Un estudio comparativo desarrollado por la ONG Transparencia capítulo Venezuela reveló que la Asamblea Nacional ocupa la última casilla del Índice Latinoamericano de Transparencia Legislativa, con un promedio de 21% frente al promedio regional de 40%.
De nueve poderes legislativos incluidos en la investigación, los mejor valorados resultaron los de Perú con 55% y Chile con 53%. Los otros congresos considerados en el estudio fueron los de Ecuador, Guatemala, Colombia, México, Argentina y Bolivia.
La directora ejecutiva de la ONG, Mercedes de Freitas, explicó que cada parlamento fue evaluado a partir de 477 preguntas que sirvieron para tabular 4 aspectos: normatividad, gestión, presupuesto y rendición de cuentas.
“El estudio reveló dos elementos fundamentales. Primero, que la región tiene grandes retos en materia de transparencia legislativa, pues los dos mejores congresos apenas superaron el 50%. Y segundo, que en el caso venezolano los retos son aun mayores porque nuestro Poder Legislativo resultó el peor valorado, con un promedio de apenas 21%”, dijo de Freitas.
Los indicadores desglosados de la Asamblea Nacional son preocupantes, dijo de Freitas. En normatividad la AN quedó en octavo lugar con 32%, en gestión ocupó último lugar con 12%, en presupuesto se ubicó en la última casilla con 12% y en rendición de cuentas, en el penúltimo lugar con 27%.
La meta. El estudio fue presentado ayer durante el foro Retos de la Asamblea Nacional, en el que participaron diputados de la oposición, expertos en Derecho Administrativo y promotores del derecho de acceso a la información pública. El panel concluyó que el Poder Legislativo en Venezuela existe en la ley pero no en la práctica porque no cumple sus funciones elementales.
Los diputados Alfonso Marquina (PJ) y Williams Dávila (AD) expusieron sobre la crisis y el diálogo en el Parlamento. “Solo si convertimos el 52% de votos que nos trajo a la Asamblea en 2010 en más de 57% de votos en las elecciones el año próximo, tendremos un Parlamento que discuta con seriedad el presupuesto, que controle los fondos públicos y que interpele a los ministros para que rindan cuentas”, dijo Marquina.
Coartados. El abogado administrativo Luis Alfonso Herrera afirmó que el Reglamento Interior coarta a diputados y electores porque reduce al mínimo sus posibilidades de ser oídos, si piensan diferente al partido de gobierno, y no observa el contrapeso.
Carlos Correa (Espacio Público) defendió la importancia de que los diputados luchen por acceder a la información y la transmitan por todos los medios posibles a la colectividad.
“El Parlamento venezolano aprueba leyes que, en vez de beneficiar al colectivo, coartan sus derechos, como la de arrendamientos, que liquidó el mercado inmobiliario, por ejemplo”, sostuvo Alicia Sepúlveda de Cedice.
“La Asamblea Nacional no es un parlamento porque no legisla para el pueblo, no controla al Ejecutivo ni a los demás poderes y no vela por una sana administración de los recursos del Estado”, concluyó el diputado César Rincones (AD).
Acceso de los medios
De los nueve países analizados por Transparencia, solo Venezuela tiene una prohibición absoluta para el ingreso de los medios de comunicación social a las plenarias.
“En Bolivia y Guatemala se impone esa condición solo para sesiones de carácter secreto, a diferencia de Venezuela, donde ANTV es el único medio autorizado para ingresar a las sesiones”, dice el informe.
Una de las recomendaciones de la ONG es precisamente “permitir el ingreso de todos los medios de comunicación a las sesiones plenarias de la Asamblea Nacional”.
