Familiares de las víctimas que acudieron a la morgue de Bello Monte se negaron a dar detalles sobre lo ocurrido. Una tercera mujer, a quien también le dispararon en la cabeza, permanece en terapia intensiva

Lizamar González y Yelimar Barrios fueron arrastradas hacia unas escaleras por delincuentes que presuntamente pertenecen a la banda «Chicorrios». Les dispararon en la cabeza, supuestamente por delatar a estos antisociales con la policía

@GloriFernandez

Dos mujeres, Lizamar González y Yelimar Barrios, fueron asesinadas cuando regresaban de sus trabajos, al final de la tarde de este lunes 15 de noviembre, en una plaza del barrio San José, en Petare. Una tercera joven recibió un disparo en la cabeza y se encuentra en terapia intensiva.

De acuerdo con versiones policiales, las tres víctimas habían denunciado a miembros de la banda «Chicorrios», delincuentes de este grupo se habrían enterado y tomaron venganza. Familiares de las dos mujeres fallecidas se presentaron en la morgue de Bello Monte este 16 de noviembre, pero se abstuvieron de dar detalles de lo ocurrido.

Los cadáveres de González y Barrios quedaron tendidos en unas escaleras. Ambas fueron asesinadas con disparos en la cabeza y delante de varios vecinos. La tercera víctima fue identificada como Yessica González. Su pronóstico de salud es reservado.

La banda que lidera «Chicorrios» protagonizó un tiroteo la semana pasada en la misma zona donde fueron asesinadas las mujeres, contra delincuentes que apoyan a «Wilexys», quien es cabecilla de una megabanda que opera en Petare desde hace al menos cuatro años. Este último individuo instaló una alcabala en la zona 8 para evitar el despliegue de sus rivales, según denunciaron los propios vecinos.

El mes pasado murieron a bala, también en ese sector, Antony Moisés Galindo Ledezma, de oficio mototaxista, y Henry Correa, jugador de fútbol. Los dos hombres murieron en horas diferentes al quedar atrapados en tiroteos de los mencionados grupos delictivos.

La madrugada del sábado 12 de septiembre le dieron tres tiros al oficial agregado Leyder Duarte, de 21 años de edad, cuando llegaba a su casa en el barrio Los Unidos, parroquia Macarao 

@Yohanamarra

Leyder Yonaiker Duarte González, de 21 años, fue asesinado la madrugada del sábado 12 de septiembre por un hombre que vivía en el mismo sector, con quien tuvo un inconveniente.

Duarte era oficial agregado de la Policía Nacional Bolivariana (PNB). Sus familiares, quienes por medidas de seguridad no quisieron revelar sus nombres, contaron que el crimen ocurrió a las 2:20 am, cuando la víctima regresaba a su casa, en el barrio Los Unidos de la carretera vieja de Los Teques. Había estado en una reunión en Antímano. 

El funcionario fue interceptado por un vecino que lo había amenzado de muerte cinco meses antes. Le propinó tres disparos: uno en la cabeza, uno en el tórax y otro en el abdomen. Fue trasladado hasta el hospital Miguel Pérez Carreño, donde falleció a las 5:30 a. m. 

Los parientes añadieron que Duarte tenía un año y medio de servicio en la Dirección de Investigaciones Penales (DIP) de la PNB, destacado en el comando que está ubicado en Maripérez. Este lunes se encontraban en la medicatura forense, culminando los trámites para realizar el entierro en el cementerio de El Junquito.

Jhonny Díaz asistió a una fiesta en Filas de Mariche. Cuando amaneció, discutió con un amigo que era sobrino de un FAES. Tras salir perdiendo en una pelea con objetos cortantes, el joven fue en búsqueda de su tío. El funcionario fue al local, donde mató a Johnny de tres disparos

@Daigalaviz / Foto Carlos Ramírez

JHONNY DÍAZ, DE 30 AÑOS DE EDAD, la mañana del pasado domingo, aproximadamente a las 7:30 am, se encontraba en una fiesta en el sector El Pinche, en Filas de Mariche, municipio Sucre. El licor hizo efecto y empezó a discutir con un amigo. Primero fue de palabra, pero luego quebraron botellas y comenzaron a herirse.

Los familiares de Jhonny, quienes pidieron omitir sus nombres, cuentan que el hombre “ganó la pelea”. “Él fue quien dejó más herido a su amigo“, dice uno de ellos. Luego el amigo se fue a su casa. Ambos residen a una distancia similar del local donde había ocurrido la riña.

El amigo no regresó, pero fue en búsqueda de un tío, a quien los familiares describen como un funcionario de las FAES. Al recibir la queja de su sobrino, el hombre fue hasta el local de la fiesta, tomó a Jhonny por el cuello y le disparó tres veces en la cara.

La víctima fue trasladada por sus conocidos al hospital Domingo Luciani, pero llegó sin signos vitales.

La familia de Jhonny denuncia que el funcionario llamó a una comisión de las FAES que se presentó en el lugar, colectó los casquillos de las balas y limpió la escena del homicidio. Detallan que unos vecinos informaron del hecho al Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc), pero cuando estos acudieron ya no había qué levantar. Además, presuntamente, los vecinos no quisieron declarar sobre lo que sucedió.

Jhonny se ganaba la vida como mecánico de motocicletas. Actualmente no trabajaba en un taller como empleado fijo, pero atendía vehículos afuera de su vivienda. Deja cuatro hijos menores de edad y era el menor de un matrimonio de cuatro. Uno de sus hermanos mayores también fue asesinado por funcionarios de la FAES.

¿Es toda esta destrucción un error de cálculo o es el producto de un plan siniestro?

Lo primero que debemos constatar es el grado de destrucción que ha padecido el país. Y si los esfuerzos del régimen han estado regidos por algún plan. Ambas proposiciones son lamentablemente ciertas. El país está cayendo en un abismo de imposibilidades crecientes que son el producto de una ideología cuyas consecuencias son la entrega de los recursos del país al castro-comunismo y sus aliados, la corrupción y la delincuencia internacional. Esta ideología, el socialismo del siglo XXI, no ha improvisado. El guión totalitario fue provisto por el Foro de Sao Paulo y la trama de ruina y descomposición ha tenido como libretos tres planes de desarrollo económico y social, el último de los cuales es el llamado Plan de la Patria. La concentración del poder en una cúpula cívico-militar, la profundización de la economía socialista y comunal, el fortalecimiento de las alianzas con Cuba y sus satélites ideológicos, y la planificación central como principio y fin de todas las decisiones están perfectamente delineadas en documentos que son públicos. El que haya habido un plan fortalece la hipótesis de que hay responsabilidad y, por lo tanto, ellos deben asumir las consecuencias de todo esto que han provocado.

¿Pero ellos planificaron la destrucción o quisieron instaurar un comunismo fundado en el petroestado?

El objetivo subyacente fue más importante que las declaraciones de principios. Nunca se propusieron ninguna otra cosa que apropiarse del poder, eliminar la alternatividad, abandonar cualquier principio de control institucional, evitar cualquier oposición con vocación de poder, y practicar esa nefasta conscupiscencia de aquel que tiene todo el poder sin tener que rendir cuentas. En eso consisten los comunismos. Y por eso mismo han fracasado en el objetivo de mantener la legitimidad de sus acciones. Todas las experiencias comunistas terminan practicando una tiranía brutal, porque más temprano que tarde se quedan sin ninguna otra cosa que la fuerza pura y dura, el uso indiscriminado e impune de la violencia. De tal manera que pretender instaurar un comunismo siempre termina siendo la planificación de la destrucción del país. Porque en algún momento se descubre la verdadera componenda, que la felicidad que ofrecen la corren constantemente para un después que nunca llega, que no practican la solidaridad, que la fraternidad es solo entre ellos, la camarilla que gobierna, que la igualdad es un chantaje indignante, que la máxima felicidad posible solo puede ocurrir si ellos se van.

¿Pero, es que ellos no quieren o no pueden realizar lo que predican?

Ni quieren ni pueden. En el plano esencialmente económico, el socialismo quiere asumir el control total del Estado sobre todas las actividades económicas. Y eso es operativamente imposible. Aquí tenemos una burocracia de 2.7 millones de empleados públicos y sin embargo no hay servicios de calidad, ni hay calidad de servicio. Von Mises dice que “la comunidad socialista” o sea ellos, los que están el en poder, carecen del instrumento intelectual para elaborar planes y programas económicos: el cálculo económico. Esa pertinaz arrogancia que se expresa en funcionarios multipropósito, gestores de cientos de empresas disímiles, que juegan en canchas diferentes a las del sistema de mercado, lo único que provoca es un completo caos. El caos se vive como lo estamos sufriendo los venezolanos: incertidumbre absoluta, turbulencia inflacionaria, escasez recurrente, y mucho miedo porque no hay futuro predecible. No es solo que planifican sin criterio económico, también es que la experticia nunca podrá ser sustituida por esa categoría gaseosa que llaman “lealtad revolucionaria”. Ya sabemos que, a la hora de una crisis del sistema eléctrico, o del suministro de agua potable, o manejar una inundación, o una epidemia, el “leal revolucionario” tiene valor cero. El diletante enfebrecido por el fervor revolucionario es capaz de destruir todo el país, tanto como es inhábil de resolver un simple problema de aceras y brocales. El odio por el talento es tan grande que además de asfixiar lentamente a las universidades autónomas, han montado en paralelo unas parodias lejanas del saber, en las que titulan a la ignorancia, solo porque ellos están interesados en generar tal nivel de confusión que al final nadie sepa quién es quién, y para qué sirven esos títulos expedidos con tanta rimbombancia. Hay en el fondo un inmenso desprecio por la gente, y un fraude sistemático a la confianza de todos esos jóvenes que han creído en ese mensaje más propio del realismo mágico que de una sociedad moderna, o sea que un aplauso, una marcha, una consigna a favor del régimen, sustituye el saber, el examen, el mérito intelectual. Sus propias carencias, las de los jerarcas, quieren esconderla detrás de toda esa turbadora ingenuidad.  A la corta, el mercado se encarga de marginarlos, y entonces se dan cuenta que han sido víctimas de una gran estafa.

Sin embargo, el régimen se ufana de sus resultados. ¿Tienen algún resultado rescatable?

Resulta patético siquiera pensar que haya algo que pueda ser rescatado de lo que ya es una inmensa frustración. El régimen siempre despreció las cualidades de los venezolanos. Por eso su modelo de destrucción partió de que debía aislar el ánimo emprendedor nacional. Desde el principio declaró que el empresario era enemigo. Y así lo ha tratado. Al régimen le molesta la competencia y la exhibición de que hay una alternativa mejor a la que ellos ofrecen. Y porque resultaba más ganancioso el favorecer las contrataciones internacionales. Las empresas venezolanas quedaron al margen, salvo aquellas que sinuosamente se han convertido en incondicionales, y se han prestado para lavarles la cara y hacer pingues ganancias mediante negocios no competitivos. Pero hay algo más. La renta petrolera les hizo creer que era posible el control total mediante la exclusión de cualquier competencia interna. Por eso lo que ellos no sabían hacer quisieron contratarlo con empresas y gobiernos foráneos, que de inmediato le vieron la utilidad a negociar con un régimen cuyo único propósito era decir que hacía, pero sin tener verdadero interés en los resultados. Corrupción y propaganda mezcladas. La realidad de ellos fue acotada a la ganancia indebida, mientras se lavaban la conciencia creyéndose las mentiras de sus propias propagandas. El desastre eléctrico es una muestra. Las obras inconclusas de Odebrecht son monumentos pavorosos de una gigantesca expoliación de los recursos del país. Pero la verdad es que toda la gestión padece del mismo mal, porque el poder absoluto corrompe absolutamente, sin dejar indemne a ningún componente del sistema. Esto es ineficiencia al máximo. Vivimos entre crisis de apagones tanto como resulta preocupante que sea tan difícil sacar una cédula u obtener un pasaporte. En todos los casos es la misma contraparte siniestra la que nos hace la existencia intolerable: el socialismo del siglo XXI, que nos odia libres, que busca afanosamente que nos arrodillemos frente a ellos, que les rindamos pleitesía.

El discurso oficial está cargado emocionalmente. ¿Se puede hacer del odio un sistema de opresión y servidumbre?

Tanta destrucción no puede ser el fruto de la impasibilidad. Hay sentimientos declarados de venganza, hubo incapacidad de satisfacerla por muchos años, y al final se ha transformado en odio y resentimiento, pasiones que no tienen nada de sublimes, ni con ellas se puede construir nada. El discurso oficial del régimen es de odio, división y venganza. Todos los que no son ellos son sus enemigos. Recordemos que la consigna originaria aludía a que todo era posible dentro de la revolución, pero que nada era aceptable fuera de ella. En eso consisten los totalitarismos. No hay amor en desafectar la dignidad humana, en presentar al adversario como enemigo mortal que no merece respeto alguno. Y en usar la ventaja de la fuerza para aplastar a la disidencia. El ambiente psicológico que es común a los que están en la cúpula es tóxico y crecientemente totalitario. Ellos quieren reducir el país a la servidumbre. Para eso se sirven del desmadre económico, del hambre, la enfermedad y el colapso de los servicios, y también de una contraparte política e intelectual domesticada, colaboracionista y procrastinadora de cualquier solución de cambio. Ellos son parte del régimen, pero les ha tocado desempeñar el rol más vil del libreto. Mientras tanto, la gente buena se muere o se va. Y los que quedan, debilitados en su esperanza, pero no vencidos, tienen que seguir luchando contra sus propias dudas. Muchos piensan que es más fácil huir que afrontar esta tragedia. El régimen tiene una gran capacidad para la mutación. Ahora viven la época de las post-misiones, porque no tienen cómo lubricar el populismo que hasta hace poco practicaron; actualmente todo se reduce a someter a los ciudadanos a la ración del carnet de la patria. Este artilugio no es otra cosa que el pase de entrada a un campo psíquico de concentración y exterminio. Semejante a lo que canta el Dante ante la puerta del infierno: «Por mí se va a la ciudad doliente, por mí se ingresa en el dolor eterno, por mí se va con la perdida gente. ¡Perded toda esperanza los que entráis!”. De eso se trata. De someternos al desaliento, de aplastar nuestra libertad, y de que comencemos a depender de las migajas que va repartiendo el régimen, no porque esté interesado en nuestra sobrevivencia, sino porque ese es el método para someternos.  Por eso es que no hay alternativa a la resistencia y al desafío que se niega a claudicar. Y en ese sentido se están dando batallas esplendorosas, porque no logran que la gente vaya voluntariamente a inscribirse, así como tampoco lograron que fueran a votar el pasado 20 de mayo. Los ciudadanos estamos en resistencia frente al odio aniquilante.

Ellos nos odian a nosotros, los ciudadanos que queremos ser libres, y nosotros odiamos el sistema que nos quiere reducir a la indignidad. No es el mismo odio. Uno está asociado a la barbarie, el nuestro vinculado a la esperanza porque se restaure la justicia y se permita la libertad. Porque al comunismo le conviene dos actitudes erróneas: que lo confundan con algún tipo de democracia imperfecta, pero redimible, y que no sea vista como repugnante, y por lo tanto pueda transarse con él algún tipo de acuerdo. Por eso es por lo que yerran los que insisten en elecciones o negociaciones. No hay forma de lograrlo.  Aristóteles plantea que dos son las causas que derriban a las tiranías: el odio y el desprecio. Al final, dice el filósofo, todo lo que dicen haber conseguido lo pierden porque se hacen muy despreciables a los ojos de los ciudadanos. Ciudadanos que no creen, que no aceptan, que no convalidan, y que no bajan la guardia, están enviando una señal muy clara de un sentimiento de desapego, de divorcio que termina siendo irreversible. Para salir del comunismo hay que odiarlo tanto como hay que amar la libertad.

@VJMC

Los pacientes de uno de los centros de salud más concurridos de Caracas, el hospital Domingo Luciani, fueron testigos de un homicidio cometido en plena sala de atención de emergencias, durante la madrugada de este martes 24 de julio.

De acuerdo a la versión suministrada a través del parte policial, en horas de la madrugada ingresaron con vida a un joven de aproximadamente 25 años, que fue identificado bajo el apodo de «El Ney». La víctima presentaba varias heridas por armas de fuego generadas durante una presunta balacera entre bandas, registrada en uno de los barrios de Petare, estado Miranda.

Debido a que se trataba de un hecho delictivo, el funcionario policial que estaba de guardia en el centro de salud procedió a esposar al herido, y luego, mientras el joven era atendido por los médicos de guardia, fue a realizar chequear al herido en el Sistema Integrado de Información Policial (Siipol), con el fin de verificar si el herido se encontraba solicitado por algún delito.

Mientras realizaba estas labores, de obligatorio cumplimiento por parte de los funcionarios policiales que hacen guardia en los centros de salud, un hombre encapuchado y armado logró burlar la seguridad del hospital e ingresó a la sala de trauma shock, donde se encontraba «El Ney».

Al verlo le disparó en tres ocasiones, hasta ocasionarle la muerte. La víctima, que se encontraba sobre una camilla, terminó tirada en el piso mientras el resto de los presentes, médicos, enfermeras y pacientes, corrían para salvar su vida del tiroteo.

«Lo remataron», fue la frase que escuchó una enfermera, que prefirió mantener su identidad en el anonimato, quien se encontraba de guardia para el momento del hecho. Asegura que ninguno de los trabajadores del centro de salud logró ver salir al pistolero, por lo que las autoridades presumen que aprovechó la confusión para escabullirse entre pacientes, familiares médicos y enfermeras que corrían.

La misma fuente policial también informó que «El Ney» estaba solicitado por robo y homicidio. Además, era buscado por amenazar a varios funcionarios de PoliMiranda luego que su hermano muriera durante un procedimiento ejecutado en la urbanización Valles del Verde de Guatire.

Hasta el momento las autoridades no tienen indicios de la identidad del homicida, ni de las causas reales que ocasionaron el crimen, aun cuando la versión que cobra más fuerza es la de la venganza.

Lo que si manejan con certeza los trabajadores del Domingo Luciani es que los niveles de inseguridad que se registran en el hospital son altos. Denuncian que es común ver cómo en muchas oportunidades personas armadas ingresan a las salas de emergencia, trasladando a heridos por armas de fuego, «y no hay una autoridad que frene esta situación».

Entre las denuncias realizadas también se encuentran los robos que son cometidos en las instalaciones y que a pesar que el centro hospitalario cuenta con un importante sistema de video vigilancia, actualmente ninguna de las cámaras de seguridad funciona.

Además aseguran que el resguardo del hospital está en manos de milicianos, un grupo colectivo y de varios funcionarios policiales de guardia en el centro de salud, sin embargo la vigilancia no es suficiente, bien porque las personas no están preparadas para el cargo o porque no son las suficientes para atender el centro hospitalario.

@joancamargo_

LAS MUERTES DE ALEXIS ENRIQUE RODRÍGUEZ POLO, de 23 años, y de Álvaro José Vega Parra, de 18 años, ocurrieron en paralelo y en manos de la misma institución policial: el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc). Pero eso no es lo único que sus casos tienen en común. Ambos también fueron, de acuerdo con los testimonios de familiares y allegados, víctimas de presuntas ejecuciones extrajudiciales cometidas por venganzas personales de funcionarios activos y retirados.

A las 4:00 pm del lunes 16 de julio de 2018, una decena de uniformados llegó a una vivienda de tres plantas del sector El Ciprés de Las Adjuntas, en el municipio Libertador del Distrito Capital. Allí residía Rodríguez Polo, un joven que durante cinco años y cuatro había estado en la cárcel por posesión de droga. Tenía cinco meses de haber salido en libertad plena.

Pero en ese período fuera de las rejas, Rodríguez Polo tuvo una discusión que le costó un balazo en el pie derecho. Según sus parientes, quien lo hirió fue un ex funcionario del Cicpc que es conocido por el apodo de «Pan con huevo». El altercado se produjo porque el otrora policía habría matado a un amigo de Rodríguez Polo y este le reclamó. La respuesta fue un disparo.

Rodríguez Polo, que estaba desempleado desde que había salido de la cárcel, se refugió en la vivienda de una tía en Las Adjuntas, que durante la tarde del lunes pasado fue rodeada por funcionarios que vestían de negro. Entre estos estaba «Pan con huevo». Pese a que ya no pertenecía al cuerpo de seguridad, había entrado con ropa oscura y una capucha. Suponen que lo que buscaba era deshacerse de la víctima antes de que este quisiera cobrar venganza por el tiro que le había dado hace un mes.

De acuerdo con el relato de los familiares, los uniformados desalojaron a todos los habitantes de la casa, incluyendo a un tío de Rodríguez Polo que estaba en el tercer nivel. «Le dijeron que si no se salía, iba a terminar como Alexis», contó un allegado en la morgue de Bello Monte.

La víctima se quedó sola en la casa con los policías. Lo llevaron hasta la sala, donde varias veces explicó que no estaba haciendo nada malo y que todavía se recuperaba de la herida. En ese momento, el supuesto victimario se quitó la capucha. «Tía, es ‘Pan con huevo’. Me va a matar», gritó Rodríguez Polo desde el interior de la casa. Poco después se escucharon varios disparos. El joven cayó con dos impactos en el pecho.

Familiares del muchacho aseguraron que él no estaba armado y que los Cicpc simularon un enfrentamiento al disparar hacia las paredes de la casa. «A él, después de muerto, le hicieron empuñar un arma con la mano derecha, a pesar de que no tenía dedo pulgar y de que tampoco podía mover el dedo del medio», comentó un pariente. El cuerpo, ya sin vida, fue trasladado por los policías hasta el Hospital Dr. Miguel Pérez Carreño.

Mientras esto sucedía en Las Adjuntas, otra comisión del Cicpc ingresaba a la fuerza en la casa de Álvaro José Vegas Parra, en la Primera Etapa de las Residencias Cacique Tiuna, ubicada en las adyacencias del Poliedro de Caracas, al oeste de la capital venezolana. La puerta la forzaron con una ‘pata de cabra’ (barra metálica). Cuando los habitantes lo advirtieron, ya los policías estaban adentro. A casi todos los sacaron de la vivienda.

A Vegas Parra lo acorralaron en su habitación. Allí estaba junto a su hermana, que es una joven con síndrome de Down, y un sobrino de 1 año. «Ella se aferró a Álvaro y, como no lo quería soltar, los policías comenzaron a apuñalarlo con un cuchillo que ellos mismos habían llevado», contó un familiar. A la muchacha, al final, la sacaron del cuarto al tomarla por el cabello. Tras esto, y a pesar de que ya estaba muerto, le dispararon al joven en el pecho. El bebé aún estaba adentro.

En este caso, los funcionarios también simularon un enfrentamiento. Dispararon a las paredes de la casa y tumbaron algunas a mandarriazos. «Los vecinos escuchaban unos martillazos y eran ellos que nos estaban destruyendo todo. Se llevaron teléfonos y cargadores», denunció un familiar, quien acotó que el cuerpo del muchacho fue llevado por los mismos policías hasta el Hospital Periférico de Coche y arribó con apenas una franelilla y boxers. «Él tenía unos zapatos nuevos y un bluejeans, pero todo eso se lo quitaron», afirmó.

Los parientes relacionan el hecho con un altercado que Vegas Parra había tenido con el sobrino de un Cicpc cerca de su casa en Carnaval. «Pelearon por una tángana. Se estaban lanzando spray y terminaron agarrándose a golpes. Álvaro, para defenderse, le rajó la cara con una chapa», relató un allegado.

La lesión le valió a Vegas Parra su detención y reclusión durante 45 días en los calabozos de la sede del Cicpc de Coche. Un día, cuando su madre fue a visitarlo, vio que allí estaba el joven que Álvaro había herido. «Él le dijo que mejor sacara a su hijo del país porque sino lo iba a matar. Y así pasó», dijo un familiar.

La víctima era estudiante de parasistema y cursaba 4to año de bachillerato, al tiempo que trabajaba en la Misión Chamba Juvenil.

Otro homicidio en Catia

Los parientes de Keiver Luis Ruiz arribaron la mañana de este miércoles, 18 de julio, a la morgue de Bello Monte para buscar su cadáver. Un día antes les habían avisado que su cuerpo estaba allí y que había sido llevado sin identificación luego de un enfrentamiento con el Cicpc en la avenida Sucre de Catia, al oeste de Caracas.

El homicidio de Ruiz sucedió una semana antes, el miércoles 11 de julio. Murió en un supuesto tiroteo con los funcionarios policiales. Sin embargo, los parientes aseguran que él no tenía antecedentes penales, sino que trabajaba como vendedor ambulante de café en el Hospital Militar.

La última vez que los familiares supieron de Ruiz fue la tarde del martes 10 de julio, cuando habló con su abuela. «Él andaba con una novia y por eso no lo habíamos buscado antes», comentó un allegado.

Cifras recolectadas por Monitor de Víctimas señalan que durante los primeros 6 meses de 2018, 306 personas han muerto en el Área Metropolitana de Caracas en manos de los cuerpos policiales. De estas, 114 (que representan 37 % del total) cayeron en operativos del Cicpc. Al menos 66 ejecuciones extrajudiciales han sido cometidas por funcionarios de esta institución en el primer semestre del año.

@loremelendez

El Hatillo, el municipio que en los últimos años ha sido considerado como el menos violento de la Gran Caracas, entre los meses de junio y julio de 2018 una cuenta de cinco asesinatos tiene a los vecinos de la zona consternados: sicariato, venganza y un enfrentamiento de bandas han sido los móviles de los casos.

La data de Monitor de Víctimas indica que, de mayo de 2017 a 2018 se registraron 16 homicidios en el municipio mirandino. De esa cantidad 11 han sido en lo que va de 2018, más los cinco ocurridos entre junio y julio. Con estos se triplican las muertes violentas que se reportaron en el último semestre de 2017.

Francisco Maciano Sorsez, de 68 años, fue asesinado en el baño de su vivienda por venganza, presuntamente por “sapo” —como afirmaba un escrito en una pared— pues había denunciado a un vigilante de su urbanización, de 19 años, que ingresó a su vivienda y robó un par de herramientas.

El hecho se registró en la urbanización La Unión, calle Bracamonte, del municipio El Hatillo el 26 de junio. En la ducha de su baño quedó su cadáver tirado, atado de pies y manos, y con varias puñaladas en el tórax. El vigilante no actuó solo, sino con un cómplice, también de 19 años. Ambos fueron detenidos por las autoridades.

Diez días después, exactamente el 7 de julio, dos hombres cayeron en una línea de fuego. Fueron identificados como Edward Alexander Montiel Laza y Cristian Eduardo Ruiz León, de 31 años de edad. Murieron en una balacera entre bandas rivales en Turgua, en la zona rural.

Familiares de Ruiz León informaron, desde la morgue de Bello Monte, que este se encontraba en su casa y salió a las 8 de la noche a comprar comida, cuando presuntamente quedó atrapado en medio de la línea de fuego. Sin embargo, funcionarios de la Policía de El Hatillo indicaron que ambos tenían registros policiales y uno de ellos estaba prófugo de la justicia: Edward Montiel se fugó de los calabozos de Polihatillo en marzo de 2017, donde estaba detenido por su presunta vinculación con un robo agravado y por porte ilícito de armas.

Esta semana, en los últimos dos días se han reportado dos homicidios más para formar una lista de cinco: Gabriel Andrés de Mendonça de Sá, de 33 años,  fue localizado la mañana del 9 de julio con varios disparos en el cuerpo, maniatado y sin zapatos en el sector El Encantado.

El ingeniero en informática había desaparecido el domingo 8 de julio cuando salió a hacer ejercicios, al parecer en ese momento fue secuestrado por un grupo de delincuentes. Funcionarios policiales dijeron que era un secuestro, sin embargo tras no establecerse comunicación entre los presuntos secuestradores y la familia el móvil fue descartado.

Fuentes policiales, apuntan a la tesis del sicariato por una deuda. Al parecer, Gabriel de Mendonça debía varios miles de dólares a una organización vinculada con la minería de criptomonedas.

En menos de 24 horas, Douglas José Liendo Ocando, un arquitecto de 58 años,  fue encontrado por su esposa, María Dolores Molina, con varias heridas provenientes de un objeto contundente. Estaba en la sala de su quinta ubicada en la urbanización Lomas del Halcón, en la calle San Pablo del municipio hatillano.

El arquitecto trabajaba de forma independiente en un negocio de bienes raíces y estaba en proceso de divorcio. Para el momento vestía de shorts, por lo que se sospecha que el crimen pudo haberse cometido el día lunes, pues Liendo no fue a buscar a una de sus hijas para llevarla al fútbol, como le tocaba.

Las cámaras de seguridad de la urbanización mostraron que dos hombres ingresaron a pie a la vivienda, cometieron el crimen y salieron; se llevaron con ellos el objeto con que dieron muerte al arquitecto. Además de matarlo, le robaron un vehículo marca Chevrolet, modelo Sport Wagon de color azul.

El crimen es investigado por el Eje de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Penales y Criminalísticas (Cicpc), sin embargo, se presume que el móvil sería la venganza, pues supuestamente conocía a sus asesinos.

Nuevamente una persona es hallada muerta en su vivienda, esta vez no fue por robo, a Francisco Marciano Sorsez, un hombre de 68 años, presuntamente lo asesinaron por venganza, «por sapo» afirmaba un escrito en la pared de su sala hecho con su misma sangre.

El crimen se registró este martes de 26 de junio en el baño de su sala, ubicada en la urbanización La Unión, calle Bracamonte del municipio El Hatillo,  estado Miranda.

Funcionarios policiales presumen que Marciano Sorsez habría sido asesinado por venganza por el mensaje que dejaron sus asesinos en la sala. Sin embargo, el móvil del robo no se descarta, pues los vecinos escucharon el ruido e impidieron que los hombres se llevaran objetos de valor del inmueble.

El cuerpo fue encontrado por su expareja la tarde de este martes, debido a que trató de ubicarlo en varias ocasiones por teléfono, pero este no respondió. La mujer se trasladó hasta la vivienda del hombre -quien actualmente residía solo- lo encontró en el baño amordazado y con múltiples heridas efectuadas con un puñal.

Marciano era un funcionario retirado y dejó a dos niñas menores de edad. Sus familiares exigen a las autoridades que se investigue el caso.

De acuerdo a cifras de Monitor de Víctimas, entre el 1 de enero y el 30 mayo se han registrado en la Gran Caracas 137 homicidios en el interior de las viviendas de las víctimas, dos de esos crímenes se desarrollaron en el municipio El Hatillo y fueron menores de edad de sexo femenino.

@DaiGalaviz