Cada cierto tiempo ocurre en nuestro país una gran estafa colectiva que deja muchas víctimas. El caso del Concesionario La Venezolana C.A es el más reciente. En esta oportunidad, cerca de 6.000 personas fueron engañadas y perdieron grandes cantidades de dinero al intentar comprar unos vehículos que en realidad nunca existieron. El Estado debe tomar medidas para evitar que esta modalidad delictiva se siga desarrollando con tanta facilidad.
En este tipo de estafa (el modus operandi puede variar), los victimarios generalmente registran una compañía con un bajo capital y comienzan a ofrecer vehículos nuevos para entregarlos en un plazo determinado (6 meses, por ejemplo). El arranque de la empresa siempre va acompañado de una importante campaña publicitaria. Para entrar en el “negocio”, se le exige a las víctimas el pago de una inicial (en el caso de La Venezolana era del 30%). Todo luce bien al principio. Inclusive, utilizando el dinero que van suministrando las primeras víctimas, los estafadores adquieren y entregan algunos vehículos. Esto genera confianza y atrae a nuevos compradores. El problema surge cuando se comienzan a vencer los plazos y las personas se preocupan, reclaman y acuden ante las autoridades. En ese momento los estafadores desaparecen, quedándose con grandes cantidades de dinero.
Diversos reportajes publicados por El Universal dan cuenta de las facilidades que tuvieron los representantes de La Venezolana para estafar a tantas personas. La compañía, que fue registrada con apenas Bsf 300.000 de capital (el costo de un vehículo de mediano valor), era presentada como “concesionario autorizado” de Nissan, lo que luego fue negado por la automotriz japonesa a través de un comunicado de fecha 30/06/13 (esto debió prender las alarmas de las instituciones gubernamentales). Los pocos carros que se exhibían, habían entrado al país bajo régimen turístico, ya que no existían las licencias para importarlos. La Venezolana fue uno de los patrocinantes de los juegos Suramericanos de playa, recientemente celebrados en el estado Vargas. Entre octubre y noviembre de 2013, el Indepabis ya había recibido las denuncias de los primeros afectados, pero nadie actuó. Asimismo, el presidente de La Venezolana tenía doble identidad y presentaba registros policiales. El pasado viernes, este personaje trató de huir, desde el aeropuerto de Punto Fijo, rumbo a Panamá, pero la fuga fue frustrada por el CICPC (inexplicablemente logró escapar y no fue arrestado). La sanción prevista en nuestra legislación para el delito de estafa es muy leve, apenas de 1 a 5 años de prisión. Cuando la estafa es masiva o continuada, se aplica una agravante de un sexto a la mitad de la pena. El estafador (cuando no entra en el 98% de impunidad que hay en Venezuela) regularmente utiliza el propio dinero de las víctimas para gozar de grandes privilegios durante el tiempo de prisión.
Como el Estado no previene ni controla estas modalidades de estafas masivas, todos los ciudadanos debemos estar atentos para no convertirnos en fáciles víctimas.
