resolución interna pero no una ley que obligue al presidente de ese organismo, Nelson Merentes, a publicar las estadísticas. Claro, hasta ahora no había sucedido algo como lo que estamos viendo, el uso político de las estadísticas del país”, dice José Guerra.
Explica que Venezuela está suscrita al sistema de divulgación de datos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) y por tanto debería cumplir con la publicación periódica de sus estadísticas para que sean comparables con otros países.
“Pero esto tampoco le ha importado al Banco Central, al Ministerio de Finanzas, al INE al momento de ocultar las estadísticas, la ciudadanía debe darse cuenta de la gravedad de lo que está ocurriendo”.
